El problema inmediato de AMLO: las mineras extranjeras en México
Con el arranque de la nueva administración y la puesta en escena de la Cuarta Transformación, el presidente López Obrador encarará importantes desafíos para intentar, como dijo él, “acabar con el neoliberalismo que sumido a México en la pobreza”.
Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, considera que los conflictos socioambientales serán el asunto central con el nuevo gobierno: “Ese va a ser el tema del próximo sexenio: el de la lucha territorial contra el extractivismo nacional o extranjero”.
En México existen al menos 205 conflictos comunitarios contra megaproyectos y en defensa del territorio y los bienes naturales, según los estudios de María Fernanda Paz, académica del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM; para Víctor Toledo, investigador de la misma universidad, los conflictos ambientales en el país sobrepasan la cifra de 500.
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De esos conflictos, un 75 por ciento de los casos están vinculados a procesos de expansión del capital y de mercantilización del ambiente (agua, viento, minerales, bosques) con fines extractivos o de infraestructura urbana. Según Paz , las luchas de las comunidades se originan por la contaminación del agua, el aire o el suelo; la destrucción de ecosistemas, reservas naturales, cultivos o sitios naturales sagrados; el despojo de agua o territorio, y el daño de entornos cotidianos o laborales.
En el 78 por ciento de los casos, los daños son provocados por proyectos mineros, energéticos, hídricos, de vías de comunicación, desarrollo turístico y urbano. “Son proyectos depredadores de grandes compañías extranjeras o nacionales y de empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad”, apunta Víctor Toledo.
El problema de las concesiones
Los conflictos derivados de la industria extractiva pueden surgir a partir del otorgamiento de una concesión, primer peldaño para la potencial explotación del territorio. En su anuario de 2017, el Centro de Análisis e Investigación Fundar señala que en el país hay 24 mil 709 concesiones mineras que comprometen una superficie de dos mil 79 millones de hectáreas (un área mayor a la superficie continental de países enteros como Uruguay o Nicaragua).
Derivado de estos conflictos, en la última década se han registrado 125 crímenes contra luchadores ecologistas en México: de esa cifra, 108 han sido asesinatos. De estos delitos, 82 fueron perpetrados contra personas indígenas.
Con Peña se reactivó el despojo de tierras indígenas: De la Cruz, defensor contra las mineras https://t.co/THh6uGn93p pic.twitter.com/1nfuz8PNj6
— Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) November 27, 2018
La respuesta de las empresas a las resistencias ecologistas pueden ser intentos de corromper a los líderes, coerción, amenazas, agresiones y el encarcelamiento o el asesinato de luchadores.
La población más vulnerable que confronta los megaproyectos es la campesina e indígena, un estudio de la UNAM documentó 114 pugnas medioambientales impulsadas por esa población de 2010 a 2017. En 77 casos hubo violencia: 28 eran de carácter extractivo y 22 de empresas productoras de energía (como hidroeléctricas y parques eólicos).
En los conflictos contra mineras la violencia es un mecanismo predominante. La geógrafa Sol Pérez Jiménez consigna que en el país hay 922 proyectos en exploración, 270 en operación y 65 en desarrollo, que han provocado 114 conflictos, en 90 por ciento de los cuales las comunidades han sufrido algún tipo de violencia.
Las mineras y la violencia
Un informe no difundido de la Red de Afectados Contra la Minería (REMA), señala que por lo menos 150 comunidades en pugna contra mineras, ubicadas en el centro y norte de Guerrero, presentan una escalada de violencia tras el arribo de las empresas canadienses en 2008.
El documento precisa que estas localidades están localizadas en una extensión de más de 200 mil hectáreas concesionadas a mineras, en el llamado cinturón dorado que concentra la mayor riqueza de oro nacional.
El informe advierte que en esa región hay una estrategia de desgarramiento social con la intervención de grupos criminales, en la que acontecen ocho modalidades de violencia: asesinatos, desapariciones, secuestros, despojo u ocupación territorial, toque de queda, reclutamiento criminal de jóvenes locales, extorsiones y desplazamientos forzados.
Los retos del nuevo presidente
El abogado mixteco, Francisco López Bárcenas, autor de una docena de libros sobre derechos indígenas, toma con reservas las promesas de López Obrador sobre los pueblos originarios. “¿Los empresarios con los que se ha reunido lo van a permitir?”, inquiere. “Ellos tienen las concesiones mineras, de eólicas, de aguas…”.
Acciones de mineras han caído con fuerza esta semana luego de que una senadora de Morena presentó una iniciativa que busca obligar al gobierno a solicitar el consentimiento de las comunidades indígenas antes de otorgar concesiones mineras. https://t.co/B6hhbfutOO
— Forbes México (@Forbes_Mexico) November 22, 2018
Miguel Mijangos, integrante de REMA, dice que el nuevo presidente ha pasado de tener una posición crítica a promover la industria minera, por tener como aliados a empresarios con intereses mineros y determinados líderes sindicales. “Ha sido decepcionante, de nada sirve que López Obrador transite a una minería amigable si no entiende lo que es la minería a cielo abierto, señalada como altamente tóxica”, sentenció Mijangos.
