Diputados de Aguascalientes aprueba ley que determina la Primera Infancia desde la gestación
Diputados del Congreso local de Aguascalientes aprobaron reformas a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que determinan el concepto de Primera Infancia, desde la etapa que inicia la gestación y se prolonga hasta los ochos años de edad.
Esta iniciativa fue presentada por la diputada Paloma Amézquita Carreón, perteneciente al grupo parlamentario mixto del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Encuentro Social, además de que también encabeza la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez.
La modificación a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes correspondió a la fracción XIX del Artículo 4 que en un inicio estipulaba a la primera infancia como “primera etapa de la niñez que comprende desde la gestación, hasta los ocho años de edad.”
Sin embargo, horas más tarde fue modificada y se eliminó la palabra “gestación”, quedando al final como “la primera etapa de la niñez que comprende hasta los cinco años”, sin especificar el comienzo.
Se manifiestan en contra de la reforma antiaborto
Tras lo aprobado por el Congreso local, asociaciones, grupos feministas y colectivos en pro de los derechos humanos se manifestaron a las afueras del palacio legislativo para expresar su rechazo a las modificaciones, ya que, la consideraron como un paso más para impedir la despenalización del aborto en Aguascalientes.
Asimismo, señalaron a la diputada del PES, Aída Karina Banda Iglesias, quien actualmente preside la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, de haber pedido permiso a la mesa directiva para ausentarse y no atender los cuestionamientos sobre el tema de las garantías.
El Observatorio de Violencia Social de Género (OVSG) aseguró que el Congreso del estado carece de fundamentos legislativos, aseverando que la decisión tomada por los diputados se debe a los compromisos que tienen con los grupos conservadores del estado.
Algunos activistas señalaron a la diputada panista Paloma Amézquita, de acudir al congreso con un pañuelo azul celeste en su mano izquierda, una prenda que utilizan los grupos “pro-vida”.
El OVSG indicó que la reforma fue aprobada sin una discusión sobre los derechos humanos, añadiendo que esta ley sólo provocaría confusión y argumentos que podrían utilizar los funcionarios para no hacer cumplir las garantías, además de que se estarían contradiciendo tratados internacionales.
Incluso otros grupos feministas recordaron que las mujeres pueden ampararse gracias a la Norma Oficial Mexicana 406-SSA2-20005 (NOM) que permite la interrupción del embarazo en menores de edad que son víctimas de violación sexual, y que es de carácter federal, por lo que, si algún servidor publico se niega a realizar el procedimiento se puede iniciar un proceso en su contra.
Ley anti aborto
Organizaciones de la sociedad civil acusaron a los diputados del PAN y del PES de haber pasado el dictamen de “madrugada” y de querer que el pleno vote y apruebe la ley antes de que termine el 2018.
De ser aprobada, Aguascalientes se convertiría en el estado número 20 en haber reformado la ley para proteger la vida desde el momento de la concepción, por lo que se estaría uniendo a Chihuahua, Chiapas, Durango, Guanajuato, Colima, Jalisco, Nayarit, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Puebla,Quintana Roo, Sinaloa, Baja California, Yucatán, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.
De acuerdo con el informe “Maternidad o Castigo: La Criminalización del Aborto en México” elaborado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en el país la regulación del aborto sigue siendo un servicio médico restrictivo para las mujeres, debido a que los códigos penales de cada estado siguen siendo excluyentes y son aplicados bajo una situación de discriminación jurídica.
El estudio asegura que en México cada día, una persona es denunciada por aborto, indicando que la razones por las que las mujeres acuden a este método pueden ser varias : económicas,inseminación artificial no consentida, salud, alteraciones graves en el producto, peligro de muerte y violación.
Sin embargo, muchas mujeres pasan años de su vida en prisión y son sentenciadas sin que existan pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad como homicidas, incluyendo casos de partos fortuitos que se han suscitado en el patios o baños de casas, y cuyos recién nacidos murieron.
A nivel federal el aborto puede ser penalizado de un año a 5 años de prisión, además de que en estados como Baja California, Morelia, Oaxaca, Puebla, Sonora y Tamaulipas, también se pueden aplicar sentencias que van de uno, a 5 o hasta 6 años en la cárcel.
Cifras del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) de la Ciudad de México señalan que del 2007 hasta agosto del 2018 fueron atendidas 199 mil 230 mujeres, provenientes de los 32 estados del país.
