Borge desvió millones otorgando contratos a empresa de prestanombres | BREAKING

Borge desvió millones otorgando contratos a empresa de prestanombres

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Roberto Borge Angulo, ex gobernador del estado de Quintana Roo, actualmente en prisión preventiva por el aparente desfalco de 900 millones de pesos públicos, está una vez más identificado como una pieza clave en una red de desvíos que involucran a la empresa Consultores EMKT S.A de C.V, propiedad de Raymundo Cámara Sánchez, uno de sus prestanombres.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su revisión a la cuenta pública de 2016, fue la que identificó la operación que, en ese año, se implementó para, presumiblemente, desviar alrededor de $4 millones de pesos a través de dos contratos.

Fue alrededor de noviembre del 2016 cuando la organización de transparencia quintanarroense, Somos Tus Ojos, denunció que la lista de prestanombres de Borge Angulo incluía 11 nombres, entre todos ellos, el de su madre María Rosa Yolanda Angulo Castilla.

Ella estaría involucrada en la sospechosa compra y cesión de derechos de un terreno de más de 111,000 metros cuadrados, por el cual pagó 16 millones de pesos, sin siquiera contar con ingresos comprobables; además, después de haber comprado el terreno, lo cedió a la empresa Siyenat del Caribe.

En esa misma lista se incluía a Cámara Sánchez por haber recibido, a través de las empresas Edificación y Señalización del Sureste, Trabajamos Bien y CUP del Sureste, alrededor de 80 millones de pesos para la construcción de caminos, mismos que nunca se realizaron.

Animal Político, que ha tenido acceso al acta constitutiva de Consultores EMKT, ha confirmado que esta empresa se creó un mes después de iniciada la administración de Borge, y que sus dueños son: Raymundo Cámara Sánchez, Ingmar Alejandro Frey Ros y Osmar Pat Alejo.

De acuerdo a lo reportado por este portal, la razón social de EMKT es la de: “consultoría, implementación y desarrollo de todo tipo de programas de informática, hardware, software, aplicaciones para dispositivos móviles, seguridad informática, diseño gráfico impreso y digital. Gestión de campañas de marketing digitales y tradicionales, consultoría de marketing y elaboración de análisis de mercados”.

La ASF encontró que Borge le otorgó a esta firma un contrato, de $1 millón 229 mil pesos, para actualizar el sistema de facturación electrónica de la Secretaría de Finanzas del estado; y otro por $2 millones 728 mil pesos para dar “asesoría para el Fortalecimiento Operativo en el Diseño de Sistemas”.

La Auditoría constató en su informe individual que ambos contratos presentan una serie de irregularidades, por ejemplo: carece de las firmas de los responsables, en el caso del primero; y el segundo fue sólo firmado por proveedor; tampoco pueden ser constatados los servicios prestados. De modo que los pagos que el gobierno de Quintana Roo realizó por ambos contratos dañaron sus finanzas públicas.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Quintana Roo también presentó serias irregularidades en el ejercicio de sus finanzas: de acuerdo a la ASF, el TSJ celebró un contrato con la empresa Denim Consultores, S.A. de C.V, para equipar tecnológicamente a sus departamentos para que pudieran implementar el Nuevo Sistema Penal Acusatorio en la ciudad de Tulum.

Sin embargo, la firma de este contrato se realizó un año después de que éste hubiera vencido, los equipos fueron entregados de forma extemporánea, y las penalizaciones de ley por esos efectos no fueron cobradas. En conjunto, el daño a las finanzas por este contrato irregular, calcula la ASF, son de $1millon 308 mil pesos.

A ésos, se le suman otros $2 millones 663 mil pesos que se erogaron en un segundo contrato, con la misma compañía y para los mismos efectos, pero en Cancún: Denim Consultores dotaría al TSJ de Cancún de equipos para implementar el nuevo sistema, pero, una vez más, el contrato fue firmado un año después de vencida su vigencia, y los equipos fueron entregados de forma tardía sin que se cobraran las penalizaciones correspondientes.

Aún existe un tercer contrato, esta vez con la empresa Compumaya S.A de C.V, para el dote de equipos en Cozumel; en este caso el daño a las finanzas, por penalizaciones no aplicadas, asciende a $398 mil pesos. Todos estos contratos fueron otorgados en 2016, cuando Borge Angulo se desempeñaba como gobernador.