Anaya niega negocios inmobiliarios en Querétaro
Ricardo Anaya Cortes, precandidato por la coalición Por México al Frente, negó haber desviado recursos de una fundación para hacer negocios inmobiliarios en Querétaro, cuando fue funcionario de gobierno.
“Empezó la guerra sucia. El PRI está desesperado y ya no sabe qué hacer para levantar la campaña en ruinas de su precandidato. La fundación que presidí jamás recibió recursos públicos y yo no obtuve ningún beneficio personal. Tienen miedo. No les creas a los del PRI”, escribió Anaya en su cuenta de Twitter.
En el mensaje, Anaya publicó una carta en la que plantea 10 puntos explicando cómo funcionaba la Fundación por más Humanismo AC y cómo adquirieron un predio, que presuntamente fue exporpiado por el gobierno de Francisco Garrido en 2009.
Empezó la guerra sucia. El PRI está desesperado y ya no sabe qué hacer para levantar la campaña en ruinas de su precandidato. La fundación que presidí jamás recibió recursos públicos y yo no obtuve ningún beneficio personal. Tienen miedo. No les creas a los del PRI. pic.twitter.com/L8uzRuI9Cl
— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) February 4, 2018
El fin de semana pasado, la revista Proceso publicó una investigación en la que señala al panista de haber recibido un millón de 650 mil pesos del empresario Jaik Villarreal.
Ese dinero se utilizó para comprar un terreno que habían sido expropiados y acondicionados legalmente en la administración de Garrido, donde Anaya fungió como secretario particular, en los primeros años de su carrera política.
Allí, la fundación construyó un edificio que en 2016 vendió en siete millones 854 mil pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos, que pertenece a Lorena Jiménez Salcedo, quien fuera secretaria particular del gobernador panista Francisco Domínguez Servién.
Después de estos señalamientos, Anaya explicó en una carta que entre 2009 y 2014 fue el encargado de construir una sede para el Comité Estatal del PAN. En el documento aseguró que el terreno se compró a un privado, que a su vez se lo había adquirido a un ejidatario, rechazando así todas las acusaciones de que el predio había sido expropiado.
Allí comenzó la obra, que tardó seis años y nunca se concluyó, según lo que explica Anaya en la misiva.
Sin embargo, ese año el panista decidió renunciar a su cargo porque no podía atender todas las responsabilidades de que tenía como servidor público y dejó la presidencia a José Luis Báez Guerrero, quien todavía es presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.
Este personaje fue el encargado de gestionar los nuevos recursos que recibió el Comité Estatal a través de la nueva Ley General de Partidos Políticos, que entró en vigor en 2015 y que le otorgó 21 millones de pesos al Comité Estatal.
Según Anaya, con este dinero el partido decidió vender el edificio que no había concluido en tantos años y comprar una nueva sede más cerca del Centro Histórico.
La fundación vendió el inmueble inactivo, cumplió su cometido de adquirir un edificio que albergará al Comité y disolvió la asociación civil porque ya había cumplido su cometido.
A lo que no respondió Anaya en esta explicación es la manera en la que Fundación repartió el dinero de la venta del edificio que empezó a construir el panista y que se concluyó únicamente para venderlo.
Después de la compra-venta, Anaya le regresó el millón 650 mil pesos a Jaik Villarreal y de los 6.5 millones que sobraron, se le depositaron 3.2 millones de pesos a JV Construcciones Civiles, empresa de este sujeto.
Los 3.5 millones de pesos restantes se le depositaron a DG Diseño y Construcciones, compañía que pertenece a Eduardo de la Guardia Herrera, quien fungía como vocal de la fundación cuando Anaya era presidente.
No es la primera vez que acusan al es dirigente del PAN de realizar este tipo de transacciones. En octubre del año pasado, el periódico El Universal publicó una investigación en donde se relacionaba a Anaya y a varios de sus familiares con la posesión de más de 20 propiedades en Querétaro, en 2016. En suma, la familia política de Anaya lograba reunir propiedades con un valor que rebasaba los 308 millones de pesos.
