Gobierno de Javier Duarte deja tiradero de basura irregular en Medellín, ha costado 114 mdp
La administración de Javier Duarte ha dejado en Veracruz no solamente una devastación financiera y de seguridad, sino también una medio ambiental. Y es que al día de hoy existe en el municipio de Medellín, en Veracruz, un tiradero de basura a cielo abierto, de 110 hectáreas, que está afectando la vida de al menos cinco comunidades de la región.
El ahora tiradero a cielo abierto, fue avalado por la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz (Sedema), en 2012, como un relleno sanitario que contaría con una infraestructura de primera línea: celdas de disposición de residuos, sistemas de drenaje y de manejo de escurrimientos, sistemas de control de biogás, uno para la captación y conducción de lixiviados, y una cerca perimetral y una zona de separación de residuos y de amortiguamiento de basura.
Nada de eso se consiguió, ni siquiera se montó. El tiradero acumula la basura generada por más de 400,000 personas, y esconde graves omisiones de las dependencias encargadas del manejo de desechos, incluida la Sedema y el gobierno municipal de Boca del Río, a cargo de Miguel Ángel Yunes Márquez.
Los pobladores de las localidades de El Guayabo, Los Robles, y La Tasajera viven en condiciones insalubres, y en una fuerte exposición de gases y agua contaminada, lo que implica graves riesgos para su salud. Ya han iniciado un proceso para interponer un juicio de amparo por graves daños medioambientales.
De acuerdo con la investigación difundida en medios, las irregularidades del tiradero iniciaron durante el gobierno de Javier Duarte, cuando la Sedema, presidida en ese entonces por Víctor Alvarado Martínez, avaló la operación de un proyecto de relleno sanitario en el municipio de Medellín, dando por sentado que la compañía operadora del proyecto, la Procesadora de Residuos Veracruzanos S.A. de C.V (Prever), ya contaba en el sitio con oficinas, baños, caseta de vigilancia, caminos de acceso, así como una báscula para procesar la basura compactada.
La compañía ni contaba con esa infraestructura, ni cumplió con los términos del contrato, que le exigían el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT, que mandata a las compañías operadoras una infraestructura y un diseño operacional que garanticen el correcto manejo de los desechos urbanos.
Según la #NOM-083-SEMARNAT-2003, los #rellenos #sanitarios se categorizan de según la cantidad de #RSU y #RME que reciben diariamente
— Legalis (@Legalis_mx) August 20, 2017
Nada de eso existe, en el lugar, de acuerdo a la investigación de Israel Hernández, ni hay cerca perimetral, ni zona de amortiguamiento, ni básculas; la nave industrial, por otro lado, es un esqueleto de fierros inservibles, tampoco hay oficinas, ni caminos de acceso, ni nada.
El estado del tiradero de basura, ha pasado inadvertido incluso para la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA), presidida por Ricardo Colorado Alfonso: no ha impuesto multas ni ha iniciado procedimientos penales contra la compañía o sus operadores.
La PMA, por otro lado, es una dependencia de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, que a su vez depende de la Fiscalía General del Estado (FGE). Para esta instiución, el daño ambiental que ha causado el tiradero de Medellín, es grave, y su dictamen ha quedado alojado en la carpeta de investigación 1481/2016.
En ella, la FGE da cuenta de que existen graves daños medioambientales: se presenta contaminación del suelo, y del agua tanto superficial como subterránea. “Se aprecia que no es un relleno sanitario como lo marcan las normas en la materia, sino un tiradero a cielo abierto que no cumple con la NOM-083-SEMARNAT-2003; se observa, además, que la vegetación está seca por el exceso de ácidos de los residuos sólidos. Las sustancias ponen en peligro la salud humana, así como la actividad agropecuaria y ganadera de las zonas. Sí existe grave daño ambiental”, señala el dictamen de la FGE.
No hay daño ecológico por tiradero de basura en Medellín: Yunes Márquez…. https://t.co/a7KG05Oksn
— Radio Fórmula Ver (@radioformulaver) November 1, 2017
De acuerdo a la investigación, el proyecto del relleno sanitario habría sido impuesto en la región con engaños y medias verdades: los pobladores del lugar afirman que, en un principio, negaron su apoyo al proyecto, pero que después de hablar con los empresarios, y escuchar los beneficios que traería, aceptaron.
Los fundadores de Prever, Francisco Marlasca García y Roberto Rocha Ríos, incluso organizaron un viaje con cerca de un centenar de pobladores al estado de Puebla, en donde les mostraron una máquina compactadora de basura, importada de Europa, que sería igual a la del relleno de Medellín, después del viaje, los pobladores aceptaron.
La investigación subraya que, tanto Marlasca García como Rocha Ríos, guardaban intenciones fidedignas de instalar el relleno, sin embargo, la inversión inicial para el proyecto, de 20 millones de pesos, no fue suficiente e invitaron a terceros para invertir: los hermanos Julio y Juan Carlos Marquínez Fernández.
Los dos hermanos paulatinamente adquirieron la mayoría de las acciones del proyecto, y le quitaron la tutela de operaciones a Marlasca García y Rocha Ríos, en medio de graves conflictos que se habrían detonado por las intenciones de los hermanos en invertir dinero del proyecto para financiar las campañas políticas de Salvador Manzur Díaz y Marcos Isleño Andrade, ambos del PRI, para las alcaldías de Boca del Río y Medellín, respectivamente.
Los veracruzanos necesitan obras y acciones municipales, el adeudo de Duarte a los municipios es un problema grave. pic.twitter.com/qRHC2udynB
— Miguel Ángel Yunes (@MYunesMarquez) June 25, 2016
Una vez en el poder los dos candidatos, apoyados por Duarte, el destino de Prever y su proyecto de relleno sería muy otro. Los pagos por contratos de prestación de servicios iniciaron en 2011, y solo durante la administración de ambos, las erogaciones municipales llegaron a los 36 millones 540 mil pesos, por servicios nunca brindados.
Una vez iniciada la presidencia municipal en Boca del Río, de Miguel Ángel Yunes Márquez, los contratos se renovaron con una disposición de ajuste, a favor de Prever, del 5% anual. De 2014 a la fecha, el gobierno de Yunes ha erogado 36 millones 739 mil 10 pesos a Prever. El municipio de Medellín, por otro lado, calcula la investigación, ha pagado otros 41 millones 237 mil 404 pesos.
Las licencias de funcionamiento del tiradero, según palabras de Luis Gerardo Pérez Pérez, actual alcalde de Medellín, están en regla. Aunque los medios a través de los cuales los ha conseguido se ponen en duda.
Checa la investigación completa en Aristegui Noticias