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Exigen la inmediata renuncia de Magistrado anticorrupción en Q.Roo por falsear información

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El 26 de diciembre pasado, Fernando Gama Rodríguez fue nombrado Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) de Quintana Roo, por la Diputación Permanente de la XV Legislatura de ese estado. Este cargó será ocupado por Gama Rodríguez por un periodo de ocho años, con la posibilidad de una reelección para cuatro años más.

Parte de las atribuciones de esta posición, son las de juzgar faltas administrativas graves de otros miembros del poder Legislativo: hechos de corrupción, o abuso del poder del cargo, aun pobre desempeño del mismo; sin embargo, para obtener el puesto Gama Rodríguez falseó su currículum para hacer constar que tenía 10 años de residencia en Quintana Roo, y así cumplir con el requisito indispensable de la convocatoria, mismo que se encuentra mandatado en el artículo 101 de la constitución de Quintana Roo.

En el tiempo en que dijo haber residido en este estado, y haberse desempeñado como conferencista para diversos colegios de Contaduría de Playa del Carmen, en materia de procedimientos fiscales; así como “asesor externo en materia de contribuciones federales, estatales y municipales, y como asesor en otras áreas específicas como medio ambiente, costo de transferencia, materia aduanera, importación, exportación y todo lo relacionado”, en realidad se estaba desempeñando como Abogado Dictaminador, bajo contrato de confianza en el sector central del Ejecutivo en el Estado de México.

Petición de información pública realizada por Somos tus ojos

De acuerdo a la denuncia y petición de renuncia que realizó Somos tus ojos, asociación dedicada a la búsqueda de transparencia en Quintana Roo, esta falta no sólo constituye el incumplimiento del requisito que mandata el artículo 101 de la constitución del estado, sino que viola también lo establecido por su fracción IV, que dicta que un aspirante a magistrado debe gozar de buena reputación, y no tener tras sus espaldas cualquier falta que “lastime la buena fe del concepto público”.

Fue precisamente Somos tus ojos la que reveló, a través de una petición pública de datos, que Gama Rodríguez trabajó en el Estado de México del 2008 al 2015 como abogado dictaminador, y por lo tanto no tenía los 10 años de residencia; y que, al mentir y falsear la información, viola el artículo 101 de la constitución, pero también el artículo 6 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Ésta dicta que: “los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público”.

Currículum de Fernando Gama Rodríguez, revelado por: Somos tus ojos

Con estos argumentos, Somos tus ojos exigió la inmediata renuncia del nuevo magistrado: “un corrupto no puede juzgar la corrupción”, sostuvo en su informe.

“Dio datos falsos sobre su actividad a partir de 2004, entonces cómo puede un magistrado que va a estar en el Tribunal de Justicia Administrativa, que tiene una relación muy estrecha con el sistema estatal anticorrupción, llegar al cargo por medio de mentiras, datos falsos y disimulos. El caso nos parece grave”, dijo, por otro lado, Fabiola Cortés Miranda, abogada y presidenta de la asociación.

Esta denuncia tuvo un eco importante entre los integrantes del Colegio de Profesionales en Derecho de Quintana Roo. Para ellos, no sólo el nombramiento de Gama Rodríguez estuvo nublado por información falsa o el uso discrecional de la misma, sino también el de otro magistrado: Isabel Cecilia Glennie.

Incluso, la convocatoria incumplía con los procesos desde el principio, y, por lo tanto, el TJA no podía constituirse: no sólo Gama Rodríguez, sino todos los magistrados debían de ser removidos.

En su parecer, fue el Poder Legislativo el que incurrió en actos de corrupción u omisión, al no aclarar en qué basaba la lista de 65 recomendados que envió la Diputación Permanente al Ejecutivo para elegir a los cinco magistrados, en primer lugar; y en segundo: en avalar el nombramiento de al menos dos de ellos que no cumplían con los requisitos mandatados por la ley.

Por ello, interpusieron una serie de cinco amparos para impugnar el nombramiento de los magistrados. Esto, después de que Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso Local, dijera que la Legislatura ya nada podía hacer, toda vez que la decisión había sido tomada, los magistrados habían tomado ya protesta y todo se había hecho público a través del diario oficial del estado.

El único recurso que quedaba, dijo, era que un ciudadano hiciera la denuncia de destitución por incumplimiento de los requisitos; y eso hicieron los abogados profesores del Colegio antes dicho, así como Cortés Miranda: interpusieron un amparo colectivo para que se destituya completo el tribunal.

El paso que sigue, de acuerdo a Cortés Miranda, es reunir las firmas de las personas interesadas en que el Tribunal se disuelva; la asociación Somos tus ojos espera que otros candidatos a las posiciones para el Tribunal se sumen a las quejas. El tiempo que ello pueda tardar, no obstante, no está claro.

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