Abortar en Yucatán es una lucha entre la religión y la ley

En una investigación llevada a cabo por Katia Rejón Márquez y Lilia Balam, se aborda la situación del aborto en Yucatán, con todas sus implicaciones tanto sociales como políticas. En un estado dónde ni la legalidad ni las políticas, han podido ser un contrapeso adecuado para una sociedad conservadora y que ignora la realidad en un tema de suma importancia para un país que lidera los embarazos adolescentes en el ranking de la OCDE.

Situaciones complicadas, opiniones encontradas

Marta es originaria de Temozón, un pueblo en el oriente de Yucatán; a los 31 años fue violada por un hombre de la misma edad. Enferma de esquizofrenia y epilepsia, la mujer intentó suicidarse en dos ocasiones al enterarse que estaba embarazada.

A las seis semanas y media de embarazo, acudió al Hospital O’Horán de la Secretaría de Salud para realizarse un aborto legal. Sin embargo, las autoridades hospitalarias le negaron realizar el procedimiento, pues según, necesitaba la autorización de un juez.

En ese momento recibió el apoyo de GIRE, UNASSE, los Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva y la abogada Amelia Ojeda Sosa. En conjunto, recurrieron a la legislación penal yucateca, a la ley de víctimas y al reglamento de la Ley General de Salud para solicitar a la dependencia que se interrumpa el embarazo. Finalmente, a principios de julio de 2015, Marta pudo realizar su aborto.

Es importante mencionar que la Norma Oficial Mexicana (NOM) número 46, establece la obligación del médico de interrumpir el embarazo de las víctimas de violación si estas así lo desean, o bien, no hacerlo, si la víctima quiere que así sea.

«Si tienes 12 años, puedes ir sin permiso de tus padres, esto tiene infartados a la derecha y a la iglesia, pero si tú quieres puedes continuar el embarazo independientemente de la opinión de tus papás». La activista Adelaida Salas Salazar, entrevistada para la investigación, menciona que esto se debe a que muchas veces son los mismos papás que quieren acabar con el embarazo, pues la violación se dio dentro de la misma familia: «Se dan casos en los que obligan a la niña a interrumpir ya que muchas veces la violación sucede dentro de la familia y no quieren que se sepa».

La activista asegura que la Fiscalía General del Estado de Yucatán, tiene cientos de carpetas de investigación por casos de menores que denuncian una violación, sin embargo, se han enfrentado con una muralla burocrática. Dice que 40 de cada 100 violaciones son denunciadas, precisamente por esta situación.

El Código Penal del Estado de Yucatán, establece en sus Artículos 312 y 315 que la violación y la violación equipara son delitos graves que deben ser perseguidos de oficio por las autoridades ministeriales. Sin embargo, cuando la violación ocurre entre cónyuges y concubinos, solo es posible que se proceda cuando la denuncia es presentada por la afectada o afectado, es decir, por querella.

El ginecólogo y activista en contra del aborto, Víctor Pinto Brito, consideró que se están exagerando las cifras por parte de los grupos proabortistas, pues de acuerdo con las cifras, diariamente se denuncia cuando menos una violación en Yucatán. «No es lo mismo decir una violación por día a un embarazo (…), es una falsedad que utilizan los grupos proabortistas para exagerar las cifras de embarazo por violación».

El ginecólogo basa su argumentación en que la mujer únicamente es fértil algunos días al mes, y según, por el estado de estrés en el que se encuentra el violador, este se vuelve infértil durante ese momento. Asimismo, asegura que una mujer adulta tiene el mismo riesgo en un embarazo que una niña entre 8 y 15 años, según el médico. Pinto Brito, es presidente del Frente Nacional por la Familia en Yucatán, un grupo de ultraderecha en contra del aborto.

Y es que la declaración de Pinto Brito es contraria a los resultados del informe de la Organización Mundial de la Salud «Embarazo en la adolescencia» del 2018 en donde se indica que el riesgo para las madres aumenta si ocurre la procreación prematura. El riesgo aumenta hasta en un 50% en comparación con las mujeres entre los 20 y 29 años en los países en desarrollo. «Cuánto más joven sea la madre, mayor es el riesgo para el bebé asegura el informe». De acuerdo con la OMS, la segunda causa de muerte entre adolescentes entre 15 y 19 años, son complicaciones en el embarazo.

