Las personas adictas serán prioridad en el gobierno de Morena
Ante el fallido combate a las drogas que hicieron los gobiernos anteriores, la administración de Andrés Manuel López Obrador renunciará perseguir a las sustancias y a los vendedores, para centrarse en la atención de las personas que son adictas a ellas.
En el Plan Nacional de Paz y Seguridad, presentado este miércoles, el gobierno entrante asegura que el Estado ya no puede prohibir el uso de estupefacientes.
“Es una situación insostenible”, se afirma en el documento.
Ante esta situación, el plan de López Obrador consiste en mantener bajo control a los que ya son adictos a cualquiera de estas sustancias y darles un seguimiento médico.
De igual manera, propone que en esta atención se les suministren dosis adecuadas de la sustancia a la que son adictos, siempre con prescripción médica, para que después pasen a una fase de desintoxicación personalizada.
Con esta estrategia, el gobierno entrante quiere dar marcha atrás a la guerra contra el narco, que inició en el sexenio de Felipe calderón y continuó en el de Enrique Peña Nieto.
El resultado de esta guerra son 250 mil personas asesinadas en todo el territorio nacional, y niveles de violencia equiparables a los que tienen los países en guerra, aun cuando en México no hay tal.
La muerte y desaparición de miles de personas por esta lucha con los grupos del crimen organizado ha sido cuestionada por organismos internacionales y grupos de la sociedad civil, quienes demandan un cambio en la estrategia ante los resultados fallidos.
Si bien López Obrador aseguró que mantendrá al Ejército y a la Marina en las calles realizando funciones de seguridad —como parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad—, el plan de combate a las drogas se replanteará en su totalidad.
“El fracaso manifiesto de políticas que han incrementado los problemas que pretendían combatir se desprende la necesidad de formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior y pública que permitan sustentar estrategias de recuperación de la paz», dice el documento.
En este sentido, el gobierno también analiza replantear los trabajos conjuntos con otras naciones, especialmente con Estados Unidos, para redefinir el uso de los recursos que se destinan a combatir el contrabando de estas sustancias, y reorientarlos a programas de atención a los adictos.
El Plan señala que Estados Unidos, donde hay 27 millones de consumidores de mariguana, cocaína, heroína y metanfetaminas—todas producidas en países de América Latina—, destina únicamente mil 850 millones de dólares anuales para atender a estas personas, y solo el 10% de los consumidores está bajo tratamiento de desintoxicación.
En cambio, envía cuatro mil 700 millones de dólares en ayuda militar a Afganistán y tres mil 100 millones de pesos más a Israel.
Ante este panorama, es necesario modificar las prioridades y atender a quienes lo necesitan, de esta manera la demanda de estupefacientes irá disminuyendo y los grupos delictivos no tendrán a quién venderle estos productos.
Este plan se suma a la estrategia que presentó el equis de López Obrador al inicio de la transición de pedir a la Organización de la Naciones Unidas el cambio en los tratados antidrogas y comenzar a despenalizar algunas de las sustancias.