Las consultas no cumplen con la ley, pero ¿en realidad son ilegales?

Han sido incontables las veces en que legisladores de diversos partidos y miembros de la sociedad han apuntado a la supuesta ilegalidad de las consultas. Sin embargo, poco se sabe a qué exactamente se refieren cuando hablamos de ilegalidad. A continuación, les explicamos en que debe consistir una consulta llevada a cabo según lo indica la Ley Federal de Consulta Popular.

Consultas, ni cerca de cumplir los requisitos de Ley.

De acuerdo con el artículo 64 de dicha ley, es necesario que cuando menos el 40% de los electores voten en ella. De no cumplir con este requisito, la consulta no podrá ser vinculatoria para los poderes de la Unión. A esto se suma que se deberá ejecutar en un lapso cuando mucho de tres años posteriores a la votación. Aquí el texto íntegro del artículo.

Artículo 64.- Cuando el informe del Instituto indique que la participación total en la consulta popular corresponda, al menos al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, y lo hará del conocimiento de la Suprema Corte, la cual notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención.

Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio tendrá efectos durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez.

Es evidente que la consulta que se llevó a cabo el pasado fin de semana, y aquella llevada a cabo hace poco más de un mes en la que se decidió el futuro del NAIM en Texcoco, no cumplen con lo indicado en el artículo 64 de la Ley Federal de Consulta Popular. Ambas consultas superaron en el caso de la del NAIM apenas el millón y en la más reciente, ni se llegó al millón, es decir, entre 1% y 3% del padrón.

¿Menos de un millón de votos bastan para validar una Consulta Popular?

Según el artículo 64 de la Ley Federal de Consulta Popular no

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— Karla Rivera (@KarlaRiveraMX) November 26, 2018

Sin formalidad de origen, sin obligatoriedad real.

Sin embargo, hay que entender una cuestión sumamente importante, no es un gobierno en funciones. Así es, prácticamente la consulta únicamente es un termómetro político que utiliza el próximo ejecutivo para decidir si el, en su potestad de presidente, hace o deshace. Es decir, la consulta en sí no tiene ningún efecto legal, sino es un medidor que están usando por el próximo gobierno sobre qué harán y qué no. Pero las acciones en términos concretos, sólo la estará llevando a cabo el ejecutivo, completamente solo.

Ahora bien, el próximo ejecutivo ha prometido que las próximas consultas se llevarán a cabo de la forma indicada. Claro, previamente esperan realizar una reforma a la Ley Federal de Consulta Ciudadana, presumiblemente para reducir el porcentaje necesario para que sea vinculatoria. Se especula que el INE será quién lleve a cabo las próximas consultas. 

Próximo gobierno plantea formalizar consultas.

Durante la próxima consulta, tentativamente a llevarse a cabo en marzo, buscará decidir sobre el futuro de tres propuestas de relevancia nacional. En un primer plano, si se crea o no la Policía Militarizada denominada «Guardia Nacional« que ha sido severamente castigada por la crítica pues aseguran, es un paso en falso hacia la militarización. En un segundo punto, se pondrá a consulta si se juzga o no a los expresidentes por los delitos que se les pudiera encontrar. Finalmente, se cuestionará a la gente si se debe o no, conformar un Consejo Asesor conformado por empresarios para, valga la redundancia, asesorar al presidente en materia económica.

Discutir la legalidad o no sobre las consultas no tiene mucho sentido pues de origen, estas no fueron hechas en un contexto formal ni en un contexto de poder público. Fueron una simple medida para legitimar su actuar individual y que por potestad le correspondería a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, a simple vista, podría parecer minar las instituciones democráticas, y eso, eso sí puede ser sumamente peligroso en el futuro. Afortunadamente, el próximo gobierno parece tener intenciones de formalizar sus consultas, la ciudadanía espera que así sea.