El embarazo adolescente en México y en Yucatán

En el caso de México, el país ocupa el poco honroso primer lugar en embarazos en adolescentes entre los miembros de la OCDE. Por su parte, el estado de Yucatán ocupa el octavo lugar a nivel nacional.

La situación es tal, que, en 2017, nacieron casi 10 mil bebes de madres entre los 10 y 14 años y otros 380 mil 341 en adolescentes entre los 15 y 19 años. Algunas de estas menores fueron víctimas de agresión sexual y violación. Esto es perceptible si se toma en cuenta que el 70% de los padres de los niños en mujeres entre 10 y 14 años embarazadas, tienen entre 18 y 78 años. Lo anterior con base en datos del INEGI presentados en su momento por José Narro Robles, cuando fuere secretario de Salud.

En cifras relacionadas a Yucatán, se ha visto una tendencia a la baja en el número de nacimientos en menores de 15 años desde el 2009. En el 2009 se registraron 389 nacimientos, 610 en 2010, 378 en 2011, 374 en 2012, 592 en 2013, 478 en 2014, 441 en 2015, 378 en 2016, 260 en 2017 y finalmente, 175 en el 2018, la cifra más baja en casi diez años. La mayoría de los casos se concentran en la capital, Mérida, y el resto en las ciudades de Valladolid, Umán, Kantunil, Ticul, Tizimín, Kanasín, Yaxcabá y Progreso. Umán y Kanasín forman parte de la zona metropolitana de Mérida.

Una tendencia similar se ha visto en el caso de las mujeres entre 15 y 19 años. En 2009 se registraron 6 mil 595 nacimientos, en 2010 fueron 7 mil 313, en el 2011 nacieron 7 mil 065, 7 mil 898 en 2013, 8 mil 900 en 2014, 8 mil 633 en 2015, 7 mil 175 en 2016, 5 mil 110 en 2017 y nuevamente la cifra más baja con 3 mil 346 en 2018. Estos se concentraron en los municipios de Mérida, Ticul, Valladolid, Peto, Kanasín y Progreso.

Yucatán ha registrado desde el 2009 hasta el 2018, un total de 2 mil 726 denuncias por violación sexual de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado. Este número es una estimación, pues la cantidad ha variado en las diversas veces que fue consultada por las investigadoras. La investigadora Ligia Vera Gamboa asegura que solo una de cada cuatro violaciones es denunciada.

De acuerdo con la jefa del Departamento de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY), Geny Beatriz Sánchez Fernández, el 100% de las solicitudes de interrupción del embarazo por violación en Yucatán han sido atendidos, en cumplimiento con la NOM 046. Afirma que, en la mayoría de los casos, son personas conocidas o cercanas a la víctima. Asimismo, menciona que no sabe de casos en que el personal médico haya intentado convencer a alguna mujer de no abortar.

Sin embargo, la funcionaria también afirma que muchas veces las mujeres no logran llegar a los servicios de salud, más afirma que no es culpa de la Secretaría de Salud, pues está fuera de su control. Sánchez Fernández afirma que muchas veces esta ausencia se debe al estado de shock en el que están las mujeres, que no quieren ser tocadas, no quieren denunciar, sienten culpa y evitan cualquier contacto con la gente.

Poca información sobre el aborto y poca claridad

Desde la entrada en vigor de la NOM 046, se han registrado un total de 10 casos de aborto en situaciones de violación. La norma entró en vigencia en 2016, sin embargo, no se solicitó ninguna interrupción del embarazo ese año; fue hasta el 2017 que se registraron los primeros cuatro casos, uno de ellos incluso, de una niña de 12 años. En 2018 se registraron otros seis casos y nuevamente, de una menor de 12 años.

Cabe destacar que en 2016 una mujer sí intentó interrumpir su embarazo para abortar por cuestiones de incapacidad económica grave y justificada, sin embargo, no se le fue concedida y el caso terminó ante tribunales.

Amelia Ojeda Sosa, se refirió a dicha situación de la siguiente manera: «que te nieguen el servicio es violentar un derecho que tienes, que la autoridad no cumple con la obligación que tiene de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos».

Las investigadoras intentaron acceder a la información relacionada a las personas que han solicitado el aborto por razones socioeconómicas en Yucatán, sin embargo, las solicitudes de transparencia resultaron en las instituciones contestando que dicha información no existía.

