Otro regaño para la PGR: ordenan reabrir el caso Tlatlaya
En los años de gobierno de Enrique Peña, parece ser que la procuraduría general de la república actuó con desgano en la mayoría de los casos más lamentables en el país. Con varios directores al frente, el escándalo rodeó a la PGR en casos como Ostula, Ayotzinapa, Tlatlaya, entre muchos otros. Ahora, y como regaño a la pésima investigación de la procuraduría, un juez federal ha ordenado reabrir el caso de la matanza de civiles en Tlatlaya, Estado de México.
La orden se da a pocos meses de que concluya el sexenio priísta y la PGR cambie de titular con el nuevo gobierno de López Obrador. La principal polémica para reabrir el caso fue una tremenda confusión en una orden que derivó en 22 civiles asesinados (presuntos delincuentes) por el ejército mexicano. Los comandos militares aseguran que se trató de un error bajo la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
Para el juez Érik Zabalgoitia no es suficiente la versión militar de un “muy lamentable error”, por lo que se reabrirá el caso para entender cómo es que se dio esta polémica y mortífera orden que terminó en una masacre civil que no ha tenido castigo a los responsables y cuyas investigaciones fueron detenidas durante años. Todo sucedió en 2014 y la noticia no se supo hasta un año después. Y aún no se sabe quién dio realmente la orden de abrir fuego.
Detrás de la investigación hay una fuerte movilización de familiares de las personas asesinadas, la CNDH y abogados que han estado reclamando la inactividad de la procuraduría para realizar las diligencias correctas que establezcan qué pasó realmente ese día en el municipio de Tlatlaya. Además, se exige a la PGR investigar la masacre desde el lado militar, una línea que se abandonó mayormente durante los análisis del caso.
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Esta decisión le mete presión a la procuraduría a pocos meses de terminar el sexenio de Enrique Peña. Después de una actuación polémica, la procuraduría ha asegurado que en estos cuatro meses (antes de que tome poder López Obrador) se estará avanzando definitivamente en casos como los sobornos de Odebrecht en México y la pesquisa a Ricardo Anaya por lavado de dinero. La intención es terminar el año generando una buena imagen.
La orden es tan certera que parece un regaño público. Se solicita de inmediato “una investigación pronta, exhaustiva e imparcial” para dar justicia a los sobrevivientes de la masacre y a sus familiares. Esta exigencia se une a la solicitud de crear una comisión de la verdad para conocer realmente que pasó en la noche de Ayotzinapa en donde desaparecieron 43 estudiantes. Aquí también la PGR bloqueó avances claves en la evolución del caso y parece ser que no quieren resolver el tema, ajustando todo a una versión oficial poco válida.
El documento exhibe la incapacidad de la PGR en el tema Tlatlaya. “No se analizaron pruebas provenientes tanto del expediente como de la CNDH y de las propias declaraciones de los militares involucrados”. Además, “las autoridades no han considerado las pruebas ofrecidas por la víctima ni han hecho esfuerzos para investigar la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
