La amnistía de AMLO no funciona si los gobernadores no quieren liberar gente
La Ley de Amnistía que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió la semana pasada al Congreso, no beneficiaría a las personas encarceladas por delitos menores debido a que la gran mayoría de los crímenes que se enlistan en la propuesta no pertenecen al ámbito federal.
La propuesta del Gobierno Federal plantea beneficiar a las personas que están en prisión por haber cometido delitos como robo simple sin violencia, aborto, narcomenudeo, así como a los indígenas que no tuvieron una defensa adecuada y para quienes están en una situación de presos políticos o de conciencia.
De aprobarse el proyecto, la Fiscalía General de la República sería la encargada de revisar los expedientes y ordenar la liberación de las personas encarceladas.
Sin embargo, para que la propuesta del presidente López Obrador pueda tener un gran alcance entre la población procesada por delitos menores, los Congresos locales de los estados del país y los gobernadores tendrían que secundar la Ley de Amnistía y modificar las leyes de sus entidades a fin de más personas puedan ser beneficiadas.
Mujeres encarceladas por aborto
El primer delito que enlista la Ley de Amnistía es el del aborto, sin embargo, de aprobarse el dictamen la gran mayoría de las mujeres que están en prisión por este “crimen” no serían beneficiadas, ya que, muchas han sido juzgadas en sus estados por homicidio, un delito que la propuesta presidencial no contempla.
Sumado a esto, México sigue siendo un país cuyas leyes sólo permiten el aborto a nivel nacional en los casos de violación. Aunado a que sólo se otorga prisión a las mujeres si su condena es mayor a 5 años, aunque el estado de Sonora es la única entidad que contempla una pena máxima de 6 años.
Según el centro La Libres, la propuesta del presidente López Obrador puede tomarse como un gesto a favor de la lucha feminista, pero al final queda como un detalle vacío debido a que el perdón excluye a las mujeres que han sido juzgadas por homicidio.
De acuerdo con la organización, otro de los grandes problemas que existe en torno a la Ley es que el Gobierno no sabe cuál es la población que puede beneficiarse con la amnistía, puesto que no existen cifras concretas que ayuden identificar a las mujeres que puedan ser apoyadas.
Apoyo a los indígenas
La propuesta presidencial también plantea beneficiar a todos los indígenas encarcelados que no hayan contado con las garantías suficientes en su proceso legal, sin importar el delito por el que hayan sido juzgados.
La ley indica que para que un caso pueda ser revisado tendrá que ser a través de una iniciativa de las partes.
De acuerdo con Karla Vásquez, académica de la UNAM, el problema de la propuesta es que al final los casos tendrán que ser revisados a petición de las organizaciones de Derechos Humanos, ya que difícilmente lo harán los propios afectados debido a que muchos de ellos no hablan español.
Otra cuestión es que tampoco existen datos oficiales que indiquen cuántas personas originarias de comunidades indígenas están en prisión, además de que se estima que la mayoría han sido también procesados en el ámbito local, del fuero común.
Narcomenudeo y robo simple
En cuanto a los casos de personas que están en la cárcel por delitos como robo simple sin violencia y narcomenudeo, también se trata de poblaciones que han sido juzgadas en el ámbito local.
Por ejemplo, en el caso del narcomenudeo según cifras oficiales, el 99.739% de los procesos han sido abiertos por las fiscalías estatales y sólo el 1% en el fuero federal.
En el caso del delito de robo simple, se beneficiaría a las personas que han sido juzgadas en la instancia federal por haber robado patrimonio nacional o por haber cometido un robo en algún lugar cuya jurisdicción sea también federal como por ejemplo, un aeropuerto.
Lee la investigación completa en El País.
