Denuncian a la embajada de Canadá por encubrir en el asesinado de un ambientalista chiapaneco en el 2009

Organizaciones de la sociedad civil mexicanas y canadienses presentaron una denuncia contra la embajada de Canadá en México por supuestamente haber incurrido en el caso de un en el caso del ambientalista Mariano Abarca Roblero, quien fue asesinado en Chiapas cuando se realizaban protestas contra la minera Blackfire Exploration

Luego de haber recabado elementos que “prueban” el apoyo abierto que tuvo la embajada canadiense con la minera, le entregaron a Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (PSIC por sus siglas en inglés) la demanda que implicaría la investigación a la empresa trasnacional.

Dicha demanda fue presentada en la ciudad de Ottawa, y organizaciones como MiningWatch Canada y el Comité por los Derechos Humanos en América Latina (CDHAL), declararon que debido a las protestas que tienen lugar en México, han incrementado los niveles de peligrosidad a los que están expuestos habitantes de Chicomuselo, Chiapas.

Los señalamientos hechos en contra de Blackfire Exploration, señalan que “la diplomacia canadiense actuó de manera contraria a las políticas del gobierno”, por haber aparentemente encubierto las violaciones a la responsabilidad corporativa que “por ley deben regir las empresas de ese país.”

De acuerdo con las pruebas recabas, la embajada canadiense solicitó al gobierno mexicano que contuviera la protestas, e ignoró la solicitud de ayuda que había recibido por parte de pobladores.

Además de que luego de que Mariano Abarca fuera asesinado el 27 de noviembre del 2009, no ha habido investigaciones ni tampoco han sido castigados los preparadores del crimen, aun cuando su esposa y sus hijos interpusieron una demanda.

Abarca fue ultimado hace 9 años en medio de las protestas contra la Blackfire Exploration, y organizaciones como Otros Mundos, A.C. de Chiapas, aseguraron que el ambientalista cuando seguía vivo, recibió en varias ocasiones amenazas por parte de empleados de la minera canadiense.

«Mi papá acudió directamente a la embajada canadiense para solicitarles su apoyo, porque él y otros habitantes estaban recibiendo amenazas por parte de empleados de la empresa Blackfire«, dijo uno de los hijos del líder ambientalista.

La misma organización además de pedir que se investigue el caso, dijo también que sancionar a los involucrados como lo son varios diplomáticos, sería un ejemplo para que se hagan respetar las leyes y los tratados internaciones, lo cual aseguró sentaría un precedente para que cuando vuelva a surgir una cuestión parecida, se apeguen directamente los protocolos dictados en la ley.

A pesar de que días después de que Abarca fuera asesinado, la mina de barita de Blackfire fue clausurada por haber incurrido en violaciones ambientales, sin embargo, los demandantes aseguran la embajada nunca dejó de dar su respaldo a la trasnacional.

Aunado a esto, también se dieron a conocer unos correos electrónicos intercambiados por directivos de la minera y los diplomáticos, los cuales también fueron presentados como prueban. En uno de emails con fecha del 12 de septiembre se puede leer:

“Todos nosotros de Blackfire, agradecemos lo que la embajada hizo para ayudarnos a presionar al gobierno del estado (de Chiapas) para arrancar el proyecto (de la mina). No hubiéramos podido hacerlo sin su ayuda”.

También se evidencia que trabajadores de la minera canadiense agredieron físicamente a Mariano Abarca, quien luego de haber sido detenido por autoridades durante una semana, la empresa trasnacional aprovechó el momento y también lo demandó.

Y aunque abarca acudió junto con otros pobladores de Chicomuselo, a la embajada canadiense de la Ciudad de México, donde denunciaron a la empresa por el despojo de sus territorios, así como de ser los responsables por la contaminación del medio ambiente, nunca fueron recibidos por la diplomacia.

Finalmente, la familia de Mariano Abarca, acompañados por las organizaciones, Otros Mundos Chiapas y Mining Watch de Canadá, así como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), sentenciaron que con dichas pruebas se podrá comprobar las leyes que la minera violó.

“Con base en estos alegatos serios y fundamentados, solicitamos la investigación. Por qué con los actos y omisiones de la embajada, se creó un daño irreparable”. Además de que la familia del ambientalista denunció ser víctimas de amenazas y agresiones por parte de ex trabajadores de la empresa canadiense.

Con información de Aristegui Noticias