En México habrán más presos en menos cárceles

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El gobierno obradorista ha lanzado declaraciones contundentes prácticamente cada día. El tema es que son tantas que muchas de ellas empiezan a estorbar cuando se ve todo en un plano más general. Cuando López Obrador aseguró que las islas Marías ya no serían la cárcel más represiva del gobierno mexicano, prometió también que durante su sexenio se fijaría una tendencia: cerrar cárceles y abrir escuelas. Las Marías serían las primeras, ahora con la intención de hacer un gran centro cultural.

Este objetivo contrasta directamente con el nuevo catálogo de delitos que tendrán prisión preventiva en automático. El catálogo incluye feminicidio, corrupción, fraude electoral, huachicoleo, agravio sexual a menores. entre muchos otros. Varias organizaciones ya habían advertido al gobierno mexicano que la solución a los altos índices del crimen no se soluciona encarcelado de inmediato a los detenidos. Esto genera, aseguran, que cada vez más personas pobres, indígenas o acusadas, entren a prisión de inmediato.

Si unimos las dos promesas presidenciales, México sería en poco tiempo un país con altos números de personas encarceladas de inmediato. Y esto contrasta directamente con la intención obradorista de reducir el número de prisiones en el país. Lo cierto es que el tabasqueño atina al asegurar que muchas prisiones estatales y federales se han administrado con total opacidad, generando grupos criminales desde su interior en complicidad con las autoridades penitenciarias. Justo ahí pararían los nuevos detenidos.

Dentro del discurso que Obrador dio en el tema de las islas Marías, aseguró que su gobierno ya trabaja para reducir penas a miles de mexicanos que no deberían estar encerrados en prisión. “No descartamos la posibilidad de reducción de penas en general. No se trata de presos vamos a decir, peligrosos, hay ya también un trabajo que han venido haciendo para la reducción de penas”, dijo. La idea era reubicar a varios detenidos en prisiones federales y entregarlos a reclusorios en sus estados de origen.

Pero también surge la alerta de la gran cantidad de detenidos que generará el catálogo de delitos graves que acaba de aprobar Morena. Incluso la ONU declaró que esta tendencia a castigar más severamente “vulnera garantías individuales, entre ellos un juicio justo y el debido proceso”. Recordemos que si hubiera estado vigente este catálogo de delitos cuando ocurrió la tragedia en Tlahuelilpan, el gobierno estaría forzado a enviar a prisión a todas las personas que lograron obtener un poco de gasolina en el ducto perforado. Esto a pesar de que López Obrador defendió las causas que obligan a estos pobladores a participar en el saqueo.

Con la tendencia a tener menos cárceles en el país, no se puede comprender de lleno qué se hará con la cantidad de detenidos que se viene. “La prisión preventiva oficiosa puede ser una medida a la que las autoridades recurren a fin de anticipar la imposición de penas y emplear las herramientas del derecho penal para fines ilegítimos”, advirtió la ONU, recalcando que en México estas medidas de prisión automática pueden ser letales para el destino de miles de detenidos.

La caza de huachicoleros de López Obrador ha funcionado bien. Se ha logrado controlar el robo de combustible masivo que existía en México y los castigos por fin son contundentes, después de que en años pasados se liberaba al 70% de los detenidos. Lo cierto es que el nuevo catálogo de delitos graves también evitará que ladrones de casas, asesinos de mujeres y violadores de menores logren esquivar la cárcel al ser detenidos. Pero un periodista mexicano lo dejó bien claro: si acusan a una trabajadora del hogar de robar algo en una casa, comprobado o no, la ley la someterá directamente a prisión en lo que se revisa su caso.