Monsanto quiere hacerse con 2 millones de hectáreas en México

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Los permisos que el Gobierno de Enrique Peña Nieto otorgó a Monsanto han puesto en un predicamento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este lunes, los intensos intercambios y opiniones en las altas esferas de la Suprema Corte llegarán a una solución, toda vez que los ministros definan un fallo clave para el negocio de Monsanto, el gigante mundial de los agronegocios.

Lo que hasta hace unas semanas parecía un asunto resuelto a favor de la compañía, en las últimas horas ha tomado otro giro y se resolverá en el pleno de la Corte.

El conflicto se inició en el sexenio anterior, cuando el gobernador de Yucatán, Rolando Zapata se inconformó contra la Administración Federal.

La inconformidad surgió por el permiso que el gobierno de Enrique Peña Nieto le dio a Monsato para sembrar dos millones de hectáreas de soja transgénica en estados del sur del país, fundamentalmente en Yucatán.

Las quejas de Zapata apuntaron a que Monsanto afectaría la salud de pobladores rurales por los supuestos químicos que esta empresa utilizaría.

También señaló que el proyecto de Monsanto agravaría la precaria economía de los pobladores, ya que un alto porcentaje de esa población depende de sus cultivos y la venta de sus productos como único modo de subsistencia.

La decisión es de Zaldívar

El proyecto a discutir lo redactó el ministro José Fernando Franco y, según fuentes del tribunal, viene perfilado a favor de la postura de la empresa, que alega que tiene un permiso de la pasada administración Federal.

Franco, así como Medina Mora creen que la queja de Yucatán no procede porque es una discusión sobre federalismo y la separación de competencias es muy clara.

Aunque el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, estaba en esa sintonía, las dudas lo han asaltado y ahora no hay nada seguro.

Dos ministros rechazan el planteo de Franco y alegan que es una cuestión de derechos humanos y no de federalismo. Se trata de Norma Piña y de Yasmín Esquivel.

Piña y Esquivel se sustentan en un fallo del 2014 en el cual la Corte le retiró el permiso a Monsanto para sembrar hectáreas en Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. El argumento de la Corte fue que el sembrado causaba daños irreversibles en el medioambiente.

Durante el fin de semana Piña y Esquivel compartieron a sus pares datos e imágenes sobre daños que habrían sido ocasionados por Monsanto en otras latitudes.

Ambas ministras aseguran que ya tienen tres votos más de su lado, pero requieren de uno adicional. Es ahí donde Zaldívar se vuelve clave.