Morena prepara agentes infiltrados para combatir empresas fantasmas | BREAKING

Morena prepara agentes infiltrados para combatir empresas fantasmas

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El caso de las escandalosas compras de gel para el cabello por parte del expresidente Enrique Peña Nieto ha destapado uno de los entramados de corrupción más complejos.

Se trata de la creación de empresas “factureras» o «fantasmas”, es decir, organizaciones dedicadas a desviar recursos de forma ilícita.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, refirió que en el caso de las compras hechas por la Presidencia en el pasado sexenio, algunas fueron realizadas por este tipo de empresas.

El desvío de recursos es tal que Morena plantea acciones más determinantes para acabar con las empresas fantasmas, que va desde cateos en domicilios, agentes infiltrados, escuchas telefónicas, testigos protegidos y la amenaza de la prisión preventiva.

Para concretar el plan, y luego de haberse discutido en comisiones durante cinco meses, el grupo parlamentario de Morena en el Senado presentará ante el Pleno este jueves 12 de septiembre un dictamen para reformar varios puntos de la ley.

Fundamentalmente se trata de elevar la defraudación fiscal a la categoría de delincuencia organizada, un delito considerado grave, que amerita prisión preventiva de oficio.

1.4 % del PIB

La defraudación realizada por 9 mil empresas dedicadas a la simulación de operaciones comerciales, la emisión ilícita de facturas, y el impago de impuestos a las arcas públicas equivale a 354 mil millones de pesos, el 1.4 por ciento del PIB.

Estos datos los brinda el Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, una de las impulsoras del proyecto de reforma.

A pesar de los buenos deseos, el PAN anunció que tal y como está el proyecto de reforma votarán “no” alegando que esta puede ser utilizada como “una cacería de brujas” contra los adversarios políticos del gobierno.

Los analistas sobre el tema también advirtieron este riesgo, ya que la propuesta podría llevar a una “mayor arbitrariedad” y a posibles abusos de las autoridades de investigación contra los contribuyentes que nada tienen que ver con el crimen organizado.

Con información de Animalpolitico.