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Nuevo informe confirma que los Moreira cedieron el control de Coahuila a Los Zetas, a cambio de dinero

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Un informe publicado el día de ayer por la Clínica de Derechos Humanos de la facultad de Derecho de la Universidad de Texas, revela nueva información sobre el involucramiento de Humberto y Rubén Moreira con Los Zetas, a los que cedieron el control de Coahuila, a cambio de dinero.

El informe, titulado Control sobre todo el estado de Coahuila, recabó información nueva y confirmó la que ya había sido publicada con anterioridad, sobre las actividades ilícitas de Los Zetas en el estado, que incluyen, además de secuestros, homicidios en masa, y alarmantes agresiones contra los derechos humanos, una vasta red de negocios para el lavado de dinero.

A través de tres juicios federales en Texas: los Juicios de San Antonio, los de Austin y los de Del Río, que congregan testimonios de al menos 24 testigos, entre ex integrantes de Los Zetas, pero también policías municipales, empresarios (en la nómina de la organización criminal); agentes de la DEA, e incluso víctimas, el informe llega a las siguientes conclusiones: el cártel de Los Zetas cometió numerosos crímenes contra los derechos humanos con impunidad; y las instituciones y funcionarios públicos tuvieron un papel, ya fuera por acción u omisión, en dichos ejercicios.

El informe detalla: “Los Zetas mataron a centenares de personas en Coahuila de diferentes maneras. Uno de los métodos más comunes era la ejecución a hachazos y el “cocinar” a las víctimas. Además, Los Zetas secuestraron, desaparecieron, amenazaron y reclutaron de manera forzada a muchos residentes de Coahuila y estados aledaños; usaron estas estrategias para mantener el control, mostrar su fuerza, para castigar a quienes perdieron drogas o se rehusaron a colaborar con ellos y para aumentar sus filas y mantener el territorio bajo su control. A través de estas prácticas de terror e intimidación, Los Zetas pudieron mantener el control de la población de Coahuila”.

El informe comprueba que las infames masacres de Allende y Piedras Negras, en donde perecieron al menos 300 personas, y desaparecieron otras 50, fueron orquestadas por la organización criminal, como una venganza ante la huida de algunos de sus miembros a los Estados Unidos: temían que colaboraran con las autoridades estadunidenses.

En segundo lugar, el informe comprueba la existencia de fuertes vínculos entre funcionarios públicos e instituciones del Estado con el cartel, incluidas las policías municipales, federales, y algunos grupos del ejército, además del gobernador.

“En ocasiones, funcionarios públicos le ayudaron a Los Zetas a obtener control de negocios y plazas y les dieron acceso y control sobre rutas de tráfico de drogas. Algunos funcionarios públicos incluso se involucraron directamente en las operaciones del cártel, entregándoles físicamente a integrantes de cárteles rivales o concediendo contratos públicos a empresas de Los Zetas”, se lee en el documento.

También se detalla en la investigación la extensa red de tráfico de armas desde Estados Unidos a México, y de la droga que, desde nuestro país, se inyectaba al vecino del norte. Incluso afirma que es probable que el gobierno de E.U.A tenga información que no ha revelado, y que podría ayudar a resolver algunos casos clave de asesinatos o desapariciones.

Al final del texto, el informe compila una serie de recomendaciones que extiende al gobierno de nuestro país, para que se prevenga, se investigue y se castiguen casos como estos, en la que destaca la creación de una Ley General para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de manera Forzada, y un Sistema Nacional de Búsqueda, ya que subraya que, a la fecha, nuestro país no cuenta con un instrumento legal que mandate y normativice la búsqueda de personas desaparecidas.

El informe llega en un momento crucial para los avances del caso: a finales del mes de octubre, Humberto Moreira, que fue llamado a comparecer ante la Corte Internacional de la Haya, se declaró inocente ante ésta y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando que no tiene vínculo alguno con la organización criminal.

En una carta enviada al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, y difundido en medios hace una semana, Humberto Moreira afirma que son acusaciones falsas y difamatorias las de los informes publicados; de forma particular el “México: asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”, publicado por la Federación Interamericana de Derechos Humanos (FIDH), en el que, de igual forma se evidencian los millonarios sobornos que recibió él y su hermano Rubén Moreira (actual gobernador de Coahuila) para ceder el control del estado al cartel criminal.

En el documento firmado por el ex gobernador, exonerado en España, afirma que ambas cortes, la de La Haya y la CIDH, han dañado su honor.

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