Periodistas de Sinaloa denuncian agresiones de funcionarios públicos durante todo 2017

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El presidente municipal de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez, ha sido señalado como uno de los funcionarios públicos que más agredió a periodistas de la zona sur de Sinaloa, durante el 2017; esto, en el reporte anual del Colectivo de Periodistas Por la Paz y la Libertad de Expresión.

Según el reporte, Pucheta Sánchez, de forma cotidiana, denuesta el trabajo de reporteros y periodistas, realiza acusaciones generalizadas sin aportar elementos de prueba, y evade responder o aportar información, sobre todo en temas de seguridad y obras públicas.

El Colectivo destaca que la actitud hostil del alcalde, así como el hermetismo de su administración respecto del aporte de información, se recrudeció en los últimos seis meses del pasado año; y lo atribuye no sólo al alza de los índices delictivos y homicidios dolosos en la región, sino a que Mazatlán fue designada como la sede del Tianguis Turístico 2018: un foro internacional que congrega a emprendedores del ramo, y por tanto, pretenden sanear la imagen de Sinaloa en el extranjero, y garantizar el éxito del evento.

Pone como ejemplo dos sucesos clave: el primero, el clima de hostilidad y hostigamiento que vivieron reporteros y periodistas de la región cuando, en protesta por el asesinato de su colega Javier Valdez Cárdenas, acaecido el 15 de mayo en Culiacán, salieron a manifestarse para exigir justicia; entonces, fueron grabados por elementos de la Policía Municipal a manera de intimidación: el acto fue denunciado por varios medios locales.

Y el segundo: agresiones físicas que sufrieron dos reporteras en la sala de Cabildo de Mazatlán, a manos de un grupo de gestoras al servicio del Ayuntamiento. El Colectivo, en respuesta: “exigió cesar este tipo de actos y sancionar a quien resultara responsable. Si bien el gobierno municipal reconoció que las agresoras formaban parte de la nómina del Ayuntamiento, no hubo ningún pronunciamiento oficial por parte del alcalde sobre estos hechos”, subraya en su reporte.

Además de Pucheta Sánchez, son al menos 17 agresores más los denunciados en el reporte: 18 en total: 17 de los cuales son servidores públicos; y en seis de los casos registrados, fueron agresiones directas contra la o el reportero, con el fin de evitar su trabajo; ya fuera impidiendo la toma de fotografías, reservando información pública, o acosando a los comunicadores. Campañas de difamación, censura o denostación pública, son otras de las agresiones preferidas por los servidores públicos sinaloenses.

“Por estas y otras agresiones, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS) emitió recomendaciones a la III Región Militar y a los ayuntamientos de Mazatlán y Escuinapa, sin que hasta la fecha ninguna de las autoridades implicadas haya externado una respuesta formal por estos hechos”, destaca el reporte.

La metodología del dicho, fue a través entrevistas directas a los afectados, y a partir del levantamiento y consulta de datos de los periódicos locales de mayor circulación: semanarios, portales informativos, y a través de la revisión de las publicaciones realizadas en la red desde el primero de enero, hasta el 31 de diciembre del 2017.

Para los periodistas del Colectivo, su informe y sus resultados, deben poner sobre alerta a empresas, medios y autoridades, ya que, considerando el clima de beligerancia que existe en el país, que ha sido ya considerado como uno de los más peligrosos para la labor periodística (con el registro de 13 homicidios a periodistas durante este año), estas agresiones aparentemente “menores” corren el riesgo de normalizarse.

Resulta grave que la mayoría de los responsables de estas agresiones sean funcionarios públicos, quienes son los primeros obligados en hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de los ciudadanos.  El llamado del COLECTIVO a los gobernantes de cualquier nivel es que hagan valer los derechos de libertad de expresión y de información, y mantengan una actitud de respeto hacia quienes buscan ejercerlos, como en este caso son los periodistas”, finaliza el Colectivo; exigiendo además sanciones para los culpables, y un principio de transparencia inamovible.

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