Si Bartlett resulta culpable tendrá muerte política de por vida

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Manuel Bartlett podría estar viendo el comienzo del final de su larga y cuestionada carrera política, con 83 años de edad, si el actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), es castigado por la Función Pública no volvería a ningún cargo público por el resto de sus días.

Las recientes denuncias por irregularidades, ocultación de información y conflictos de interés revelaron que Bartlett ocultó en su declaración patrimonial la existencia de 12 empresas, algunas incluso relacionadas con el sector eléctrico, registradas a nombre distintos familiares suyos.

Desde agosto el director de la CFE tiene una carpeta abierta en la secretaría de la Función Pública (SFP), tras otra denuncia que le acusaba de haber ocultado cientos de millones de pesos en su declaración patrimonial.

La investigación, a cargo del equipo del periodista Carlos Loret de Mola, muestra que detrás de la mayoría de las empresas están su esposa y su hijo.

Una de las compañías a nombre de Julia Abdala, JAL Consultoría especializada, prestaría servicios directamente relacionados con el cargo de su esposo: servicios de fibra oscura y ahorro de energía. Además, la empresa fue constituida en 2008, cuando Bartlett era senador y secretario de la Comisión de Energía.

¿Justicia selectiva?

La controversia en torno al comportamiento del Gobierno Federal respecto a Bartlett llama la atención debido a que en el caso de Rosario Robles, parecido en algunos puntos con el del actual director de la CFE, las leyes se han aplicado de forma distinta.

Se trata de falsear la declaración patrimonial, algo que desde Presidencia es visto como una de las faltas más graves para los funcionarios de la actual administración.

Desde las primeras denuncias contra Bartlett, López Obrador ha salido al paso defendiendo su labor: “estoy muy satisfecho con el trabajo de Bartlett, que me apoya en el propósito de limpiar de corrupción la CFE”, dijo el mes pasado tras ver la luz la investigación que apuntaba a más de 20 propiedades que el funcionario no presentó en su declaración patrimonial.

Con información de El País.