Gobierno de Peña Nieto pagó mil mdp a empresas fantasma
El gobierno federal pagó mil millones de pesos a empresas calificadas como empresas fantasma por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En cuatro años, distintas dependencias de gobierno entregaron contratos de obra pública, servicios, adquisiciones o arrendamientos a 127 empresas que fueron boletinadas, denuncio el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Una de las compañías más beneficiadas es Vasa Holding Company S.A. de C.V, que fue calificada como una de las compañías que uso el líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Rubén Núñez, para lavar dinero.
Esta empresa recibió en 2012 un contrato por 288.2 millones de pesos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), además de otros contratos por distintos servicios de outsourcing.
Otra empresa beneficiada por contratos millonarios es Saro Infraestructura, S. A. de C. V., que pertenece a Emir Garduño Montalvo, mejor conocido como “Lord Rolls Royce”.
Esta empresa recibió 167.9 millones de pesos a través de un acuerdo firmado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), convirtiéndose en la segunda compañía fantasma que más dinero recibió del gobierno federal.
En mayo de 2016, Garduño protagonizó un escándalo que se hizo viral, cuando ordenó a sus escoltas golpear a un conductor con el que tuvo un percance cuando manejaba por las calles de Metepec.
En su defensa, Garduño dijo que su compañía había sido una de las proveedoras de las campañas de los ex gobernadores Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila. Dos meses después, su empresa fue boletinada por el SAT.
La tercera empresa más favorecida es Comercializadora 2003, S. A. de C. V., compañía que la Procuraduría General de la República vinculó al ex mandatario de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
El SAT clasifica a las empresas como fantasma luego de probar que cobraron por la prestación de servicios sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para hacerlo, a pesar de que en sus comprobantes aseguran que sí pueden hacerlo.
Algunas de estas empresas son solo de papel y no tienen ni siquiera un edificio donde operen, mientras que otras firmas sí existen, tienen una oficina y algunos empleados pero no pueden justificar la cantidad de operaciones que venden a los gobiernos.
El IMCO logró identificar estos datos después de analizar 700 mil procedimientos registrados en Compranet en los primeros cuatro años de la administración de Enrique Peña Nieto.
El único que se manifestó respecto a los resultados del estudio del instituto fue José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, quien pidió esclarecer todos los pagos que se hicieron a este tipo de empresas.
“Atrás de cada contratación debe de haber un proceso de deslinde de responsabilidades y ese proceso puede acreditar diferentes cosas, o que hubo materialidad y que ahora no la hay o que hubo el riesgo de una responsabilidad, en cuyo caso, debe de averiguarse”, dijo.
Con información de Reforma
