Juez federal le mete segundo golpe legal al aeropuerto de Santa Lucía
Cuando la Administración Federal todavía no pasaba el trago amargo que significó que un juez federal concediera un amparo para suspender la edificación del Aeropuerto de Santa Lucía, ahora otro colegiado otorgó un segundo amparo, alegando la falta de estudios de impacto ambiental de la obra que sustituirá el cancelado aeropuerto de Texcoco.
El colectivo #NoMasDerroches, que encabezan Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), ganó una suspensión definitiva contra la construcción aeropuerto civil-militar Felipe Ángeles (Santa Lucía) a favor de los pobladores del municipio de Zumpango.
“La suspensión definitiva concedida por el Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México, obliga a las autoridades a abstenerse de continuar con la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía hasta que existan las autorizaciones necesarias que aseguren que dicho proyecto no perjudicará al medio ambiente ni atentará contra la integridad del patrimonio cultural”, señaló MCCI.
Esta determinación puede ser impugnada por las autoridades demandadas, en este caso la Secretaría de comunicaciones y Transportes (SCT), ante un Tribunal Colegiado a través de un recurso de revisión.
El primer amparo
Este amparo se trata de la segunda resolución judicial que ordena la suspensión de la construcción de la terminal aérea de Santa Lucía, luego de la primera que fue dictada la semana pasada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.
Ese primer amparo fue promovido por Juan Ramón Morera Mitre, director de la empresa de textiles Novalan S.A. de C.V., ante las posibles afectaciones por carecer de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). Al respecto, el abogado Luis Asali Harfuch, señaló que se han tramitado al menos 150 amparos más contra la obra.
La postura del colectivo #NoMasDerroches, que encabeza los amparos ganados, advirtió que seguirá recurriendo a la vía legal en contra de cualquier otro proyecto de infraestructura que conlleve el desperdicio de recursos públicos, daños al medio ambiente y violación de los derechos sociales de los mexicanos.
