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El viacrucis de enfermeras chiapanecas en su exigencia por mejores condiciones de trabajo

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Enfermeras y trabajadores del sector Salud de Chiapas han vivido un auténtico viacrucis, desde que a inicios de 2017 decidieron marchar en Tuxtla Gutiérrez para exigir mejores condiciones laborales, y en denuncia por la corruptela del actual gobernador del estado, Manuel Velasco, y su secretario de Salud, Francisco Ortega, que han saqueado los recursos del sector.

Ya la Auditoría Superior de la Federación había reportado que, en 2015, los estados tenían un subejercicio de $3,894 millones de pesos, que destinaron a pagar el salario de personal de otras dependencias, pagos sin facturas, licitaciones irregulares, o simplemente un gasto no reportado o no ejercido.

Chiapas estaba entre los principales estados con déficit en su sector salud. Un año antes, los trabajadores de Chiapas ya se encontraban profundamente inconformes con la falta de insumos para trabajar, y las deplorables condiciones laborales en que ejercían: falta de instrumentos de trabajo, de insumos, ropa médica, una carencia brutal de medicamentos, condiciones insalubres tanto para pacientes como médicos, entre otras.

Entrevistada por Animal Político, la enfermera Jesús Espinosa de los Santos, una de las protagonistas de las huelgas de hambre que enfermeras y enfermeros llevaron a cabo el año pasado, y que ha padecido las corruptelas y precariedades del sistema de salud chiapaneco durante décadas, relata la situación de esta manera:

“En 2014 toda la situación del sector se agudizó; los cirujanos generales atendían partos por cesárea: no había estructura, ni material, ni equipo en todo el estado. Para 2016 nosotras ya estábamos trabajando bajo protesta, con lonas que en tres días eran bajadas. Optamos por usar un moño rojinegro, los pacientes preguntaban por qué y les teníamos que decir. En ese momento los pacientes ya compraban medicinas, soluciones y material; en octubre, noviembre y diciembre ya no había nada”.

Para 2017, los métodos de protesta tenían que ser más enérgicos, por ello, cientos de integrantes de la Secretaría de Salud de Chiapas, marcharon en enero de ese año, en Tuxtla, para que sus protestas fueran por fin escuchadas. Sin embargo, la respuesta del Estado fue muy otra: los dos meses que siguieron, quince trabajadores del sector fueron despedidos de forma injustificada, de acuerdo a lo reportado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), institución que señaló en su momento que:

“La crisis del sistema de salud en Chiapas es un problema histórico y estructural que ha afectado no sólo a las y los trabajadores de este sector, sino sobre todo a las personas que acuden a los hospitales y clínicas del estado en busca de atención médica, situación que se ha agravado al máximo, siendo que los trabajadores de la salud no pueden realizar su labor por no tener lo mínimo indispensable para la atención hacia la población”.

La falta de respuesta por parte del secretario Ortega provocó que el tres de abril de 2017 cinco enfermeras, entre ellas Jesús Espinosa de los Santos, se declararan en huelga de hambre. Después de 10 días la detuvieron, e iniciaron una segunda que duró 23 días.

De todas las enfermeras, Chuchita, como conocen a Espinosa de los Santos, era la menos indicada para hacerlo por su bajo peso; sin embargo, siguió con la protesta. El Secretario de Salud minimizó en seguida las acciones emprendidas por las enfermeras; las calificó que “un pequeño grupo que ha decidido continuar con un movimiento político”.

Entonces, el Frayba exigió de forma contundente que la situación se resolviera; y así pareció. Semanas después se lograron firmar dos minutas de acuerdo, con la representación del gobierno del estado. En una de esas minutas el gobierno se comprometía a “no ejercer presión laboral, administrativa ni jurídica, ni hostigamiento a los trabajadores que participaron en el presente movimiento”.

Incluso, la Asamblea de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, expresó: “pedimos al gobierno que los acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo se cumplan adecuadamente, para que haya soluciones verdaderas en cada centro de salud y en los hospitales”. Pero nada de ese acuerdo fue cumplido.

En enero de este año, las autoridades arrestaron a Límbano Domínguez Alegría, uno de los protestantes, trabajador del sector salud; lo trasladaron al Centro Estatal de Reinserción Social No. 14, acusado por la Fiscalía General chiapaneca, del delito de “motín en agravio de la sociedad”, en la causa penal 627/2017.

Además, se giró una orden de aprehensión contra Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, Humberto Gutiérrez Medina, y la propia Jesús Espinosa de los Santos, por los mismos cargos. De acuerdo al Frayba, el arresto de Domínguez Alegría tuvo irregularidades: “la familia fue informada de que el Sr. Domínguez Alegría iba a ser trasladado a la Fiscalía y no fue hasta 12 horas después que supieron de su paradero”, alertó en su comunicado, en donde, también, denunciaba criminalización en contra de los trabajadores, que se ejercía en represalia por sus protestas.

Destacó que, de acuerdo al Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Chiapas era “la entidad federativa con un número mayor de casos de ataques en contra de personas defensoras con un 18% del total nacional”.

Desde entonces, Jesús Espinosa de los Santos vive perseguida, sin trabajo, y sin esperanzas reales de regresar a su labor. El Frayba exigió, por otro lado, la liberación inmediata de Límbano Domínguez Alegría “y de todos los defensores y defensoras de derechos humanos arbitrariamente detenidos en México”, también ejercer de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la seguridad de todos los demás imputados, exigencias que no han sido cumplidas.

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