Silvano, el gobernador en pelea constante con los maestros
A pesar de las exigencias de empresarios y trabajadores, Silvano Aureoles, gobernador perredista de Michoacán, no ha podido resolver los conflictos que azotan su estado y que está sumiendo a la economía michoacana en una debacle.
El gobernador enfrenta una crisis de gobernabilidad ante la decisión del magisterio de bloquear siete puntos estratégicos ferroviarios en Michoacán (Lázaro Cárdenas, Maravatío, Múgica, La Piedad, Yurécuaro, Uruapan y Pátzcuaro), además de la toma de 90% de las presidencias municipales, 58 oficinas de rentas y plantones en la capital, Morelia.
El conflicto se agudizó el lunes 14 de enero, cuando los maestros obstruyeron las vías férreas. Sin embargo, desde hace más de un año iniciaron los problemas porque no han cobrado sus salarios, bonos y prestaciones, algunas con un atraso de tres décadas y un estimado de 6 mil millones de pesos.
En diciembre pasado, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador entregó mil 650 millones de pesos al gobernador Silvano Aureoles, como adelanto de participaciones federales, para responder a los reclamos de los maestros.
No obstante, el dirigente sindical de la Sección 18, Víctor Zavala, asegura que no se sabe dónde esta ese dinero y por ello ha pedido que se haga una auditoria al gobierno estatal, con el fin detectar un posible desvío de recursos.
El conflicto se mantiene y los profesores rechazaron la propuesta del Gobierno federal de adelantar otros mil millones de pesos y avanzar en una mesa de negociación para levantar los bloqueos a las vías férreas.
Incluso, el gobierno de Michoacán anunció que comenzó a depositar la primera quincena de enero a los maestros y que también cuenta con recursos garantizados para pagar la segunda del mismo mes.
Los mentores disidentes de la Sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) rechazaron la propuesta y exigieron que se les pague el total de la deuda y se cubran otras demandas administrativas y políticas, lo que da largas al conflicto que a la fecha ha ocasionado pérdidas por 7 mil 500 millones de pesos para los sectores acerero, agrícola, cementero y energético.
Pese a ello, el gobernador Silvano Aureoles decidió viajar a España para difundir la imagen turística de Michoacán.
Se lavó las manos al argumentar que el conflicto magisterial tiene que resolverlo el gobierno federal, porque supuestamente le entregó la responsabilidad legal de la educación en noviembre del año pasado, puntualiza Víctor Zavala.
Pérdidas millonarias
Por separado, Vicente Yáñez, presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), denunció que el bloqueo magisterial a las vías férreas ya afectó los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo.
Detalló que en 10 días del bloqueo hay 129 trenes con 8 mil 200 contenedores detenidos, dentro de las cuales hay más de un millón de toneladas de insumos y productos, incluidos 300 mil barriles de gasolina y diésel que no pueden llegar a sus destinos, entre éstos el estado de Jalisco, que ya sufre desabasto.
En una conferencia en sus oficinas, el pasado miércoles 23, pidió que se resuelva lo más pronto posible el conflicto magisterial, porque –advirtió– están saturando las terminales de carga y eso afecta de forma importante las industrias de acero, automotriz, alimenticia química, petroquímica y productos terminados.
Responde el presidente
En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente admitió que el gobierno federal mandará recursos, pero aclaró que la intención no es resolver los problemas de esa manera. El dinero se daría en calidad de préstamo y como adelanto de participaciones, abundó.
“O sea, sí es una obligación del gobierno del estado de Michoacán, ellos tienen que asumirla, no es como se decía antes: ‘Problema político que se resuelve con dinero, no es problema’, ya no. Así no va a ser”, subrayó.
Los maestros michoacanos están esperanzados porque el delegado del gobierno federal, Roberto Pantoja, ya anunció que atenderán el problema. Pero el líder de la Sección 18 insiste que quien tiene que responder es el gobernador, “porque esto ya se convirtió en un problema social, de gobernabilidad, económico y político”.
