Por cada peso en campañas hay otros 15 que entran de manera ilegal: MCCI | BREAKING
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Por cada peso en campañas hay otros 15 que entran de manera ilegal: MCCI

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El día de ayer se dio a conocer el reporte Dinero bajo la mesa: financiamiento y gasto ilegal en campañas políticas de México. En este estudio se muestra cómo las campañas políticas utilizan dinero ilegal, ya sea público o privado, para ganar las elecciones. El dinero se ocupa para comprar beneficios futuros, por ejemplo: permisos especiales, contratos de obra pública, asegurar la impunidad, entre otras cosas.

El reporte demuestra que la manera en que se financian las campañas ha fracasado para que no haya dinero ilegal y se necesita una reforma total para acabar con este problema. El estudio fue coordinado por la Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar y el Director General de Integralia Consultores, Luis Carlos Ugalde. Se realizó mediante una investigación documental, hemerográfica y al menos 60 entrevistas con actores vinculados a campañas.

Entre los principales descubrimientos del estudio se encuentran que: de cada peso reportado en las campañas a gobernador, hay 15 pesos que nunca se reportan y cuyo origen se desconoce. Los candidatos a gobernador gastan diez veces más que lo que legalmente se estipula. Las principales fuentes de financiamiento son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el crimen organizado.

Se gastan hasta 10 veces el límite

Una de las principales modalidades para desviar recursos públicos es con recaudaciones en efectivo que no llegan a las tesorerías, uso de facturas apócrifas, adjudicaciones directas, descuentos de nómina, entre otros. El desvío de recursos públicos es una práctica recurrente: la revisión de las Cuentas Públicas de 2012 a 2016 muestra que hay 243 mil millones de pesos sin comprobar, parte de este dinero es muy posible que haya sido utilizado para fines políticos.

Hacer financiamiento privado ilegal implica cometer delitos como lavado de dinero, defraudación, evasión fiscal, simulación de operaciones mediante empresas fantasma, entre otros. El dinero se da ya sea en efectivo o en especie, directamente al candidato o a un partido mediante terceros.

El reporte mostró que en las campañas para gobernadores se gasta diez veces más el límite de lo que está permitido. El promedio del gasto real ejercido en una campaña de gobernador podría rondar más o menos los 460 millones de pesos dependiendo de la entidad.

Existe una cultura de la ilegalidad en México

Uno de los usos más comunes de este dinero es el clientelismo electoral, por ejemplo en la compra del voto el día de la elección o cuando el día de la jornada electoral se da mucho efectivo para que las personas vayan a votar o para hacer operaciones con los representantes de casilla. Según el reporte, en un estado mediano este tipo de operaciones pueden requerir hasta 290 millones de pesos.

Los topes establecidos por la ley son demasiado bajos si se contrastan con el gasto real, estos topes son ideales para el «buen comportamiento» pero en la práctica no son respetados. La competitividad de los partidos ha hecho que cada vez se gasten más recursos para asegurarse la elección.

Este dinero forma parte de una cultura de la ilegalidad que permea muchos ámbitos de la política en México, prácticas como el clientelismo, la impunidad, un sistema de fiscalización imperfecto, la disposición del sector privado para quebrantar la ley y la pobreza del país son condiciones que permiten que se siga realizando esta práctica.

Para las elecciones de este año, partidos y candidatos recibirán 11 mil 844 millones de pesos. Seis mil 331 millones del INE y 5 mil 513 de organismos locales, pero el costo real será mucho mayor. Este año se tendrán las elecciones más caras y con mayor fondeo en la historia y dejarán una secuela de corrupción, ya que habrán contratos y permisos que el futuro gobierno tendrá que conceder para pagar a los donadores que el día de hoy dan dinero ilegal.

El INE no es suficiente para fiscalizar

La fiscalización de las campañas es insuficiente para atender el complejo problema del fondeo ilegal. Aunque el INE cuenta con mecanismos para auditar gastos, resultan insuficientes para detectar el flujo total de recursos que fluyen a las campañas. El INE puede reportar gastos observables como espectaculares, anuncios en Facebook, cosas que no hayan sido declaradas. Pero hay gastos que no son visibles como aquellos realizados en efectivo o en especie.

Por ejemplo, en las elecciones de gobernador de 2017 se descubrieron 276 millones de gastos no reportados, pero solo 31 millones de ingresos no reportados. Es decir, hay 244 millones de pesos que se gastaron pero se desconoce cuál es su origen.

Ante estos datos la reforma del 2014, en la que se dice que se anularán las elecciones cuando un partido rebase el 5 por ciento de su gasto permitido o cuando reciba recursos de procedencia ilícita, ni siquiera podría ponerse en práctica. El PRI fue el partido más multado entre 2016 y 2017 y pagó el 21 por ciento de las sanciones totales, luego Morena con 19.42 por ciento y después el PAN con 18.36 por ciento.

Al respecto, Luis Carlos Ugalde opinó que una manera de desactivar las estructuras clientelares de los partidos sería sancionar a los electores mexicanos que no acudan a votar ya que no es lo mismo comprar votos con una participación del 45 por ciento que con una del 85 por ciento del padrón.

Lee el reporte completo en Dinero bajo la mesa.

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