Presos implicados en el caso Ayotzinapa podrán esclarecer sus declaraciones
Una de las primeras acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la creación de una comisión de la verdad para esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El trabajo de esta comisión es entender qué fue lo que sucedió los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes.
Para llegar a esa verdad, la Secretaría de Gobernación anunció el pasado martes que se apoyará en la figura del “colaborador eficaz”, una herramienta que motivará a hablar a aquellos que tengan información sobre lo sucedido, incluso a los involucrados que están encarcelados gracias a las pesquisas iniciadas en la Administración de Enrique Peña Nieto.
“Diseñaremos e implementaremos una política de incentivo para personas que detenten información sobre el caso, incluyendo a aquellas que actualmente se encuentran privadas de la libertad”, dijo Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos y presidente de la comisión de la verdad, durante la instalación formal del órgano.
Serán 100 beneficiados
Félix Santana, secretario técnico de la comisión, ha definido la propuesta del nuevo Gobierno como “un paquete de beneficios”. La figura del colaborador estará destinada a las más de 100 personas detenidas bajo la causa judicial del caso Iguala y aquellas en libertad que tengan datos, pero no hayan hablado por miedo a represalias.
“La idea es crear un plan de beneficios para obtener información que no haya sido difundida antes. Vamos a preparar este paquete y después vamos a acercarnos a ellos. El objetivo central es obtener información de calidad”, ha apuntado Santana a este periódico.
A aquellos en libertad, explica Santana, se les ofrecerá fundamentalmente condiciones de seguridad para que puedan hablar sin que sus vidas corran riesgo. Para los que estén en prisión los incentivos podrían ir desde traslados a otros centros de detención de su preferencia hasta beneficios dentro de las penitenciarías o, incluso, la reducción de penas.
“Las rebajas de condena son más complicadas porque tienen que ver con el proceso judicial, pero se tendría que verificar la viabilidad en cada uno de los casos. No se descarta absolutamente nada”.
La investigación llevada a cabo por la justicia durante el sexenio de Peña Nieto estuvo plagada de sospechas. Cuando la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer las conclusiones del informe, que establecía que los 43 habían sido asesinados e incinerados en un basurero en la localidad de Cocula por delincuentes del grupo Guerreros Unidos, el recelo fue en aumento.
«Se había perdido y contaminado evidencia», «se había ocultado información», «se basaba en declaraciones tomadas bajo tortura» eran algunos de los señalamientos de familiares y defensores de derechos humanos contra el expediente.
Con este antecedente, el nuevo Gobierno quiere marcar una diferencia en la investigación y alejarse de las sombras que generaron las acusaciones de violaciones a los derechos humanos, especialmente la de testimonios obtenidos bajo tortura.
Santana asegura que la comisión de la verdad tiene información de que existen personas relacionadas al caso que cuentan con datos que no han brindado por miedo a las represalias. «¿Qué tipos de incentivos podemos ofrecerles para que se atrevan a hacer estas declaraciones? Ahí requerimos desafiar nuestra propia creatividad», dice.
El criterio de oportunidad
El penalista Gabriel Regino señala que el colaborador eficaz existe en el Código Penal con el nombre de «criterio de oportunidad». La legislación no establece beneficios como la rebaja de pena, pero sí la liberación de una persona.
“El colaborador no puede dar un relato fantasioso, tiene que ser corroborado. El trabajo de la Fiscalía es precisamente verificar eso. Una vez comprobado, ahí puede recibir los beneficios”, explica el abogado. Si la figura no fue aplicada anteriormente fue, según él, porque la PGR desconocía de derecho penal.
“No había necesidad de aplicarlo”, defiende Eduardo Zerón, exportavoz de la PGR. Los señalados como culpables ya habían reconocido su responsabilidad, asegura. ”Nos dieron sus versiones sin más”.
Lo que sí se aplicó durante los cuatro años de investigación fue la figura de testigo protegido para las víctimas que tenían miedo a hablar y no para los victimarios. Zerón admite que la utilización del criterio de oportunidad podría traer aportes interesantes, pero advierte de que se corre el riesgo de aplicarla en exceso.
