La SEP mantiene gasto multimillonario para pagar pensiones de universidades
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) sigue siendo el dedo inquisidor que señala los despilfarros y desvíos del Gobierno Federal, tras dar a conocer la semana pasada la revisión de la Cuenta Pública de 2017, trascendió que la Secretaría de Educación Pública (SEP) lleva 11 años financiando un programa de rescate financiero para universidades públicas de los estados que no pueden pagar sus jubilaciones y pensiones.
La SEP ha aportado dinero sin saber qué tanto contribuye a solucionar estos problemas y sin un plan para determinar por cuántos años será necesario hasta que las instituciones sean autosuficientes.
La revisión de la Cuenta Pública de 2017 reveló que la SEP repartió entre 28 universidades 589.3 millones de pesos, el reparto, señala la ASF, se realizó sin saber en qué medida la SEP contribuyó a resolver el problema de las pensiones y jubilaciones para los poco más de 200 mil trabajadores de las universidades con derecho a pensión, según consignó la ASF en la auditoría de desempeño 2017-0-11100-07-0139-2018.
¿#SabíasQué derivado de #fiscalización de la #CuentaPública 2017 se emitieron 1,594 recomendaciones?
Echa un vistazo a los datos: pic.twitter.com/m5jbgmwpuF
— Auditoría Superior (@ASF_Mexico) November 4, 2018
Error tras error
Por si dar dinero sin saber qué uso tendrá fuera poco, la SEP no tiene previsto cuánto es el máximo de recurso que puede dar a cada universidad ni por cuánto tiempo, incluso, no se sabe hasta cuándo la SEP seguirá dando recursos a las instituciones educativas, ni en cuánto tiempo se solucionará el problema.
Tampoco se ha buscado que las universidades tengan fuentes alternativas de ingresos para que sus deudas lleguen a ser viables. El programa no se ha asegurado de que haya coordinación entre dependencias y entidades para evitar duplicidades, no hay mecanismos de seguimiento para decidir si se ajusta o se cancela y, por si fuera poco, no hay garantías de que el dinero haya ido a parar únicamente a las universidades.
No sólo la SEP incumplió sus obligaciones, sino también las universidades beneficiarias. De las 34 que pueden recibir apoyos, sólo 28 presentaron sus proyectos financieros para tener el apoyo. De ellas, 12 no pusieron metas de reducción de su propio déficit, y las otras 16 sí lo hicieron, pero sin enfocarse en hacer reformas o buscar maneras de resolver sus problemas financieros.
Las 34 universidades públicas estatales del país tienen un déficit de casi 1.3 billones de pesos generado por sus sistemas de pensiones y jubilaciones https://t.co/mKBwdiPgR9
— El Universal (@El_Universal_Mx) November 2, 2018
Aunque la ASF no detalla cuáles son las 28 universidades que recibieron dinero el año pasado, se sabe por las antiguas aportaciones, que entre las beneficiadas se encuentran las universidades autónomas siguientes:
• Universidad Autónoma de Guerrero.
• Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
• Universidad Autónoma de Yucatán.
• Universidad Autónoma de Zacatecas.
• Universidad Autónoma del Estado de México.
• Universidad Autónoma de Chiapas.
• Universidad Autónoma de Nuevo León.
• Universidad Autónoma de Sinaloa
• Universidad Autónoma de Morelos
• La Universidad de Colima.
• Universidad Autónoma de Guadalajara.
• Universidad Autónoma de Guanajuato.
• Universidad Autónoma de Sonora.
• Universidad Autónoma Michoacana.
• Universidad Autónoma Veracruzana.
• El Instituto Tecnológico de Sonora.
Como en varios de los casos de mala aplicación de recursos, la ASF ya había detectado deficiencias en la SEP en 2014, cuando reclamó que no se había garantizado la aplicación y comprobación del dinero entregado, ni había consecuencias en caso de incumplimiento, y que los estados ni siquiera habían abierto las cuentas bancarias específicas para administrar esos recursos. En 2015, repitió la observación a que las entidades no abrían las cuentas bancarias, y reprochó una falta de transparencia y publicación de informes trimestrales.
Por este hecho, la ASF sentenció que los hallazgos de 2014 y 2015 son los mismos que de 2017, donde la SEP no presentó evidencia documental para comprobar el seguimiento y aplicación de los recursos financieros que otorgó a las universidades, por lo que la Auditoría recomendó a la SEP modificar y replantar cómo asigna y entrega sus recursos.
