Contratan en Pemex a funcionarios vinculados a la Estafa Maestra

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Uno de los efectos colaterales de la estrategia de comunicación del Gobierno de López Obrador es la focalización en la imagen y los dichos del presidente, al grado que los funcionarios del gabinete presidencial pasan casi inadvertidos ante la opinión pública.

Prueba de ello es la poca información que circula en relación a las asignaciones en puestos importantes en el organigrama del Gobierno federal, la muestra clara es Pemex, donde los funcionarios elegidos por su Consejo de Administración, presidido por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, se han visto envueltos en casos de corrupción.

El 14 de diciembre de 2018, Miguel Ángel Lozada Aguilar fue designado director general de Pemex Exploración y Producción (PEP), según el acuerdo CA-165/2018. Lozada es un ingeniero petrolero con más de 35 años de servicio en Pemex: de 2009 a 2014 fue administrador del Activo Integral Cantarell, a 80 kilómetros de Ciudad del Carmen, Campeche, uno de los yacimientos más grandes del mundo.

En 2017 el nombre de Lozada apareció en la investigación periodística de la Estafa Maestra; en 2012, como administrador de Cantarell y adscrito a la Subdirección de Producción Región Marina Noreste de PEP, autorizó el convenio 422082806 con la Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH), en Cárdenas, Tabasco, para el servicio de asistencia técnica en materia de producción y perforación de pozos para esa Subdirección.

De acuerdo con la auditoría forense 13-4-99063-12-0250, funcionarios de PEP suscribieron nueve convenios con la UPCH y decenas más con otras universidades públicas; estos acuerdos formaron parte de un entramado ilegal en el que la empresa eludió los procesos de las licitaciones públicas y simuló adquisiciones, al tiempo que las instituciones educativas, que no tenían capacidad técnica, material ni humana para prestar servicios, subcontrataron a otras empresas para realizar los trabajos, que en muchos casos no existieron. Ahora Lozada tiene la tarea de desterrar la corrupción de PEP.

Funcionarios con dudosa reputación

A propuesta de Romero Oropeza, el abogado José Samuel Sánchez Reyes fue ratificado por el Consejo de Administración como subdirector jurídico de Operaciones Regionales, pese a que buena parte de la trama de sobornos de Odebrecht coincide con sus años como gerente jurídico de Convenios y Contratos de Pemex, cargo que desempeñó de 2012 a 2015 para más tarde ser gerente jurídico de contratos de Procura y Abastecimiento de Exploración y Extracción, según el currículum que forma parte de su declaración patrimonial en la plataforma Declaranet, de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Sánchez Reyes figura entre los 18 funcionarios investigados por la Unidad Especializada en Análisis Financiero de la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta participación en los contratos entre Pemex y Odebrecht; hecho que se deriva de la investigación contra el exdirector Emilio Lozoya por lavado de dinero y cohecho (carpeta FED/SEIDF/CG-I-CDMX/117/2017).

Entre otros nombramientos hechos a solicitud de Romero Oropeza de personajes sin experiencia pero cercanos a él destaca el de Marcos Manuel Herrería Alamina, su secretario particular cuando aquel fue oficial mayor del gobierno del Distrito Federal durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Ahora fue designado director corporativo de Administración y Servicios de Pemex.

Herrería Alamina –cuñado de Pedro López Obrador, hermano del presidente– también estuvo en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Finanzas capitalina durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera.

Otra ficha del lopezobradorismo que tiene un papel central en la cruzada contra el huachicol, de la que se desprende la estrategia del cierre de ductos, es Javier Emiliano González del Villar, director general de Pemex Logística, subsidiaria encargada de la distribución de combustible en el país.

González del Villar, sobrino del exprocurador capitalino Samuel del Villar, tampoco tiene credenciales en el área energética: es licenciado en derecho y se desempeñó de 2004 a 2015 en funciones de seguridad. Fue director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México de 2004 a 2007, y más tarde, de 2009 a 2011, asesor en tareas de seguridad pública del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard. Al año siguiente fungió como primer fiscal de Extinción de Dominio de la Procuraduría capitalina.

Habló el presidente

Cuestionado por las controversiales contrataciones, el presidente López Obrador respondió: “Si estuvieran involucrados en actos de corrupción o están denunciados por delitos no pueden trabajar en este gobierno” .

“Si los contrataron hicieron mal, en el caso de que estén involucrados en el delito de la llamada Estafa Maestra”.

El tabasqueño indicó que debe haber una investigación abierta en la Fiscalía sobre los involucrados en los desvíos de recursos. “Hay que pedirle información al fiscal y si no se está haciendo nada, seguirlo denunciado”.

Dijo que pediría al titular de Pemex, Octavio Romero, que le informe quiénes son esos funcionarios. “Yo mañana mismo le informo a toda la gente sobre este asunto. Pero sí les adelanto, si están involucrados en actos de corrupción no tienen trabajo en el gobierno”, sentenció.