Rosario Robles pasaría 7 años en prisión si recibe sentencia

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Rosario Robles, extitular de Sedesol y luego de Sedatu en el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, ya se presentó ante un juez para defenderse de las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

La exsecretaria enfrenta un juicio por el presunto daño a las arcas públicas por 5,000 millones de pesos mientras fue titular de ambos organismos. El caso es popularmente conocido como la Estafa Maestra.

Pese a las dudas respecto a si Robles se presentaría a declarar ante el juez del Reclusorio Sur, la exfuncionaria apareció junto a sus abogados, hermanas e hija.

Como en otros momentos, Rosario Robles sigue la estrategia de presentarse en público y alardear de su valentía e inocencia. Frente a los medios que la esperaban, declaró escuetas palabras que reiteraban su inocencia.

Con la exsecretaria sentada en el banquillo de los acusados, las dudas respecto a la sentencia de Robles quedan en el aire.

Hay quienes aseguran que si Rosario es declarada culpable, únicamente pasaría 7 años en prisión. Algo que parece inaudito tomando en cuenta los 5,000 millones desviados.

Por otro lado, hay quienes dicen que si la extitular de Sedesol y Sedatu es encontrada culpable, podría pagar una fianza para cumplir la pena bajo arresto domiciliario.

Suspendida la audiencia del 8 de agosto a petición de la defensa de Robles, el proceso se reiniciará el próximo lunes 12 de agosto, esperando que la exfuncionaria se presente y no decida volverse prófuga de la justicia.

Ante tales efectos, la defensa de Robles Berlanga ya le tramitó un amparo por lo que pueda suceder en los próximos días.

Aunado a esto, la FGR no pidió medidas cautelares para la exfuncionaria, lo que al juez del caso le pareció sin precedentes.

Acusada de omisión

La FGR acusó que durante su gestión como titular de la Sedesol (2012-2015) y la Sedatu (2015-2018), tuvo pleno conocimiento, de manera verbal y también escrita, de 27 convenios irregulares con instituciones educativas en diversos estados del país.

Estos convenios fueron realizados, según las autoridades mexicanas, con universidades autónomas y politécnicas, ambas públicas, por servicios «no requeridos y mucho menos» realizados, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de Morelos, la Universidad Politécnica de Quintana Roo y también con la radio y televisión pública en Hidalgo.

Sin embargo, para la Fiscalía, la mujer de 63 años no informó a su jefe, el presidente Peña Nieto (que gobernó el país entre 2012 y 2018), de las irregularidades, algo que era su obligación, por lo que habría permitido los desvíos.