En México no aplica la rendición de cuentas a exgobernadores

Parece una tendencia el salir de un periodo de gobierno y dejar las arcas vacías, con problemas en cuentas presupuestales y sin rendir cuentas sobre lo qué pasó durante sus cargos. Esta práctica es ya una costumbre entre gobernadores de todo México, desde los Duarte hasta Eruviel, pasando por Graco hasta Fausto Vallejo, la idea de desfalcar a un estado del país y seguir avanzando políticamente como si nada se logra gracias a la nula rendición de cuentas.

Analistas consultados por el medio SinEmbargo dejan ver cómo la falta de investigación y sanciones desde las instancias correspondientes mantienen en libertad y sin justificar sus acciones a varias decenas de exgobernadores estatales. La característica que reúnen estos políticos es gasto injustificado de partidas administrativas. Los precios se inflan, los gastos se hacen por cualquier concepto y los topes presupuestales son un adorno en puntos del país como el Estado de México, Veracruz, Michoacán, Puebla, Sinaloa, Guanajuato y muchos otros.

Cuando esto sucede, por ley el Poder Judicial debería citar a cada gobernador saliente y hacerlo explicar, junto a su gabinete, el porqué de los errores en las cuentas que dejan. La mayoría de las transiciones entre una administración saliente y una entrante siempre dejan ver huecos presupuestales, gastos excesivos, entre otros abusos. De la mayoría de gobernadores acusados, solamente rindió cuentas el nayarita Roberto Sandoval, que tendrá muerte política durante 13 años por haber desviado 2.7 mil millones.

La polémica foto de Peña Nieto junto a los gobernadores al inicio de su mandato. Fuente: El Universal

Pero, ¿qué pasa con el resto?

Muchos de los exgobernadores mexicanos, no importa su partido, terminan accediendo a otros puestos políticos importantes como senadurías, diputaciones o cargos en el gabinete presidencial. Esto le pasó a Osorio Chong, por ejemplo, que después de gobernar Hidalgo llegó a la secretaría de Gobernación; o también el caso de Murillo Karam, que fue gobernador también de Hidalgo y luego brincó cargos hasta llegar a ser el procurador nacional. El caso quizá más sonado a nivel nacional sería Javier Duarte, que se ha declarado culpable por desviar recursos, después de una fuerte investigación periodística.

Pero el día de hoy permanecen libres y sin investigaciones en su contra personajes como Rubén Moreira, el priista que desfalcó a Coahuila; Graco Ramírez, el perredista que hundió a Morelos; Miguel Márquez, el panista que dejó deudas enormes en Guanajuato y, claramente, el ahora coordinador perredista en el senado, Miguel Mancera, acusado de generar un cártel inmobiliaria en la capital del país. Tampoco olvidemos la situación financiera que dejó Moreno Valle en Puebla. Muchos de ellos acceden a otros cargos en donde adquieren fuero y evitan ser investigados o perseguidos por la ley.

Con promesas de campaña como el fin a la corrupción, el acceso a la información y la transparencia, los gobierno de Enrique Peña y López Obrador descuidaron el tema de la rendición de cuentas. Lo cierto es que mientras inició el peñismo, los gobernadores priistas, denominados como “el nuevo PRI”, demostraron que operaban redes de desvíos de recursos a través de empresas fantasma. Por el momento, César Duarte se encuentra en Texas, viviendo cómodamente, mientras en México se entorpece el proceso para detenerlo.

La constante, según las auditorías a estos exgobernadores, son “excedentes”, sobreprecios, generación de deudas con todo tipo de bancos y proveedores, variables de ingresos, entre muchos otros. La costumbre también marca que un nuevo gobernador exhiba públicamente la condición financiera con la que habrá de iniciar el cargo, pero pocas veces se inicia un proceso contra su antecesor, generalmente porque adquiere fuero inmediatamente después de abandonar el cargo