20 años de prisión a un exfiscal mexicano por conspiración internacional
La narcopolítica en México es un tema real y con protagonistas con nombre y apellido: como el caso de Edgar Veytia, quien encarna todas las cualidades de un político coludido con las mafias del narcotráfico.
Este jueves, en Estados Unidos, un Juez condenó a Veytia, extitular de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, a 20 años de prisión y cinco más bajo “vigilancia” por su relación con pandillas.
El alcance de los crímenes de Veytia llegó a tal escala, que fue juzgado en el mismo lugar en el que se realizó el proceso contra Joaquín “El Chapo” Guzmán hace unos meses.
La decisión la dio a conocer la Juez Carol Bagley en la corte del distrito este de Brooklyn, ubicada en Nueva York, donde el antiguo fiscal recibió su sentencia.
La semana pasada la Fiscalía estadounidense difundió un memorándum en el que señalaba que “el acusado proveyó de asistencia sustancial a una organización narcotraficante violenta, el cártel “H-2”.
A cambio de la ayuda a este cártel, el exfiscal recibió sobornos y le permitió operar con impunidad, permitiendo el transporte de narcóticos y llevar a cabo retribuciones violentas como consecuencia.
Se declaró culpable
En este contexto, en el juzgado federal de Brooklyn, el ex Fiscal de Nayarit se declaró culpable a un cargo de conspiración internacional para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana, en violación del título 21 del Código de Estados Unidos.
Según la Fiscalía y de acuerdo con las presentaciones judiciales y los hechos presentados durante el proceso de declaración de culpabilidad, desde enero de 2013 hasta febrero de 2017, Veytia usó su posición oficial como Fiscal general del Estado para ayudar e instigar a las organizaciones de narcotráfico que operan en el estado mexicano de Nayarit a cambio de coimas.
Veytia, quien era responsable de hacer cumplir la ley en Nayarit, habría protegido las actividades de tráfico de drogas relacionadas con la distribución dentro de los Estados Unidos, según la versión del Gobierno Norteamericano.
El caso fue investigado por la DEA, el FBI y HSI como parte de las Fuerzas de Tarea de Ejecución de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF).
Con información de Sinembargo.
