Continúan los casos de militares que abusan y presionan a las víctimas
La polémica con la llamada Guardia Nacional es la militarización de la seguridad pública y no la civilización de las fuerzas castrenses, que se han caracterizado por sus constantes abusos y violaciones a los derechos humanos.
Uno de los casos más recientes es el de Yéssica Guadalupe Medrano Hernández, quien sostiene una acusación contra elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Me dispararon sin motivo y cuando caí llegaron a darme de patadas. Un paramédico de ellos llegó a ayudarme y otro soldado le gritó: ‘¡Déjala que se muera la perra, se la va a llevar la verga!’. También escuché a una señora que les decía a los soldados que me dejaran, que no era animal”, recuerda en entrevista la mujer de 21 años.
El ataque, tuvo lugar el 29 de diciembre del 2018 en Nuevo Laredo, fue acusada de portar cartuchos y cargadores de arma de fuego, por lo que a plena luz del día, cuando ella y una amiga circulaban en su auto Honda gris, le dispararon sin razón alguna.
Yéssica, madre soltera de dos niños, uno de cuatro años y otro de 15 meses, narra la forma en que oficiales de la Sedena la presionaron para “otorgar el perdón” a los militares que la agredieron, tras reconocer el error de estos.
Nancy cuenta que se sintió aterrada cuando escuchó disparos y vio gente correr por las calles, por lo que ella y su amiga Rubí no dudaron en salir del auto para escapar.
“Al bajarme yo, me dicen los soldados que me pare. Cuando volteo, veo cuando uno de ellos se hinca para dispararme. Yo no traía nada y empecé a correr otra vez. A media cuadra siento que me pegan del lado derecho; caí junto a un carro y me empezaron a pegar, querían que prendiera un radio que ellos traían en la mano y les dije que no: ‘Eso no es mío, no lo voy a agarrar’. Empezaron a darme patadas en el pecho”, cuenta, a punto de llorar.
Intervenida en el Hospital General de Nuevo Laredo para extraerle una esquirla del riñón, Yéssica despertó horas más tarde con un cambio radical en su vida: se le acusaba de transportar dos cargadores y 62 cartuchos calibre .223, cinco de ellos percutidos, por lo que estaba detenida. Esos cargos se los leyó el titular de la Agencia Segunda Investigadora de la Procuraduría General de la República (PGR), Jorge Alberto Quintero Ponciano.
La presionan para perdonar
Horas después de ser intervenida quirúrgicamente y notificada de las acusaciones en su contra, Yéssica recibió la visita de dos hombres con corte de pelo militar acompañados de una mujer, todos vestidos de civil, quienes sacaron a los dos policías estatales que la custodiaban, cerraron la puerta y corrieron las cortinas.
El que iba al mando se presentó como sargento y dijo que iba en representación de los militares que la hirieron, en busca de su perdón a cambio de una indemnización y de hacerse cargo de su salud, para lo cual tendría que ser trasladada a un hospital militar en Monterrey, Nuevo León.
Ante la resistencia de la joven, quien había pedido al fiscal Quintero que se hicieran pruebas de radizonato y de dactiloscopia en los cartuchos que supuestamente encontraron en su vehículo, el militar recurrió a otros métodos.
“Me dice: ‘Piénsalo, tú no sabes ahorita dónde vas a parar, no sabes si vas a parar a la cárcel. Piensa en tus hijos, en tu mamá’. Tuve miedo, me sentí presionada. En pocas palabras, me decían que si no hacía lo que él decía, iba a ir presa saliendo del hospital”, sostiene Medrano Hernández.
“Me hicieron sentir que la única salida eran ellos –dice Yéssica entre lágrimas–, porque al fiscal se le dijo que para pasado mañana estaba bien, y no me sentía bien para salir del hospital. No sabía dónde iba a parar. Y ellos dicen que me quitan los cargos y me llevan a Monterrey para que esté bien… Entonces firmé.”
Pese a la protesta de los policías que la resguardaban, a solicitud del agente del Ministerio Público federal, el mismo día la joven fue trasladada al Hospital Militar de Monterrey, donde permaneció hasta el 9 de enero.
Busca justicia
De regreso a Nuevo Laredo, apoyada en el testimonio de su acompañante y con la asesoría de Martín Alvarado García y Alejandro López Zárate, abogados del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), el 12 de enero Yéssica interpuso una querella formal en contra de los elementos de la Sedena que atentaron contra su vida.
“Yo lo que quiero es justicia, porque los soldados no debieron dispararme. Si supiera que ese día iba armada, ¿para qué iba a poner una denuncia?”, puntualiza.
Según López Zárate, le solicitaron a la autoridad ministerial las videograbaciones de cámaras de vigilancia de al menos seis negocios en el área donde la joven fue atacada, así como la comparecencia de los militares que participaron en el operativo. “Pedimos a los negocios las grabaciones, porque con ellos podemos evidenciar que lo dicho por los soldados no está apegado a la verdad, y que atacaron a Yéssica sin razón”, explica el abogado.
