Diputada busca abolir la prostitución en México y castigar a clientes
Un acuerdo sexual-monetario en México no se genera en condiciones de libertad, aseguran diputados del PAN. En el Estado de México, uno de los más peligrosos para ser mujer en latinoamérica, la prostitución está marcada por la trata de blancas, el abuso sexual y la corrupción de menores. Y es justo en este estado en donde la fracción conservadora del congreso local busca castigar con cárcel a los clientes de la prostitución.
La idea es reducir la demanda para aminorar la oferta. Panistas aseguraron que la prostitución en este estado se da sin respetar la libertad o decisión de las mujeres sobre su cuerpo (generalmente exponiendo a mujeres pobres, en condiciones de desventaja e incluso a menores de edad). La idea es enviar a prisión a quienes se aprovechen de esto para comprar sexo con ellas: entre uno y 15 años de cárcel, solicitan.
Todo con la intención de debilitar a grupos criminales que se dedican a prostituir a mujeres en el Estado de México. La intención no solo es castigar a quienes paguen para tener sexo con niñas, también sancionar con más severidad a los reincidentes, con penas que podrían ir desde los diez hasta los 15 años en prisión, dependiendo del caso. La operadora de esta iniciativa es la panista Ingrid Schemelensky.
La diputada mexiquense asegura estar lista para combatir el comercio sexual, una práctica que se ha mezclado con la prostitución tradicional y que rápidamente ha generado condiciones de abuso y desventaja para cientos de mujeres (muchas de ellas menores de edad). En México la prostitución no es cien por ciento legal, pero el estado tolera estas prácticas siempre y cuando no se generen condiciones ilegales, pedófilas o de abuso sobre la personas: generando acuerdo por consentimiento (dinero a cambio de cuerpos).
Pero Schemelensky va más allá y asegura que debería abolirse la prostitución en México. La mexiquense asegura que las condiciones son de total desventaja para las mujeres que se dedican a esta actividad en el país, ya que “nunca es objeto de un contrato de compra-venta entre personas iguales en derechos y libertades”, dice, asegurando que la cárcel a los consumidores es el gran paso para terminar con esta práctica.
El objetivo de la iniciativa es golpear directamente a los grupos de proxenetas y tratantes en el Estado de México, pero la intención de la propuesta panista es ampliar esto a nivel nacional. La diputada asegura que no es posible que nuestro país continúe castigando a las mujeres que se dedican a vender sus cuerpos, pero jamás a los hombres que los consumen (provocando condiciones de desigualdad, ya que el total de estas vive en condiciones de marginación y pobreza).
