La PGR es incapaz de generar comisión para esclarecer Ayotzinapa
Una decisión histórica abrió el caso Ayotzinapa, el más polémico del sexenio de Enrique Peña Nieto. Por ley, la procuraduría nacional debe crear una comisión de la verdad para esclarecer el tema y conocer qué pasó realmente con los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero. Ahora, la PGR ha declarado que es incapaz de realizar esta labor.
La noticia tuerce el panorama de avances que se esperaban para esclarecer el caso más comentado en México y que más manchó al gobierno de Enrique Peña Nieto. La comisión de la verdad deberá estar formada por los abogados de las familias de los desaparecidos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se ha esforzado por mostrar pruebas de las fallas de la versión oficial, y el ministerio público federal.
La PGR dejó en claro que el tema no avanzará, por lo menos no desde su lado. Según el subprocurador Alberto Elías, “carecen de facultades para emitir un fallo de esta naturaleza y ordenar la creación de dicho organismo”. No se dejó en claro si el problema era totalmente operativo, económico o si detrás hay alguna traba política que permita dar con los verdaderos responsables de la desaparición de los jóvenes.
La Comisión de la verdad deberá ser creada después de que se conociera que la PGR torturó a varios de los detenidos al azar para que declararan que eran culpables y se simulara un avance en un caso que el gobierno mexicano quiere mantener cerrado. Hasta el momento hay 129 personas detenidas y ningún responsable directo sobre el secuestro, la desaparición o el asesinato de los estudiantes.
La PGR asegura que no tienen la capacidad jurídica y material para lograr una comisión que busque avanzar realmente en el caso. En el pasado, la procuraduría intentó minimizar el alcance nacional de esta tragedia. Murillo Karam, quien fuera procurador en esos momentos, no agotó las líneas de investigación necesarias para esclarecer el caso. Incluso salieron a decir que era ilegal la creación de esta comisión.
A cuatro años del suceso, no se sabe realmente que pasó. Las líneas de investigación de la PGR se dirigieron solamente al tema del narcotráfico. Para el gobierno federal, los jóvenes fueron confundidos con narcotraficantes y secuestrados por un bando rival. Bajo esta premisa, cientos de personas fueron detenidas y torturadas para que sus declaraciones se alinearan con la versión oficial.
Aunque desoladoras, estas torturas permitieron que se reabriera uno de los casos más graves de abuso de autoridad en el país. Se sabe que fueron policías municipales los que entregaron a los estudiantes en manos de narcotraficantes. Para los fiscales mexicanos, la resolución de crear esta comisión es inconstitucional, ya que, aseguran, “el Primer Tribunal Colegiado Penal de Tamaulipas carece de facultades para emitir este tipo de resolución”.
