SEP deja sin pago a docentes que atienden a jóvenes con discapacidad

Los profesores de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) llevan cuatro meses sin cobrar sus sueldos; pese a ello, no han dejado de dar clases a los niños que lo necesitan.

Mónica Barrios, profesora de uno de estos centros, denunció que desde diciembre de 2017 no han recibido su pago mensual, y además laboran por honorarios, no tienen contratos fijos ni prestaciones ante la ley.

“No nos han pagado nada a nadie. Y esto siempre se repite en cada año electoral, hace seis años nos hicieron lo mismo”, dijo la mujer, que pidió que les cambiaran su nombre para evitar represalias.

La mujer denunció también que existe una bolsa adicional, donde cobra otro grupo de asesores que trabajan para el CAED y que reciben asesorías para desempeñar su trabajo, pero es un grupo reducido y privilegiado que, además, ya no hace actividades para los centros; ahora se dedican a realizar cuestionarios y material para la Dirección General de Bachillerato, área de la que los CAED dependen directamente.

Pero eso no es todo, la asesora también denunció que los docentes trabajan en muy malas condiciones, ya que no existe la capacitación adecuada para atender a los alumnos que asisten a estos centros y quienes tienen problemas de discapacidad auditiva y visual.

Barrios explicó que las capacitaciones que reciben los docentes que no pertenecen al grupo privilegiado reciben solo uno o dos cursos y la mayoría de los que atienden a los jóvenes con problemas auditivos, aprenden el lenguaje de señas mexicano con sus propios alumnos.

Los asesores son especialistas en algún área de enseñanza, como matemáticas, física o química, pero desconocen el sistema de lenguaje de señas o el Braille, por lo que la capacitación debería estar enfocada en enseñar estos sistemas para poder impartir clases. Cosa que no ocurre.

“Es muy complicado y si al año ve que el sueldo se retrasa y que tiene que vivir de prestado, pues se va dejando a los niños sin maestro”, dijo Barrios.

Los CAED se crearon por decreto en 2009, luego de la reforma educativa a la Subsecretaría de Educación Media Superior impulsada por el entonces presidente Felipe Calderón, para atender a los estudiantes de bachillerato que tienen alguna discapacidad y que puedan concluir este nivel educativo.

Hoy en día hay 331 de estos centros en todo el país que atienden a ocho mil estudiantes con mil 500 asesores, cifra que resulta insuficiente para atender a todos los jóvenes inscritos en ellos.

De hecho, Barrios señaló que hay CAEDS donde hay dos asesores por estudiante y otros donde hay solo seis para toda la comunidad, lo que vuelve insuficiente el aprendizaje de estos jóvenes.

Aunque los centros existen por decreto oficial y dependen de la Dirección General de Bachillerato, que a su vez forma parte de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, nadie quiere atender el problema y hacerse responsable.

“Somos instancia  de todos y a la vez de nadie. Hemos pedido ayuda a distintas instancias y nos dicen que nos van a resolver, pero nadie hace nada. La SEP ya hasta nos dijo que esto es un problema de los diputados y senadores porque no está presupuestado”, explicó la asesora.

Ante esa respuesta, los docentes se acercaron al Senado para buscar que alguien atienda la falta de pago. Angélica de la Peña, presidenta de la comisión de Grupos Vulnerables en el Senado ya se comprometió a ayudarles a resolver su problema, pero no les dijo cuándo.

Irregularidades desde hace años

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que los CAEDS han tenido irregularidades en el manejo de los recursos desde 2014. En su informe de fiscalización de ese año reveló que se autorizó el gasto de casi 100 millones de pesos para comprar 100 paquetes de equipo informático, que incluían computadoras, una impresora Braille, una impresora láser y un escáner, entre otros artículos.

Sin embargo, el gasto era de apenas 50 millones de pesos, por lo que pidió a los funcionarios que liberaron los recursos sin tener disponibilidad presupuestaria.

Pero las irregularidades no pararon allí. Cuando se hizo la entrega-recepción de los 100 paquetes, no se acreditó la fecha de entrega y luego se descubrió que los paquetes llegaron a las bodegas de la Subsecretaría pero no se demostró que se enviaran a los CAED.

Con información de Aristegui Noticias