Minimizan jueces españoles violación porque la joven no se resistió
La sentencia de nueve años a los cinco sujetos que violaron tumultuariamente a una menor de edad en las fiestas de San Fermín ya generó una crisis en el gobierno español y movilizaciones de la sociedad española.
Los magistrados, la alcaldesa de Madrid, secretarios de gobierno y organizaciones sociales han hecho llamados urgentes a la modificación del Código Penal de España, al mismo tiempo que mandaron llamar a los jueces que emitieron la sentencia en contra de los cinco hombres que violaron a la joven en 2016 en Pamplona.
Mientras tanto, cientos de hombres y mujeres salieron a las calles de las ciudades españolas a manifestarse en contra de la resolución de un caso que ha develado el problema de equidad de género que existe en la justicia de aquella nación europea.
Este jueves se dio a conocer que los jueces sentenciaron a José Ángel Prenda, Ángel Boza, Antonio Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero, conocidos como La Manada, a nueve años en prisión por abusar sexualmente de una joven menor de edad durante las fiestas de los Sanfermines en Pamplona en 2016.
La decisión causó revuelo pues la joven los acusó de violación, ya que en ningún momento consintió tener sexo con los cinco hombres al mismo tiempo mientras disfrutaba de las fiestas. Los sujetos también estaban acusados de grabar al menos seis videos, que después difundieron en internet para presumir la hazaña de sexo grupal con la joven, y robar su teléfono celular, abandonándola en la calle, medio desnuda y sin ningún medio de comunicación.
La joven fue hallada por su novio después del ataque sexual y presentó los cargos en contra de los sujetos, que por fin se resolvió, después de 21 meses.
Por el delito de violación, cada uno de los hombres enfrentaría 22 años de prisión. Sin embargo, los jueces determinaron que no había sido violación sino abuso sexual y sólo les darían 9 años en la cárcel.
La decisión de los jueces se basó en la revisión de seis videos que los sujetos grabaron y donde aseguraron que la joven no opuso resistencia a los actos sexuales, esto es, que no gritó forcejeó y en ningún momento mostró negativa a sostener relaciones sexuales con los cinco hombres al mismo tiempo.
Incluso, el magistrado Ricardo González, quien fue el que dio la sentencia definitiva, aseguró que la joven se contradijo en su declaración, ya que en un primer momento aseguró que se había opuesto a que la llevaran a la puerta donde ocurrió todo y que en algún momento intentó zafarse.
Pero después, durante el juicio oral, la adolescente dijo que no le habían tapado la boca y no grito, que ya no intentó zafarse o huir, y que no la tiraron al suelo.
“Difícilmente se puede sostener la acusación de violación”, aseguró el magistrado.
Además, aseguró que en ningún momento la joven mostró en sus movimientos o expresiones oposición alguna, rechazo a lo que estaba ocurriendo, miedo, dolor, descontento o desconcierto.
“Lo que documentan las imágenes es sexo entre desconocidos, en el entorno clandestino y desapacible del rellano de un portal. Aprecio en los vídeos un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos”, dijo el magistrado.
Con esos argumentos, González desechó la acusación de violación, pues no hubo violencia ni intimidación. Los jueces determinaron que el consentimiento de la víctima pudo estar viciado, ya que aceptó la situación porque los sujetos eran más y más fuertes que ella, ejerciendo así una fuerza sobre las decisiones de la joven. Sin embargo, no la violentaron.
Reclaman los españoles
Al conocer la sentencia, cientos de mujeres españolas manifestaron su indignación contra los magistrados en redes sociales y en las calles, ya que no podían creer que un juez descartara la violación por el simple hecho de no mostrar resistencia.
Una carta escrita de forma anónima circuló en Facebook cuestionando a los magistrados y al gobierno en general la forma de sancionar la violencia a las mujeres sólo porque éstas entran en estado de shock y ya no pueden defenderse.
Decenas de mensajes se desbordaron en las redes sociales, cuestionando la capacidad de la justicia española para atender la violencia que viven cientos de mujeres en la Península Ibérica todos los días.
Horas después, miles de personas salieron a las calles para mostrar su inconformidad con la sentencia. Al grito de “es violación, no es abuso”, las mujeres han reclamado que se revise la sentencia de los jueces y se juzgue el caso como lo que es.
En estas manifestaciones también se recordó el caso de Nagore Laffage, una joven que fue asesinada hace 10 años en la misma fiesta de Pamplona porque se resistió a ser violada.
“A Nagore la mataron porque dijo que no, esta chica no dijo que no y ahora la cuestionan sobre lo que ocurrió”, dijo Asun Cassasola, madre de Nagore, una década después de lo ocurrido a su hija y en medio de la controversia por la sentencia a los agresores.
Las activistas también recordaron el caso y aseguraron que al final, la justicia termina cuestionando a la víctima sobre los hechos, cuando debería haer sentencias justas y no una revictimización hacia las mujeres violentadas.
Gobierno cuestiona su sistema
Ante el repudio generalizado, el gobierno español comenzó a cuestionar si el Código Penal tiene las condiciones necesarias para sentenciar casos como el de los Sanfermines y atender la violencia de género que se vive en el país.
La Secretaría de Igualdad, Carmen Calvo, urgió a los jueces a tomar un curso de formación en violencia de género para poder resolver este tipo de crímenes con una perspectiva hacia las mujeres.
https://twitter.com/PSOE/status/989911864619491328
Con ella coincidió el secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), José Álvarez, quien urgió también un cambio de leyes para ponerlas de acuerdo a la igualdad de condiciones a la situación que viven las mujeres actualmente.
En tanto, la alcadesa de Madrid pidió un cambio en el Código Penal nacional y humanizarlo.
Carmena pide humanizar Código Penal https://t.co/3uLtB76laz pic.twitter.com/JElsRg7iLF
— Europa Press TV (@europapress_tv) April 27, 2018
Por su parte, la organización social Women’s Link exigió al Consejo General del Poder Judicial que sancione disciplinariamente al juez Ricardo González por los argumentos discriminatorios y sexistas que utilizó al emitir su voto en particular.
Si bien el fallo se emitió el jueves, el gobierno español mostró dudas sobre la sentencia de los jueces. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, pidió a la Comisión General de Codificación, órgano superior colegiado de asesoramiento del Ministerio de Justicia, que estudie si la tipificación del delito de agresiones sexuales está bien definido o si requiere una actualización.
Además informó que la Fiscalía general impugnará la sentencia tal como lo hará la familia de la joven en los próximos días.
Con información de El País y La Vanguardia
