Fiscalía pide desafuero para diputado ligado a Javier Duarte por desvío de 4 mil mdp
Alberto Silva, diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encuentra en riesgo de ser desaforado debido a una serie de acusaciones que lo relacionan con Gina Domínguez, ex vocera de Javier Duarte, quien presuntamente desvió más de 4 mil millones de pesos hacia más de una decena de empresas fantasma.
De acuerdo con investigaciones, Alberto, quien es diputado por el tercer distrito de Veracruz, fue cómplice de un movimiento que pagó a 12 empresas fantasma por servicios promocionales que el ayuntamiento jamás requirió.
Buenas relaciones públicas
La Fiscalía de Veracruz sostiene que, desde la Coordinación de Comunicación Social, encabezada primero por Domínguez y luego por Silva, se solicitaba a la Secretaría de Finanzas recursos pertenecientes a varias dependencias para el pago de supuestas campañas en medios de comunicación, sin el dictamen que acreditara dicho presupuesto.
Entonces, el dinero era destinado a compañías escogidas directamente por Comunicación Social, sin haber acreditado algún tipo de licitación pública ni rendir cuentas ni al órgano de Fiscalización del Estado, Contraloría, Congreso o el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, lo cual violaba múltiples disposiciones legales.
La investigación encontró cientos de facturas que muestran el desvió de recursos de otras dependencias como las secretarías de Seguridad Pública, Turismo, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Portuario, Educación, Salud, Protección Civil, Gobierno, Medio Ambiente, Desarrollo Agropecuario, Comunicaciones y la ex Procuraduría de Justicia del Estado para el pago de los supuestos servicios promocionales.
Según información presentada por el portal Animal Político en abril de 2017, hubo recursos que llegaron a compañías y medios vinculados directamente con Gina Domínguez. Información que al darle seguimiento dicho medio de comunicación, en diciembre de 2017, ratificó lo anteriormente expuesto acerca de que las empresas no realizaron licitación alguna para obtener los contratos.
Asimismo, el portal informó que tiene en su poder nuevos documentos que demuestran el desfalco durante la gestión de Gina Domínguez (de 2010 a 2014), periodo en que esa misma red de compañías, corroboradas por el servicio de Administración Tributaria como inexistentes, recibió casi 930 millones de pesos.
El jueves pasado, la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reiteró la información sobre los fraudes de ambos directores de Comunicación Social y agregó que durante el periodo de Gina Domínguez se destinaron a la firma denominada Cordocons SA de Cv, 17 millones y con Alberto Silva otros siete millones de pesos.
Empresas fantasma
De acuerdo con lo anterior, durante la administración de Duarte sus equipos de comunicación pagaron al menos 8 mil 727 millones de pesos en la imagen del exgobernador veracruzano, de los cuales casi mil millones, fueron autorizados y pagados o refacturados bajo las órdenes de Gina Domínguez.
Entre las empresas que estuvieron involucradas en las operaciones ilícitas se encuentran:
Centro de Recursos de Negocios S.A de C.V, Abastecedora Romcru S.A de C.V, Anzara S.A de C.V., Cynamed S.A de C.V., Grupo Balcano S.A de C.V., Desarrolladores Mercalim S.A de C.V. y Pefraco S.A de C.V.
Además de compañías como: Ravsan Servicios Múltiple S.A de C.V., Rinoxa S.A de C.V., Carrirey S.A de C.V., Marvercar S.A. de C.V y Diseños Tevet S de R.L. de C.V.
En este sentido, reportes de la Secretaría de Finanzas de Veracruz del 2010 al 2016 confirman que la mayor parte de estas operaciones fueron realizadas de forma preferente entre los bancos Bancomer, Banorte y Banamex.
“Por supuesto que los funcionarios de los bancos en Veracruz sabían lo que estaba sucediendo. El siguiente paso debe ser preguntarle a los bancos mexicanos o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre esos funcionarios”, puntualizó una fuente anónima, quien brindó la información pertinente al portal.
Respecto al desafuero
En cuanto a la solicitud de desafuero para el diputado Silva, las autoridades declararon que en cuanto ésta proceda ante el Congreso, será turnado a una Comisión Instructora para su análisis. Dicha comisión analizará los elementos que presente la Fiscalía para determinar si es procedente o no el desafuero.
Vale mencionar que no es la primera ocasión en que se solicita un desafuero para un legislador que colaboró con Duarte, pues en meses pasados el exfuncionario del gobierno de Javier Duarte, Antonio Tarek Abdalá, legislador vigente y ex secretario de Finanzas de la entidad fue juzgado por el mismo delito.
Sin embargo, la Comisión se negó a retirarle el fuero bajo el argumento de que el legislador tenía una demanda de amparo, sin siquiera elaborar un dictamen.
