Enganchados y con rumbo a la miseria; así engañan a los campesinos mexicanos
Enganchadores de jornaleros en el sureste del país reclutan a migrantes y habitantes de estados pobres para llevarlos a trabajar en campos agrícolas en otras entidades del país: la promesa es casa, comida, escuela, transporte y doctores, pero muy poco de eso se cumple.
En una serie de reportajes, el diario español El País relata parte de la situación en que se encuentra el campo mexicano. En su serie, denuncia el modo de operar de los enganchadores de jornaleros, coludidos con empresas agrícolas para conseguir mano de obra barata.
Entre los engañados se encuentra Josefina, una joven del estado de Guerrero que aceptó trabajar en los campos luego de que don Pedro —su enganchador— le prometiera a ella y otros guerrerenses las prestaciones y un pago de 250 pesos diarios por su jornada.
A cambio, tendrían que trasladarse en un transporte proporcionado por don Pedro y su socio. Tras un trayecto de casi 12 horas, fueron llevados junto con sus familias a San Gabriel, Jalisco, para trabajar en uno de los campos de la empresa Bioparques de Occidente.
Josefina relató a El País que una vez que llegaron a San Gabriel, los empleados de Bioparques vaciaron sus mochilas y revisaron sus pertenencias minuciosamente. Después los separaron por familias y tuvieron que dormir en tarimas.
En la primera semana de trabajo, Josefina y sus compañeros de comunidad se dieron cuenta que la paga no serían los 250 pesos al día prometidos por su enganchador, sino sólo 150 pesos.
“Nos trataron como si fuéramos rateros”, contó.
Pese a que la Ley del Trabajo en México obliga a los empleadores a proporcionar el transporte de forma gratuita, don Pedro les retuvo 100 pesos diarios durante ocho semanas para que pagaran por su traslado y el de sus familias.
Jornaleros son trasladados a los campos de cultivo Foto: AFP/Getty Images
La empresa Bioparques de Occidente —constituida en el estado de Sinaloa—, presume ser socialmente responsable, pero tiene un historial de violaciones laborales en contra de sus trabajadores, el más conocido ocurrió en junio de 2013.
En aquella ocasión, 275 trabajadores agrícolas que se encontraban en situación de semiesclavitud fueron rescatados por las autoridades luego de que tres jornaleros lograran escapar y denunciar los abusos.
Tras la intervención de las autoridades en el campo dedicado al cultivo de tomates de invernadero, se encontró que los jornaleros trabajaban hasta 12 horas al día para obtener un sueldo de alrededor de 100 pesos, mientras que algunos llevaban tres meses sin cobrar.
Las familias de los trabajadores, provenientes de cuatro estados del país, vivían hacinados en grupos de 10 personas en cuartos de ocho metros cuadrados. Algunos de los hijos de los jornaleros ya padecían desnutrición.
Los que intentaban escapar eran golpeados por los capataces, quienes no les permitían salir a los trabajadores pese a que su contrato había finalizado.
Luego de que el caso saliera a la luz, las autoridades de la Secretaría del Trabajo en Jalisco anunciaron una multa ejemplar de 8.5 millones de pesos, impuesta dos días después de realizar una inspección al campo de Bioparques de Occidente.
Sin embargo, la multa nunca se pagó, pues el apoderado legal de la empresa alegó que la sanción había sido ilegal y se violaron los derechos humanos de su defendido ya que se realizaron interrogatorios a los empleados de Bioparques sin la presencia de un abogado.
El caso puso a debate las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas y causó molestia en la opinión pública porque la empresa había sido calificada como socialmente responsable y recibido subsidios gubernamentales por 10.5 millones de pesos para proveer desayunos a los hijos de los jornaleros migrantes y para construir albergues.
La empresa Bioparques de Occidente apenas ha sido inspeccionada cuatro veces en 17 años, y pese a que se documentaron irregularidades no hubo sanción, sólo hasta que se conoció la explotación en 2013.
Sin embargo, esta empresa de Jalisco no es la única con irregularidades y acusaciones por explotación de sus trabajadores. En la investigación periodística también se denunciaron las la faltas de apoyo como seguro médico y prestaciones de ley, así como las malas condiciones físicas en las que viven las mujeres que trabajan para las empresas en San Quintín Baja California, una zona que ha cobrado relevancia en los últimos años por las denuncias públicas de explotación que sufren los trabajadores en los campos de esa región.
Pertenencias de los jornaleros rescatados en 2013 Foto: Héctor Guerrero
La integrante de la Red de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas, Margarita Nemecio, aseguró que estas condiciones son mantenidas en parte por la colusión entre autoridades y empresas, pero también por el desinterés general que hay hacia los trabajadores del campo.
“Si mueren en un accidente o por un golpe de calor, no pasa nada. Al final ellos son marginados, son olvidados. Es una población a la que a las autoridades no les conviene hacerles justicia porque en el momento a que se les respeten sus derechos, la situación cambiaría”, contó a El País.
Pese a que Bioparques de Occidente mantiene un negocio próspero en San Gabriel, Jalisco, la empresa no es bien vista por los habitantes, pues al pagar malos sueldos a sus trabajadores, esto no se traduce en una derrama económica mayor para la zona.
Los malos salarios y la explotación se traducen en afectaciones futuras para estos jornaleros, quienes confían en sus patrones y al final de su vida no pueden recibir una pensión porque las empresas no pagaron las prestaciones sociales correspondientes y al final de su vida tienen que vivir de lo que pueden para subsistir en la vejez.
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