Entre 2007 y 2017, 28 mujeres viajaron a la Ciudad de México desde Yucatán, para recibir el servicio de interrupción legal del embarazo, abreviada como ILE, de acuerdo con información del gobierno de Yucatán. Asimismo, un número indeterminado de mujeres acuden a asesoría para el aborto a través del Misoprostol o para acceder al Fondo María, que da apoyo financiero, emocional y logístico a mujeres fuera de la Ciudad de México y que no cuentan con recursos para realizarse una ILE.

De acuerdo con Ojeda Sosa, muchas veces las mujeres no acceden a los servicios para realizarse las ILE en primer lugar, por desconocer la existencia de leyes que se los permiten. Añadió que, muchas veces los trabajadores del sector salud y funcionarios públicos, ocultan información relacionada a la interrupción del embarazo por no estar de acuerdo con él. «Porque no están de acuerdo con ello, por sus ideas profesionales».

A esta situación se suma la presión de grupos provida que consideran al aborto en cualquiera de sus modalidades, algo negativo y que se debe combatir. Algunas como Mariana Schroeder, llegan al extremo de calificarlo como «abrir la puerta del infierno, a un mundo lleno de violencia y muerte». Ataca a las mujeres que quieren abortar a sus hijos por razones económicos diciendo que si una madre «prefiere comer o matar a su hijo» porque si no «¿cuántos pobres no matarían a sus hijos».

Esto se ha visto reflejado incluso en los centros hospitalarios. GIRE afirma en un reporte, el caso de una mujer de nombre Eugenia que acudió al Hospital O’Horán con 20 semanas de embarazo. La persona que la atendió la regañó y sugirió que se había autoinducido el aborto y la presionó hasta que terminó por aceptarlo. La misma doctora avisó a la Fiscalía y posteriormente fue detenida, forzada a declarar bajo presión, incomunicada y finalmente, tuvo que pagar una fianza de 5 mil pesos para ser liberada.

El riesgo de ser madre

De acuerdo con la OMS, en aquellos países dónde está prohibido el aborto, 1 de cada 4 procedimientos fue seguro, mientras que en países dónde es legal, este número fue de 9 de cada 10. Estas restricciones han forzada a que muchas personas en México decidan realizarse procedimientos inseguros, muchos de estos casos ocurren en abortos espontáneos, es decir, involuntarios, como el caso de Eugenia. Posteriormente pueden encontrarse con acusaciones incluso de homicidio, incrementando el temor a realizarse procedimientos seguros, aun siendo estos legales como en Yucatán.

El último informe de la Secretaría de Salud para la vigilancia epidemiológicas de muertes maternas, indica que el aborto es la tercera causa de fallecimiento (8.7%) en las madres. Sin embargo, esta información no es del todo certera, pues se desconoce a ciencia cierta la cantidad de muertes relacionadas al aborto clandestino. La OMS estima que anualmente mueren 47 mil mujeres por abortos inseguros.

Entre 2007 y 2016, se han presentado 65 denuncias por aborto en Yucatán, de las cuales 13 terminaron en juicios penales de acuerdo con el Poder Judicial del Estado de Yucatán. Las penas van desde 15 días hasta 6 años de prisión y multas de 20 a 300 salarios mínimos. Del total, nueve hombres y ocho mujeres han sido condenados por abortar o colaborar en su ejecución. Entre los implicados se considera a los perpetradores de mujeres embarazados. El problema es que no se considera a las mujeres acusadas de homicidio y no de aborto.

La directora del Centro de Reinserción Social (Cereso) Femenil de Mérida, Anastasia Castillo Tiburcio, asegura que, en los últimos años, únicamente han tenido a dos mujeres acusadas por el delito de aborto. Una de ellas cumplió su sentencia y la otra logró su libertad tras pagar la fianza. Cabe destacar que, bajo esta lógica, ha habido más juicios por aborto que abortos realizados a través de la NOM 046 en Yucatán.

Para puntualizar, es importante mencionar que de acuerdo con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de Yucatán (Conamedy), en 2018, se presentaron 374 asuntos respecto a los servicios de salud. 43 de estas fueron quejas y el 2% correspondieron por servicios de ginecobstetricia y 1% a atención al parto y puerperio. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) señala que entre 2009 y 2018 se han recibido 13 quejas por negligencia médica contra el Centro Materno Infantil y 19 quejas por violencia obstétrica en hospitales públicos del Estado: seis contra el Hospital O’Horán, cuatro contra el Centro Materno Infantil, tres contra la Secretaría de Salud, dos contra el Hospital de Valladolid, y una contra los hospitales de Ticul y Tizimín.