Histórico: ordenan abrir un cuartel militar para encontrar a ciudadanos desaparecidos
En un hecho histórico, la administración de Andrés Manuel López Obrador será la primera en enfrentarse a una orden judicial que exige abrir los cuarteles para la búsqueda de víctimas de desaparición forzada. De ser cumplida, esta acción se llevaría a cabo para dar con el paradero de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) que supuestamente fueron víctimas de «desaparición forzada» por parte del Estado Mexicano.
Ordenan a ejército abrir sus cuarteles y buscar a desaparecidos
Esta orden judicial se da en un contexto complicado, en dónde el ejecutivo busca utilizar a los elementos del ejército para conformar un cuerpo de seguridad nuevo, la Guardia Nacional. Con un objetivo de reclutar a finales de 2019 a más de 50 mil elementos del Ejército, Marina y Policía Federal, la Guardia Nacional busca sustituir a estos tres en la lucha contra el crimen organizado y la pacificación del país.
La orden en contra de la institución militar fue girada por la juez María Dolores Núñez Solorio, del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México. El documento fue publicado el pasado jueves 9 de mayo por el Consejo de la Judicatura Federal y podrá ser apelado en un lapso de hasta 10 días. El titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, está obligado a abrir los cuarteles y permitir que los soldados y oficiales del Ejército sean interrogados.
La sentencia del juicio de amparo, contenida en la carpeta 942/2013 menciona que: «El secretario de la Defensa Nacional, por conducto de todos los integrantes del Ejército, deberá prestar las facilidades necesarias al fiscal federal encargado de la integración de la investigación de origen, así como a cualquier autoridad que tenga la encomienda de dar con el paradero de los directos quejosos».
Asimismo, señala y ordena que la Sedena deberá «permitir la entrada a cualquier instalación militar, con las debidas medidas de seguridad, para buscar a Edmundo Reyes Amaya y a Gabriel Alberto Cruz Sánchez, o bien sus restos mortales».
Nadín Reyes Maldonado, hija de Reyes Amaya y coordinadora del Comité Hasta Encontrarlos, espera que el presidente cumpla con sus promesas en campaña referentes a la desaparición forzada. De igual manera, consideró como posible que se conforme una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.
«Esperamos que el presidente cumpla sus promesas de campaña en materia de desaparición forzada»
Héctor Cerezo Contreras, señalado en su momento por el gobierno como uno de los hijos de Cruz Sánchez y que permaneciera encarcelado por ocho años, dijo que el caso no estará sujeto a la voluntad política del presidente. También dijo que de esta manera podrá comprobar ante la opinión pública si es o no su padre.
Cerezo menciona que esta resolución judicial tiene un alcance amplio, pues sienta precedente para el reconocimiento de la desaparición forzada por motivos políticos, así como la participación de las Fuerzas Armadas en esos delitos. «Crea condiciones para que otros familiares de desaparecidos hagan lo mismo y no exijan menos de lo que se está dando en esta resolución».
La desaparición de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz
De acuerdo con la recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron detenidos entre el 24 y 25 de mayo de 2007 en un hotel en el centro de la capital oaxaqueña. Durante el operativo, participaron hasta 70 elementos de las fuerzas de seguridad. El documento indica que se presume que ambos fueron detenidos en dicho operativo y posteriormente trasladados a la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca.
Meses después de la detención de sus militantes, el Ejército Popular Revolucionario realizó ataque en contra de ductos de Petróleos Mexicanos en Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala. Los ductos explotaron durante los atentados. El EPR denunció que el gobierno de Felipe Calderón estaba organizando una campaña de contrainsurgencia en contra del grupo paramilitar.
Días después, el 2 de junio de 2007, el EPR lanzó un comunicado afirmando que sus compañeros fueron secuestrados por la policía. Asimismo, acusaron que militares de la extinta Agencia Federal de Investigación y agentes norteamericanos, torturaron a sus militantes en las oficinas de la Procuraduría General de la República.
Fue a partir de dichas acusaciones en contra del Estado Mexicano, que el Comité Hasta Encontrarlos, emprendió una batalla judicial contra el Estado, en primer lugar, para reconocer la desaparición forzada de los militantes del EPR y posteriormente, para que las autoridades cumplan las sentencias judiciales relacionadas al caso.
Reyes Maldonado recuerda que, en abril de 2014, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, en un recurso de queja contenido en la carpeta 33/2014, ordenó a las autoridades responsables, buscar a los insurgentes en las instalaciones militares, que elementos de la PGR y PGJ de Oaxaca fueran interrogados, así como revisar los expedientes sobre inhumación de cuerpos.
«Sin embargo nunca se cumplió» puntualizó. La activista confía en que la aparente voluntad que el gobierno de Obrador ha expresado por dar con los desaparecidos, rinda sus frutos. De incumplir con la orden, para ella, este gobierno también sería culpable de sus desapariciones, pues representan al Estado Mexicano.
