Lo que debes saber de la «Ley de Seguridad Interior» que fue APROBADA a pesar de que ONGs y víctimas la rechazan

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El día de ayer en la inauguración del Cuartel de la 11 Brigada de la Policía de San Pedro, Coahuila, el presidente Enrique Peña Nieto mencionó que la Ley de Seguridad Interior “dejó de ser una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad”.

Esta ley ha sido polémica, ya que concede poderes al Ejército y al Presidente para intervenir en la seguridad pública, lo que podría provocar más violencia y atropellos a los derechos humanos. Dicha ley es una iniciativa del PRI para regular a las fuerzas armadas y se discutirá en el Congreso el día de hoy.

En su discurso, Peña Nieto mencionó que es necesario un marco jurídico adecuado que regule la actuación de los militares, ya que, expresó: “La actuación del ejército y la armada, en apoyo a la seguridad local, se sustenta en su lealtad, su disciplina y su apego a los valores y principios militares; sin embargo, esto no es suficiente, hace falta un jurídico adecuado que regule la actuación de soldados, pilotos y marinos en tareas de seguridad pública”.

Asimismo, el Presidente informó que este sexenio se han creado 352 obras de infraestructura militar, como cuarteles, instalaciones educativas y hospitales. En total se han invertido 25 mil millones de pesos en cinco años. Tres veces más que la administración anterior.

Peña Nieto dijo mostrarse confiado de que el Congreso de la Unión “atenderá con la urgencia que hoy se requiere esta importante iniciativa que brindará mayor certidumbre a las Fuerzas Armadas y a la sociedad mexicana”.

POLÉMICA LEY

El 26 de noviembre el portal Aristegui Noticias publicó el proyecto de dictamen de esta ley en la que se faculta al Presidente de la República para intervenir con acciones militares en cualquier entidad federativa, aún sin permiso del Gobernador. Las fuerzas armadas podrán atender cualquier tipo de“Amenazas de Seguridad Interior” sin necesidad de coordinarse con otras formas de gobierno.

Otro punto debatible en dicho proyecto es que cualquier intervención ordenada por el Presidente será considerada como seguridad nacional. Es decir, cualquier información al respecto será “clasificada de conformidad con esta y las disposiciones aplicables en materia de transparencia y acceso a la información”.

Para esta ley se entiende por Seguridad Interior “la condición que proporciona el Estado mexicano que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional”.

Aunque en el proyecto se menciona que todas las acciones que realicen las autoridades deberán someterse a las garantías de los derechos humanos, organizaciones civiles y medios se mantienen escépticos debido a que el incremento de la violencia en el país ha demostrado la ineficacia de tener a las fuerzas armadas en las calles. El proyecto también menciona que las protestas sociales pacíficas que tengan motivos políticos y electorales no serán consideradas como Amenazas a la Seguridad Interior. 

LAS ORGANIZACIONES SE HACEN ESCUCHAR

Aunque Peña Nieto considera de gran relevancia que se apruebe esta ley, diversas ONG han manifestado su preocupación, entre ellas Amnistía Internacional, Advocacy for the Human Rights in the Americas (WOLA), Open Society Justice Initiative (OSJI) y World Organization Against Torture (OMCT).

En un comunicado conjunto, 11 organizaciones expresaron que desde hace años han documentado cómo el despliegue de militares y el uso de la fuerza pública han atropellado los derechos humanos y la impunidad que ha prevalecido en la mayoría de estos casos.

En su opinión, esta ley solamente “levanta serias y fundadas preocupaciones” y llamaron al Congreso a rechazarla para “hacer valer a nivel interno el compromiso con los derechos humanos que México defiende férreamente ante la comunidad internacional.»

El comunicado concluye que “Aprobar la LSI o formalizar estrategias de seguridad militarizadas en el país sentarían un precedente sumamente negativo en América Latina y, al mismo tiempo, pondrían en peligro las importantes reformas en materia de derechos humanos que han sido aprobadas en México”.

Desde el mes de marzo de este año, varias organizaciones y víctimas utilizaron el hashtag SeguridadSinGuerra para exigir al Congreso votar contra esta ley, ya que consideran que solo busca “consolidar la militarización del país”.

Alejandro Madrazo, investigador del CIDE, expresó que “tener al ejército en las calles es peligroso, porque lo hemos visto en diez años desde que el presidente Felipe Calderón sacó al ejército de los cuarteles es que la seguridad se ha deteriorado en todo el país”.

