El Istmo de Tehuantepec: utilizado por Peña y promovido con AMLO
Entre los diversos proyectos que se llevarán a consulta por el nuevo Gobierno del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, se encuentra la renovación de la ruta de tren de carga para el Istmo de Tehuantepec, sin embargo, esa región del país presenta diversos retos, sobre todo de corte social.
El Istmo de Tehuantepec es la franja de tierra más delgada del país, donde el Atlántico y el Pacífico están separados por apenas 200 km. Los vientos del oeste mueven las turbinas generadoras de electricidad, en el exuberante suelo crece el limón, el mango y otros cultivos, y es el corazón de una vibrante cultura indígena zapoteca.
El caso de la eólicas
En Oaxaca se han instalado, desde 2016, 27 parques de energía eólica con capacidad para generar 2 mil 360 mega watts. La mayoría de ellos, localizados en el Istmo de Tehuantepec, se han establecido a costa de las poblaciones indígenas de la región que desde tiempos ancestrales han protegido el territorio.
Al Istmo, el saqueo llegó en forma de contratos de renta que prometieron pagos anuales de 100 mil pesos, sin especificar afectaciones ecológicas, sociales y culturales; y así, por más de 20 años, los pobladores han quedado ocultos frente a un discurso empresarial y gubernamental que aboga por la generación de energía renovable que disminuya la dependencia de recursos escasos como el petróleo.
Sin embargo, para los habitantes de la región la alternativa verde ha tenido implicaciones que significan el cierre de oportunidades, el despojo, el desplazamiento y la perdida de algunos usos y costumbres.
Como lo indica Bettina Cruz Velázquez, activista indígena y fundadoras de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT), el modo de actuar de las empresas fue dividir en polígonos a las poblaciones para desinformarlos y ofrecerles rentar la tierra de forma individual, sin importar la organización comunal.
Aunado a ese hecho, el control territorial es prácticamente total por parte de las empresas, que prohíben el paso a las personas para realizar sus actividades cotidianas, a esto se suma la contaminación de la tierra y el agua, la devastación de los cerros y el paisaje, la basura de los aceites lanzados hacia los ríos y el ruido que enferma a animales y personas.
La postura istmeña
Los habitantes del Istmo de Tehuantepec no están en contra de las energías renovables o de su implementación, lo que reclaman es la falta de consulta y la acumulación de perjuicios, además de los escasos beneficios que les deja a las comunidades.
Un ejemplo de la relación desigual entre pobladores y empresas es que a pesar de la presencia de las empresas energéticas, en su mayoría españolas, las comunidades istmeñas padecen un deficiente servicio de energía eléctrica y los precios son sumamente elevados.
Las comunidades indígenas también defienden su libertad en las consultas organizadas por el Gobierno mexicano, defendiendo su derecho a decidir excluyendo a quienes no habiten en la zona consultada.
La violencia del sexenio de Peña
En el gobierno de Enrique Peña Nieto la violencia contra los protectores de la tierra y el territorio fue uno de los móviles predilectos, indica Bettina, quien fue hostigada y encarcelada en el sexenio que termina, y todo por defender los derechos de su comunidad.
Entre 2016 y 2017, la organización internacional Global Witness documentó 11 asesinatos, de los cuáles ocho se registraron en los primeros cinco meses del segundo año mencionado. Las campañas de odio y los ataques, muchas veces terminados en asesinatos, son sucesos frecuentes para quienes defienden la naturaleza “pensando en la vida”.
Aunado a esto, las consultas promovidas por el Gobierno de Peña nunca tomaron en cuenta la verdadera postura de las comunidades, ya que las decisiones respecto a los proyectos ya estaban tomadas.
Entre 2014 y 2015 se realizó en la región una “supuesta consulta” para continuar con la construcción de nuevos parques. Los istmeños denunciaron que la misma no cumplía con las normas consideradas por el Marco Internacional de Derechos de Pueblos Indígenas, en el que se estable que éstas deben ser previas, bien informadas y de buena fe.
A pesar de las malas decisiones y de la operaciones “falsas”, en enero de 2018 los habitantes de la región tuvieron un triunfo histórico, luego de haber interpuesto recursos que incluían la denuncia de la consulta: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó un amparo a las comunidades de Juchitán, Oaxaca, contra el nuevo proyecto de Eólica del Sur. Aún se espera que el fallo de la sentencia resulte a favor de las comunidades indígenas.
