Clara intención del gobierno de sacar de la competencia electoral a Anaya:Javier Quijano
El abogado Javier Quijano acusó al gobierno mexicano de utilizar su fuerza para impedir que Ricardo Anaya compita en las elecciones.
«Parece ser que se usan las fuerzas del Estado de forma facciosa para impedir que un candidato compita en la elección», dijo quien fuera el abogado defensor de Andrés Manuel López Obrador durante el desafuero.
Quijano afirmo que si el candidato de la coalición Por México al Frente —que integra el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano—, Ricardo Anaya, queda sujeto a proceso por presunto lavado de dinero, quedará fuera de la competencia por la Presidencia de la República.
El candidato de Acción Nacional enfrenta un escándalo desde hace nueve días cuando un grupo de empresarios y asesores financieros lo acusaron de lavar al menos 54 millones de pesos con la venta de un terreno en Querétaro.
En la acusación se señala que simularon la venta de una nave industrial a través de la empresa Juniserra, propiedad de Anaya y su familia política, a la empresa Manhattan Masterplant Development. Para lograrlo, el dinero se intentó ocultar a través de diversas transferencias alrededor del mundo para que no se pudiera rastrear.
El escándalo se extendió con los señalamientos de que Anaya y su viejo amigo de la escuela, Manuel Barreiro, hicieron el negocio con la compra de este terreno: el empresario se lo vendió en 10 millones de pesos al panista y luego de hacer algunas obras, Anaya lo revendió en 54 millones de pesos a la empresa estadounidense.
Esta semana, un grupo de denominados «los panistas rebeldes» publicaron en las redes sociales un video donde se a Anaya en la boda de Barreiro, bebiendo y festejando con sus amigos.
De acuerdo con Quijano, el caso es similar al que enfrentó López Obrador, quien antes de la campaña presidencial de 2006 fue acusado de desobedecer una orden judicial que le impedía hacer uso del terreno, El Encino, en Cuajimalpa, Ciudad de México, para construir un camino y conectar un hospital con la vialidad.
“Era evidente que no querían que apareciera en la lista…. Parece ser que se usan las fuerzas del Estado de forma facciosa para impedir que un candidato compita en la elección“, dijo Quijana en entrevista con Carmen Aristegui.
El especialista afirma que es clara la intención de las autoridades para iniciar un proceso en contra de Anaya, con la intención de sacarlo de la competencia electoral.
Del mismo modo, el PAN quiere hacer lo mismo con el candidato de la coalición Todos Por México —que integra el PRI, PVEM y Panal—, José Antonio Meade, a quien han acusado de desvío de recursos públicos.
“Esos dos partidos que se acusan, están tratando de ver quién queda como el opositor más grande, y se están haciendo pedazos entre ellos”, sostuvo.
En este enfrentamiento de candidatos y acusaciones, el abogado señaló que sería Anaya quien enfrentaría un proceso judicial, ya que José Antonio Meade está respaldado por el partido en el poder.
Ante esta situación, el jurista advierte que hay indicios de que se trata de una persecución para impedir a Anaya participar en este proceso electoral por la forma en que se ha presentado el caso.
“Hay riesgo de que si la Procuraduría General de la República actúa con la celeridad, con la que ha venido actuando, consigne el expediente a un juez, con lo cual se firmará la orden formal de aprehensión, con lo cual no podrá ser candidato”, dijo.
Actualmente, el artículo 38 de la Constitución establece que cuando una persona está sujeta a un proceso criminal por un delito cuya sanción sea la prisión, se le suspenderán sus derechos o prerrogativas ciudadanas, entre ellas el votar y ser votado.
El domingo pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que actuó conforme a la ley y que la dependencia era ajena al proceso electoral y actividades de los partidos, luego de que Anaya los acusara de persecución política.
Ese día, Ricardo Anaya había acudido a la PGR para presentar un escrito, que posteriormente sería tomado como su declaración. Se trata de una carta dirigida al encargado de despacho de la dependencia, Arturo Elías Beltrán, a quien exigía que informara si luego de varios meses de investigación se habían encontrado pruebas que lo implicaran en conductas criminales.
