Incineraron más de 1,500 cuerpos sin identificar en Jalisco
Desde el 1 enero de 2006 al 31 octubre de 2018, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) incineró los cuerpos de más de mil 500 personas que no fueron identificadas y, realizó la cremación de por lo menos una osamenta y 32 restos óseos que no fueron reclamados por sus familiares, pero sin tampoco haber aclarado a cuántas personas correspondían los restos.
De acuerdo con el informe Incineraciones de Cuerpos no Identificados, Crímenes sin Justicia: Jalisco, realizado por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (DEPAD), el IJCF cometió una serie de violaciones a los derechos humanos al haber incinerado a por lo menos mil 571 personas fallecidas no identificadas.
Según el informe, durante años han existido deficiencias en los procesos de identificación, registro y conservación de cuerpos y evidencias, que han sido incinerados fuera del marco normativo internacional, nacional y estatal, ocasionando la obstaculización del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas y los familiares.
El DEPAD señala que la incineración de los cuerpos no identificados se ha realizado de manera generalizada, sistemática y reglamentada, bajo la complicidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por haber entregado en algunos casos certificados de defunciones sin precisar la causal de los decesos.
A pesar de que México a nivel nacional se ha desarrollado todo un marco normativo que regula los procesos de incineración de cuerpos, éstas no han sido construidas desde una perspectiva de los derechos humanos, ni tampoco toman en cuentan los impactos y las consecuencias que pueden ocasionar la cremación de personas no identificadas, denuncia en su informe el DEPAD.
Entre las principales normas que regulan los procesos de incineración de cuerpos a nivel nacional se hallan la Ley General de Salud; la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos; La Ley General de Víctimas, entre otras.
Además de que a nivel estatal también la Ley General de Salud del Estado de Jalisco establece en el artículo 101, que ninguna inhumación o cremación se harán sin la autorización escrita del Oficial del Registro Civil:
“La inhumación o cremación se efectuará en un lapso de 12 a 48 horas después del fallecimiento, salvo lo que se ordene por la autoridad que corresponda o en los casos en que la persona sea donadora de órganos podrá extenderse hasta 72 horas”
El contexto
Aunque en México la Ley General de Víctimas prohíbe la cremación de cuerpos de personas no identificadas, el DEPAD ha logrado documentar los casos de familiares de personas desparecidas a las que la Agencia del Ministerio Público y el IJCF intentaron entregar las cenizas de sus “desaparecidos”, sin la existencia de pruebas forenses que acreditaran su identidad.
De acuerdo con datos del informe, de 2006 a 2015, de mil 581 cuerpos de personas identificadas, solamente a 803 les fue tomado su perfil genético previamente a la cremación, mientras que 778 fueron incinerados sin haber pasado por este proceso, aunque se estima que en el 90% de los casos, no se encontraron las pruebas suficientes que garantizaran su correcta identificación.
Sumado a esto, se tiene estimado que en los últimos 11 años han desaparecido más de 25 mil personas en el estado de Jalisco, de las cuales más de 7 mil siguen con el estatus de desparecidos, mientras que en el mismo periodo de tiempo han sido halladas 198 fosas, de las que tampoco se han precisado el número de cuerpos encontrados.
Las inconsistencias
Durante septiembre de 2018, a nivel nacional se dio a conocer la localización de 444 cuerpos que fueron depositados en contenedores de tráileres, bajo el argumento de que las instalaciones forenses se encontraban saturadas, lo que les impedía a las autoridades de Jalisco albergar los cadáveres.
Sin embargo, el informe Incineraciones de Cuerpos no Identificados, Crímenes sin Justicia: Jalisco, indica una serie de inconsistencias en datos proporcionados por las autoridades locales a la hora de precisar cuántos cuerpos han sido cremados sin haber sido identificados.
En una primera solicitud de información realizada en 2017 por el CEPAD sobre las cifras de los cuerpos incinerados no identificados de 2006 a 2015, el IJCF señaló a mil 560 cuerpos, mientras que en una segunda solicitud hecha un año después sobre el periodo 2005-2018, se informó sobre mil 571, de los cuales mil 430 no fueron identificados.
Asimismo, el periodista Darwin Franco en una tercera solicitud recibió la respuesta, también en 2018, de mil 581 cuerpos incinerados: 778 sin muestras de ADN. En tanto que la Fiscalía de Derechos Humanos (FGJ), solamente tiene reportado 553 cuerpos incinerados en un periodo de 1997-2015.
Aunado a esto, medios como Milenio han publicado cifras sobre el mismo tema cuantificando de 2008 a 2015 ha por los menos mil 334 cuerpos, sumando a El Universal (1997-2015) con 2 mil 775 casos, y el articulo “Desaparecer a los desaparecidos” de Alejandra Guillen da la cifra de por los menos 2 mil 724.
