Baja California pagará 120 millones al mes, deuda que deja Kiko Vega
El control que tiene el gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, del Congreso del Estado elimina el equilibrio de poderes y este costo lo deben pagar los ciudadanos bajacalifornianos.
Puntualmente tendrán que pagar 120 millones de pesos al mes durante 37 años, esto producto de lo aprobado en el Congreso del Estado en días pasados, al autorizar la reestructuración de la deuda pública, así como el financiamiento de la desalinizadora de Playas de Rosarito y del Segundo Piso en Tijuana, ambas por medio de Asociaciones Público Privadas (APPs).
El 28 de marzo, la mesa directiva del Congreso aprovechó un receso para modificar la orden del día, la cual había sido aprobada al inicio de la sesión ordinaria, para así incluir un dictamen suscrito por el diputado panista Ignacio García Dworak para aprobar el refinanciamiento de la deuda y los contratos de las dos APPs.
Un día después, el 29 de marzo, a pesar de la falta de información y la prisa, con 12 votos a favor y 5 en contra se aprobó una reestructuración de la deuda del estado, que se pagará durante 37 años con mensualidades de 120 millones de pesos para la realización de los dos proyectos.
Tras la aprobación, el 30 de marzo, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid insistió en que lo aprobado por el Congreso local solo es una estrategia de ahorro. Es un recurso al que no se le puede llamar deuda porque va a ser parte del pago para poder llevar a cabo otros proyectos, además que significaría ahorrar 400 millones de pesos, pero no dio detalles de proyectos o inversiones.
Los empresarios se quejan
En una franca oposición a la línea dictada por el gobernador, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Baja California expresó su rechazo al endeudamiento aprobado por el Congreso local.
En conferencia de prensa, los empresarios reprobaron “la manera con la que el Ejecutivo y los diputados se condujeron: sin transparencia, sin análisis, dándole la espalda a la sociedad y poniendo en riesgo los ingresos del estado para garantizar el pago a dichos proyectos, en un momento en el que ya se enfrenta una situación claramente muy complicada”.
“Consideramos inadmisible que se apruebe el refinanciamiento de la deuda sin que se haya socializado suficientemente. En diciembre acordamos con el señor gobernador crear el Consejo Consultivo Financiero para apoyar en el análisis de las finanzas públicas y construir soluciones junto con la sociedad. Sin embargo, se nos ha privado de la información necesaria y ahora, de la oportunidad de lograr algo significativo. Vemos pues que no hay voluntad”, suscribió el grupo empresarial.
Gabriel Camarena Salinas, presidente del CCE de Tijuana, señaló que esperan que en una semana el gobernador dé respuesta si continuarán con los trabajos conjuntos, para los cuales la cúpula empresarial contrató un despacho privado, para decidir cuál es la mejor opción de refinanciamiento para la deuda pública estatal.
Con información de ZetaTijuana.
