La Asamblea Legislativa de la capital dio 37 millones a empresas fantasma
Una investigación del portal Animal Político reveló que durante 2016, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) entregó contratos por 37 millones de pesos a ocho empresas fantasma por adjudicación directa, las cuales cuentan con domicilios falsos o ya fueron desmanteladas.
Los contratos responden a servicios entregados al órgano legislativo, como la realización de un análisis de la Constitución Política, otro de tipo sociopolítico de la Ciudad de México, inventarios para el almacén, capacitación para los empleados hasta la compra de una cámara de video e incluso un kit de maquillaje.
Las empresas beneficias por la adjudicación directa son: Servicios Publicitarios Graicy S.A. de C.V; Centro de Investigación Socioeconómica Global Hernández y Asociados, S.C; Servicios y Administraciones JRS, S.A. de C.V; Grupo Jimto SA de CV; Comercializadora y Servicios Alaze SA de CV; Rehesa Consultoría S. C; Samp Agencia Publicista y Medios SA de CV y Grupo Oryaze, S. A. de C. V.
Según la publicación, la dirección de cada una de las empresas que aparecen en la plataforma Contratobook fue verificada por el citado medio, el cual encontró que muchas de las instalaciones están ubicadas en lugares abandonados o son casas particulares.
De acuerdo con el portal de noticias, en total la ALDF realizó 27 adjudicaciones directas por montos mayores a 340 mil pesos, lo cual rebasa el tope establecido en el reglamento de adquisiciones para este tipo de contratos.
La Ley de Adquisiciones para la Ciudad de México señala que es legal realizar adjudicaciones directas, siempre y cuando el contrato no rebase los 340 mil pesos, ya que para montos superiores y hasta 5 millones de pesos, es necesario realizar una licitación restringida; mientras que si se trata de una cifra mayor, es preciso realizar una licitación pública, esto con el objetivo de encontrar una empresa que ofrezca las mejores condiciones.
Cabe mencionar que entre los nombres que salieron a relucir fue el de Leonel Luna, quien firmó un “convenio” por 4 millones 988 mil pesos a una empresa que tiene una dirección inexistente, durante su estadía como coordinador de la bancada del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, máximo órgano de dirección en la Asamblea.
Otro escándalo que vincula a Luna con las empresas fantasma es la aprobación de un presupuesto de más de 5 mil millones de pesos del Fideicomiso para la Reconstrucción tras el terremoto del 19 de septiembre, con el objetivo de comprar tabletas electrónicas, juguetes y regalos para Día de las Madres para los gobiernos delegacionales.
A continuación, el recuento de contratos por adjudicación directa para cada una de las compañías:
Servicios Publicitarios Graicy S.A. de C.V
Dedicada lo mismo al análisis político que a la capacitación cinematográfica, esta agencia de publicidad compartió dirección por algún tiempo con otras siete empresas que figuran en la lista de proveedores de la Asamblea Legislativa.
Entre 2016 y 2018, Servicios Publicitarios Graicy obtuvo contratos directos por un total que suma 24 millones 824 mil pesos, lo cual la ubica como la principal beneficiaria de este esquema de contrataciones en la ALDF.
La dirección que registró en los contratos estaba en la delegación Coyoacán, pero desde octubre de 2017 ocupa un modesto espacio en la colonia Xochicuac en Ecatepec, Estado de México.
Centro de Investigación Socioeconómica Global Hernández y Asociados, S.C
En 2016, Leonel Luna firmó un convenio por 4 millones 988 mil pesos con el objetivo de recabar información para la evaluación de las políticas y programas sociales implementados por el Gobierno del Distrito Federal; sin embargo, la dirección de la oficina es una casa particular que se encuentra abandonada.
Vecinos del lugar confirmaron a Animal Político que el inmueble fue abandonado desde hace un año aproximadamente, luego de que al parecer trabajaran en el lugar algunos capturistas.
Servicios y Administraciones JRS, S.A. de C.V
Tras recibir un contrato directo por 4 millones 176 mil pesos para realizar el análisis de la Constitución Política con motivo del centenario de su promulgación, la investigación periodística reveló que su domicilio se ubica en una inmueble habitacional de Coacalco, Estado de México, no cuenta con teléfono, no tiene página de Internet y el único rastro es el contrato con la Asamblea.
Grupo Jimto, S.A. de C.V
Esta empresa fue contratada con el objetivo de realizar el inventario del almacén de la Asamblea Legislativa, para lo cual se le pagaron 2 millones 485 mil pesos. Pese a ello su dirección se encuentra en un edificio abandonado de la colonia Del Valle, el cual tiene el plan de ser demolido, incluso antes del terremoto de septiembre pasado.
Comercializadora y Servicios Alaze SA de CV
Ubicada en una unidad habitacional de Tlalnepantla, la empresa obtuvo un contrato por más de un millón 400 mil pesos por servicios poco especificados para el órgano legislativo. Vecinos del lugar afirmaron que al parecer sólo trabaja una persona en el inmueble.
Rehesa Consultoría S. C.
Tuvo un contrato por 10 millones 149 mil pesos por digitalizar el archivo central de la Asamblea, el cual comenzó en enero de 2017 y culminó el 31 de diciembre de ese año, cobrando 845 mil pesos mensuales por escanear documentos.
Samp Agencia Publicista y Medios SA de CV
Esta firma es la creadora del barómetro sociopolítico que la ALDF pidió generar en 2017, proyecto que tuvo un costo de 6 millones 670 mil pesos que le fueron adjudicados directamente.
Según información de Contratobook, la compañía consiguió en 2016 un contrato por 230 mil pesos del Instituto Mexicano de la Juventud, para impartir cursos a funcionarios públicos.
Grupo Oryaze, S. A. de C. V
Constituida en 2014, esta compañía se dedica a la obra pública, pero no cuenta con una dirección donde guarde herramientas o material ni tampoco con empleados que colaboren de fijo en sus proyectos.
Al ser cuestionados por el equipo de investigación de Animal Político, Jorge Ortega Jandette, representante legal y accionista de la firma argumentó que rentan todo para conseguir un proyecto.
Cabe resaltar que todos los pagos fueron autorizados por Pablo Trejo Pérez, ex tesorero de la Asamblea y quien ahora busca un lugar en el Congreso local en los próximos comicios.
En respuesta, Trejo dejo entrever que no es su obligación verificar las direcciones de las empresas que son proveedoras de la Asamblea, pues la ley no lo obliga. Por tanto, responsabilizó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por validar a esas sociedades al entregarles el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
