Ejercito se retira de Cholula después de pronunciarse contra Ley de Seguridad Interior | BREAKING

Ejercito se retira de Cholula después de pronunciarse contra Ley de Seguridad Interior

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Fue precisamente Cholula la primera municipalidad en interponer una acción de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la Ley de Seguridad Interior; esto, en manos de la síndica Esperanza Estela Chilaca Muñoz, el pasado doce de enero.

Hoy, la máxima institución de seguridad en el país, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha impuesto una ‘sanción’ contra la ciudad poblana, producto de su pronunciamiento contra la Ley.

A través de un comunicado, el presidente municipal de Cholula, José Juan Espinosa Torres, ha declarado que la Sedena canceló un convenio que tenía firmado desde hace cuatro años, en materia de seguridad pública con la ciudad, y por lo que ha tenido que devolver dos autos militares que servían para el patrullaje de carreteras.

También canceló la presentación de la Orquesta Sinfónica de la armada, que estaba programada para el 21 de enero en Cholula, y retuvo la entrega de casi mil cartillas militares “lo que afecta a cerca de mil jóvenes cholultecas”, se lee en el comunicado.

No vamos a aceptar ningún tipo de reacción que lastime a nuestro municipio a partir de la presentación de una controversia”, dijo Espinosa Torres, “lo que demuestran es la falta de sensibilidad y conocimiento que tienen respecto de las obligaciones de los tres ordenes de gobierno para brindar seguridad”.

Y añadió que, durante la próxima semana, buscará reunirse con el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, para encararlo, y explicarle las razones estrictamente jurídicas por las cuales Cholula reaccionó así contra la Ley de Seguridad Interior.

«Estoy convencido de que la ley de Seguridad Interior trasgrede la seguridad municipal«, dijo el edil en entrevista, y lamentó las sanciones de Sedena, pero, dijo, seguirán dando “muestras muy claras de que, con honestidad y con respeto a la ley, podemos tener una ciudad más segura como lo hemos venido haciendo desde hace 4 años”.

La administración de Espinosa Torres, como respuesta a las sanciones de Sedena, utilizó recursos del programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG), para adquirir una nueva unidad militar “que funciona en el nuevo sistema de justicia penal dentro de la cadena de control como primer respondiente”.

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La Ley de Seguridad fue promulgada el pasado 21 de diciembre; desde entonces, tanto partidos como organizaciones de la sociedad civil, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunciaron que interpondrían recursos de anticonstitucionalidad.

Aunque promulgada hace un mes, y de acuerdo a las palabras del presidente de la república, no se ha emitido una declaratoria de protección para alguna zona particular, como lo está previsto en la propia Ley; esa prerrogativa la tiene la SCJN.

Para el presidente, la ley otorga certeza jurídica respecto de la actuación de las fuerzas armadas en la preservación de la seguridad, a la vez que establece límites para esta acción; para organismos tanto nacionales como internacionales, la ley militariza al país y le abre la puerta a la legitimación de importantes violaciones a las garantías ciudadanas.