No se sabe cómo se usaron más de 52,000 millones en congresos estatales

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La organización civil Redes Quinto Poder detectó en una investigación que el poder Judicial y los congresos locales en algunas entidades han manejado miles de millones de pesos en los últimos cinco años sin que estos puedan detectar o saber para qué se usaron.

Esta acción representa un incumplimiento al artículo 27 del código fiscal que obliga a personas físicas y Morales a comprobar sus ingresos.

La investigación arroja que en los últimos cinco años el poder Judicial manejó más de 31,000 millones de pesos en Baja California, Nuevo León, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí; además los congresos del Estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora tuvieron un presupuesto de 21,797 millones de pesos, que se ejercieron en lo oscurito.

Estas cantidades no pueden ser rastreadas con precisión ya que no hay un RFC donde puedan ubicarse los gastos por las adquisiciones de los órganos encargados de impartir justicia.

Esta práctica conduce a que en dichos casos los funcionarios no deban preocuparse por transparentar o justificar sus gastos.

En diversos estados la auditoría superior encontró irregularidades, fundamentalmente en la falta de elaboración de recibos oficiales, lo que origina que el dinero no pueda ser rastreado y su uso sea completamente oscuro.

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Entre los casos más extremos encuentra el poder judicial de Nuevo León, que sumó un presupuesto de más de 10,000 millones de pesos en los últimos cinco años, más del doble de Baja California, Sonora y San Luis Potosí, dinero que no se sabe en qué se utilizó.

Por otra parte, la indagatoria de la asociación civil arrojó que los diputados locales gozan de varios privilegios, más allá del monto de sus salarios, pues también cuentan con beneficios fiscales, como es el caso del Estado de México, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y San Luis Potosí.

En esas entidades, los legisladores registran sus gastos y facturas con el RFC del Gobierno estatal, por lo que existen diversas dificultades para rastrear el destino final de los recursos y para hacer valer el Impuesto Sobre la Renta.