ALGUNAS ALTERNATIVAS

Esta ley busca legalizar las fuerzas armadas en el ámbito de la seguridad pública. Sin embargo, como han apuntado varias organizaciones civiles, esta iniciativa tiene varias ambigüedades y podría perpetuar la violencia en vez de subsanarla. En el portal Seguridad Sin Guerra, varias organizaciones civiles han propuesto alternativas a esta ley. Por ejemplo, en vez de permitir la militarización, su propuesta hace énfasis en hacer más fuertes las instituciones de seguridad pública que ya se tienen. También sería necesario reformar tanto a la policía como a las procuradurías, así como fortalecer al Poder Judicial. Igualmente se propone que cualquier intervención militar cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

LA OPINIÓN DE OTROS PARTIDOS

Para Clemente Castañeda, coordinador del partido Movimiento Ciudadano, la aprobación de esta ley no va a resolver la inseguridad pública y además podría criminalizar la protesta social. “El PRI tiene una urgencia injustificada e irresponsable por aprobar la Ley de Seguridad Interior… ahora pretenden resolver el problema de la seguridad con una ley que lo único que hace es prolongar el estado de excepción y una estrategia que ha demostrado ser nociva para el país.»

Mientras tanto, el coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, opina que el PRI y sus aliados solo quieren aprobar esta ley sin lograr que los marcos jurídicos necesarios que la acompañen para su correcto funcionamiento. También dijo que: “Al parecer se pretende hacer a un lado los avances que ya tenemos en materia de seguridad pública, como es la minuta de mando mixto, que desde hace tiempo está en la Cámara de Diputados y representa un avance legal muy importante; lamentablemente ellos quieren dejarla de lado, lo que sin duda es grave”.

Según información de Milenio, Morena pronunció que el dictamen tiene una “naturaleza totalitaria” y que es urgente que la sociedad civil conozca este proyecto y se manifieste en su contra.

LO QUE DICEN LAS VÍCTIMAS

En una nota de Animal Político, una de las víctimas del ejército, Cynthia Salazar, explicó que iba camino hacia Matamoros con su familia. Sin hacerles la parada en un retén, un grupo de militares disparó contra ellos y mataron a dos de sus hijos. “Yo quise ir a rescatar a mi hijo que se había quedado atrás, en la cajuela. Cuando quise ir ellos me aventaron un… no sabría decirle que fue lo que me tronó. De hecho me llenó de esquirlas todo el cuerpo.”

En el portal Seguridad Sin Guerra, Claudia Medina, sobreviviente de tortura en Veracruz, dice que: «Antes de que la Marina me torturara y fabricara delitos, pensaba que el ejército y la marina eran las personas que nos cuidaban. Pido que se valore bien la Ley de Seguridad Interior».

Otras víctimas también han narrado situaciones similares en las que son atacadas por el ejército y acusadas injustamente de delincuencia organizada o crímenes que no han cometido. En estos casos lo que ha prevalecido es la arbitrariedad y violencia con la que las fuerzas armadas han atacado a la sociedad civil. Sin duda esta propuesta abre el debate de los límites que debe tener el ejército y el Presidente para no crear más violencia en vez de resolverla, en un país que en el mes de octubre registró los mayores índices de violencia en dos décadas.

DIPUTADOS APRUEBAN LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, PASARÁ A VOTACIÓN

La Comisión del Gobierno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, con 18 votos a favor y 13 en contra, la ley pasará ahora al pleno de San Lázaro donde se podrá votar.

Los partidos que dieron su voto a favor fueron los diputados del PRI, Verde Ecologista y una diputada del PAN, mientras que PRD, Morena y el resto de los panistas lo hicieron en contra.

De acuerdo a la información de El Universal, Rafael Hernández Soriano, presentó su voto para pedir que se deseche esta propuesta. Jorge Triana del PAN exhortó al PRI y a aliados a recapacitar sobre su aprobación.

Por su parte, Macedonio Tamez dijo que el dictamen era una «gran estafa» para el pueblo de México y para las fuerzas armadas. La coordinadora de Morena se mostró totalmente en contra ya que esta ley es contraria a los tratados internacionales que la ONU sugiere.

Mientras tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos lanzó un comunicado donde expresa que dicha ley es un riesgo para el reconocimiento, respeto y protección a los derechos humanos, así como otras deficiencias de la propuesta como «la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas», la posibilidad de que Fuerzas Armadas realicen investigaciones y la reserva de la información.

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