Denunciar a un funcionario corrupto en Hidalgo es «justicia por propia mano»: jueza
Leonardo García es un ciudadano hidalguense que compró una casa mal construida. Cuando quiso hablar con el dueño de la constructora y el subsecretario de obra que cedió las licencias para la construcción se dio cuenta de que eran la misma persona. Se trataba entonces de un grave caso de tráfico de influencias en el gobierno de Hidalgo. Denunció ante los medios esta ilegalidad y ahora enfrenta un proceso en su contra.
Según la jueza que lleva el caso, Leonardo “tomó justicia por propia mano” al denunciar el acto ante los medios. Esto, según la constructora, dañó la imagen de la empresa ante sus clientes actuales y futuros clientes. Leonardo fue rápidamente detenido sin que se le mostrara una orden de aprehensión.
Según la jueza Sissi Annette Rodríguez Fernández, el ciudadano debió primero de haber denunciado a la constructora y luego, y solo así, pudo haber expuesto el caso de tráfico de influencias ante los medios hidalguenses. Entre la denuncia y la acusación, Leonardo García dio toda la información necesaria al medio Animal Político (Premio Nacional de Periodismo 2017), lo que derivó en la investigación Subsecretario de Obras en Hidalgo contrata y da permisos a sus propias constructoras.
La Juez Sissi Anette Rodríguez vinculó a proceso a ciudadano porque "debió haber agotado todas las instancias legales antes de acudir a medios de comunicación para externar una queja".https://t.co/qO1lAIxYu4
— Radio y TV Mexicanas (@cirt_) January 17, 2018
“Nos encontramos ante un delito que se consumó de manera instantánea desde el momento en que se transmitió la información al reportero del diario El Independiente”, señaló la jueza Sissi Rodríguez, por lo que Leonardo García se encuentra vinculado a proceso, derivado de una demanda que interpuso la constructora Sylma, propiedad del exsubsecretario de Obra de Hidalgo, Marco Antonio Rico Moreno.
La demanda de la constructora acusa a Leonardo de difamación, por lo que, según la ley hidalguense, el ciudadano podría pasar de tres meses a dos años en prisión. Antonio Rico Moreno tiene al menos cinco constructoras a su nombre y algunas más a nombre de su hermana. Todas ellas recibieron cerca de 273 licencias para construcción en Hidalgo. ¿Quién las cedió? El propio Antonio Rico, abusando de su cargo.
En su defensa, Leonardo García declara que solamente quiere que se le entregue su casa en buenas condiciones. “Yo me sentí defraudado, yo vengo de la Ciudad de México, vengo a descansar en un estado tranquilo como lo vine a especular, es el estado de Hidalgo, pero desafortunadamente a los seis meses de haber habitado la vivienda se me echaron a perder mis muebles, al solicitar apoyo a la constructora Sylma, me dicen, sabes qué, tú me firmaste una carta de recibido y todo lo que le pase a tu casa ya no es mi responsabilidad”, dijo, durante la primera audiencia del caso.
Jueza de #Hidalgo argumentó que ciudadanos no pueden utilizar a los medios de comunicación para hacer justicia por mano propia, luego de la vinculación a proceso a Leonardo García Vázquez tras acusaciones de difamación en su contra #EnPunto Mira la nota https://t.co/W7OkKL6Nc5 pic.twitter.com/kenEPxJXgD
— Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) January 19, 2018
Pero la jueza no está enfocada en la calidad de las obras de la constructora Sylma, tampoco en el grave caso de tráfico de influencias. Lo que la jueza Sissi Rodríguez pretende es castigar esa presunta difamación a la constructora. “No pueden las personas pretender hacerse justicia de propia mano utilizando de manera indebida a los medios de comunicación”, dijo.
Por el momento, Leonardo García no se encuentra detenido. Pero al estar vinculado a proceso tiene que ir a firmar cada 15 días y no tiene permitido salir de los estados de Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México. Es decir, está siendo acusado por revelar una trama de corrupción, y podría pasar hasta dos años en prisión por lograrlo.
Respetuosamente Sr. Gob. @omarfayad y H. @CongresoHidalgo, ustedes como poderes de contrapeso en el estado, mínimo un extrañamiento a la juez Sissi Anette Rodríguez por este caso, su criterio coarta la libertad de expresión, que hasta puede tener controversia constitucional.
— The Lone Twi-tterer (@TwiTroSolitario) January 19, 2018