En México se resuelve 1% de casos de agresiones a periodistas
México continúa siendo el país de la impunidad, las agresiones a periodistas y comunicadores son la prueba de una endeble estructura judicial, que en muchos de los casos no otorga justicia a las víctimas
Preocupante es la información de la organización Artículo 19, que reporta en su informe “Protocolo de la Impunidad en Delitos contra Periodistas”, que de 186 delitos cometidos entre 2010 y 2018 contra la libertad de expresión, en los que las víctimas fueron periodistas o medios de comunicación, el 99.13% han quedado impunes, y solo en 10 casos se obtuvieron sentencias condenatorias.
Artículo 19 documentó desde el 2000 a la fecha un total de 123 periodistas asesinados en el país, de los cuales, 48 fueron en el sexenio de Felipe Calderón; 47 en el de Enrique Peña Nieto, y 3 más han sido en los primeros 90 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En tanto que de 2003 a la fecha, 24 periodistas continúan como desaparecidos.
El informe plantea que este nivel de impunidad en México, las graves violaciones a los derechos humanos y niveles de violencia se deben, en parte, a la “desdibujada frontera entre autoridades y grupos criminales”.
Argumentan que ante estas condiciones “la libertad de expresión y el periodismo se han convertido en un frente de resistencia, atacado entre diversos fuegos, ya sea políticos, económicos, criminales o gubernamentales, por lo que las y los periodistas cada día ejercen su labor sin garantías y con un alto riesgo”.
El Estado no cumple
El informe de Artículo 19 señala que el Estado ha incumplido sus obligaciones de procuración e impartición de justicia para estos casos, con investigaciones que carecen de eficiencia, exhaustividad e imparcialidad; además de contar con Fiscalías o Procuradurías que suelen desacreditar u omitir la labor periodística de la víctima, criminalizarla o estigmatizarla, y en ocasiones, filtrar información contenida en los expedientes de manera tendenciosa y revictimizante.
Artículo 19 detectó que los obstáculos para conseguir justicia se enfrentan desde la investigación ministerial del caso, “donde se omiten diligencias importantes y no se tiene como prioridad la línea de investigación relacionada con la actividad periodística de las víctimas”.
Como consecuencia, no se logra el acceso a la justicia y los responsables o autores intelectuales de los delitos no son sancionados o castigados.
El análisis de Artículo 19 contempla las agresiones físicas; detenciones arbitrarias; hostigamiento y amenazas; fabricación de delito y proceso penal; tortura; desaparición, y homicidio u ejecución que sufren los periodistas en México.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contras la Libertad de Expresión (FEADLE), de 2010 a diciembre de 2018 se iniciaron 1,140 investigaciones, de las cuales ha consignado un total de 163, respecto al anterior sistema penal inquisitivo. En cuanto al sistema acusatorio, que entró en vigor en 2016, ha judicializado un total de 23 carpetas de investigación.
Con relación a los homicidios contra periodistas, la FEADLE registra 89 casos de 2010 a 2018, de los cuales en 44 no encontró relación con la labor periodística de la víctima, y en 45 sí la encontró. De estos 45 casos, 31 continúan en trámite y solo se han consignado o judicializado 4.
Las recomendaciones
El informe de Artículo 19 también plantea recomendaciones a diversas autoridades como la FEADLE, fiscalías y procuradurías estatales, así como a comisiones de derechos humanos y los distintos poderes y niveles de gobierno.
La recomendación para las autoridades encargadas de la procuración de justicia es que “se abstengan de estigmatizar y descalificar a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos así como no omitir su labor periodística”, pues “la línea de investigación relacionada con el periodismo debe ser prioritaria”.
Igualmente piden a las autoridades ministeriales, a nivel federal y estatal, “a observar y cumplir con lo establecido en el Protocolo Homologado para la Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión”, así como atender los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión.
A la Fiscalía General de la República (FGR) solicita capacitar a su personal en materia de derechos humanos, en técnicas de investigación, relación y trato con personas víctimas, así como aplicar una perspectiva psicosocial.
