EPN adjudicó 128 mdp sin licitación para la construcción de un Centro de Datos
Bajo el supuesto objetivo de salvaguardar la seguridad nacional, la salud, vida y seguridad de todos los mexicanos, en 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto ordenó la construcción de un Centro de Datos, cuyo costo osciló los 128 millones de pesos, el cual adjudicó sin licitación a la firma Productos de Consumo Omega S.A de C.V, cuya directiva no es pública ni tampoco los nombres de sus dueños, de acuerdo con información publicada en el portal Sin embargo.mx
La publicación asegura que la decisión fue tomada por el gobierno, en medio de la crisis de popularidad más grande que ha vivido un mandatario mexicano en la historia contemporánea.
Asimismo, un año después, la Presidencia de la República reservó la información técnica del proyecto hasta 2026, utilizando un anexo técnico del contrato AD-SN-020-14 que concierne la custodia de la información respectiva a la Dirección General de Recursos Materiales de la Presidencia de la República.
Según estimaciones del diario, tal acción impide a los ciudadanos conocer la utilidad del centro, lo que archiva o si ha resultado efectiva la contratación de dicho servicio, sino hasta ocho años después de la salida de Peña Nieto de Los Pinos, es decir, a 12 años de la tragedia de Ayotzinapa.
A decir del portal informativo, el anexo técnico del contrato fue guardado con tres consideraciones:
Evitar el daño al interés público de preservar la seguridad nacional, mediante la realización de diversas conductas que interfieran con la operación del centro de datos, según asentó la Dirección General de Tecnologías de la Información en el oficio DGT/DAO/102//15 enviado al Comité de Información de la Presidencia.
La segunda se trata de impedir que el centro pueda ser blanco de ataques, mientras se encuentre en funcionamiento, por lo que se solicitó que la restricción de divulgación de la información comprendiera el máximo permitido por la ley.
Mientras que la tercera aborda la posibilidad de que se utilicen herramientas tecnológicas para querer dañar la información contenida en el centro de datos.
Vale recalcar que, según estimaciones del propio medio de comunicación, durante la administración de Enrique Peña Nieto, 55% de los contratos se realizaron sobre una adjudicación directa, sobre todo en el caso de servicios relacionados con Internet.
En tanto, 29.6% de los procesos se realizaron mediante una invitación a tres personas y 15% con licitación pública, porcentajes obtenidos mediante una revisión de los contratos de la Presidencia de la República de 2012 a la fecha, contenidos en el Portal de Obligaciones y Transparencia y comparados con la página Compranet, plataformas que permiten el conocimiento de las compras del Gobierno.
Aunque es preciso indicar que el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público menciona que las entidades del Gobierno pueden contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse a la licitación pública en varios casos, siendo uno de ellos cuando se trate de información que ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública.
Pese a ello en este caso, el portal señala que la falta de licitación en el servicio, permite mantener la poca confiabilidad en torno al proyecto, ya que datos como la dirección de la compañía, teléfono y los nombres de los inversores son un total misterio que incita a pensar en la ilegalidad.
Cabe señalar que hasta el momento de la publicación de esta nota, la información no ha sido señalada por la plataforma #Verificado2018, quien se encarga de determinar la veracidad de la información periodística.
