Crecen en el ultimo lustro los asesinatos contra indígenas ambientalistas
En los últimos 5 años, ambientalistas de la Sierra Tarahumara, han perdido al menos a 10 compañeros activistas que fueron asesinados por su lucha en defensa de los bosques y ecosistemas.
Aunado a esto, Isela González, directora de la Alianza Sierra Madre, ha sido también víctima de amenazas de muerte, las cuales ha afirmado que sin importar cuál sea el contexto, deben tomarse en serio, ya que la violencia en contra de ambientalistas ha crecido en los últimos años.
Algunos activistas de la Sierra Tarahumara, como Socorro Ayala Ramos e Isidoro Baldenegro forman parte de los 10 ambientalistas que han sido asesinados en los últimos años en México, y parte de los 207 a nivel mundial.
De acuerdo con el informe ¿A qué Precio?, publicado por Global Witness, países como Brasil, Filipinas, Colombia y México, figuran entre los lugares donde los activistas han sido víctimas de amenazas y de la violencia, siendo Latinoamérica la región geográfica que alberga el 60% de las víctimas en todo el mundo.
EXPOSED: the massive rise in killings of #EnvironmentDefenders linked to consumer products – including brutal attacks on those defending their land from large-scale agriculture like palm oil and coffee plantations. #AtWhatCost https://t.co/yZwrln7Oos pic.twitter.com/T350vwIyY9
— Global Witness (@Global_Witness) July 24, 2018
En la república mexicana del 2015 al 2016 solamente se tenía el reporte de tres ambientalistas de la Sierra Tarahumara que habían sido agredidos, sin embargo, al 2018 ya suman 15 los homicidios.
Actos de violencia que se han vuelto cada vez más recurrentes, debido a que los activistas luchan por su territorio que se encuentra ubicado cerca de la frontera con Estados Unidos, y forman parte del llamado “Triángulo Dorado”, una región que esta dividida entre los estados de Chihuahua, Sinaloa y Durango, donde se sabe que existen cultivos y se realiza el trasiego de marihuana y amapola.
Una situación que en los últimos años ha expuesto a los defensores de la Sierra Tarahumara, en un contexto de inseguridad y violencia, según Isela González, este clima es por la guerra contra el narcotráfico.
“Ese contexto de delincuencia organizada con grupos armados que defienden sus intereses en la estúpida guerra al narcotráfico es en el que se hace la defensa del territorio contra caciques y empresarios madereros y la corrupción gubernamental.”
Asimismo, la directora de la Alianza Sierra Madre asevera que quienes ha decidido convertirse en defensores de los bosques y ecosistemas son en su mayoría indígenas que buscan conservar sus tierras, pero se tienen que enfrentar a grupos criminales y a las empresas.
De igual forma, González advierte que el crecimiento del crimen organizado, ha hecho que los intereses de estos grupos sean cada vez mayores, por lo que se crea un conflicto por las tierras y se amenazan y atacan a los activistas.
Aunado a los grupos del crimen organizado, el informe detalla que los ambientalistas deben hacer también frente a los caciques de la zona: “Hemos visto que la línea entre sicarios y crimen organizado y los caciques es muy delgada, casi no se acaba de distinguir.”
Killings of land and #EnvironmentDefenders rose in 2017 as Mexico and the Philippines registered worrying increases in such murders and Brazil saw the most ever registered in a single country. Great piece in @AP today on our new report #AtWhatCost https://t.co/S2TfqalFuN
— Global Witness (@Global_Witness) July 25, 2018
Para enfrentarse a este problema el informe de Global Witness asevera que es necesario implementar acciones de prevención que garanticen que las evaluaciones de impacto social, ambiental y de derechos humanos se lleven a cabo ante los permisos y concesiones para proyectos de desarrollo.
Además es fundamental realizar las investigaciones sobre los crímenes cometidos en contra de los ambientalistas. Aunado a esto, el informe constata que a pesar de que México cuenta con leyes y mecanismos para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, en la praxis estos mecanismos no funcionan.
“Las razones de este enorme avance en México son el crimen organizado, la impunidad, la falta de protección por parte del Gobierno y la falta de decisión que las comunidades tienen sobre la gestión de sus recursos”.
Sim embargo, ante la entrada de un nuevo gobierno en México, el informe detalla ver una nueva oportunidad de que la agenda relacionada con empresas y derechos humanos pase a formar parte de la política nacional.
Finalmente, Isela González, directora de Alianza Sierra Madre, advierte que si la nueva administración sigue dando concesiones a mineras en territorios indígenas, la situación seguirá siendo la misma.
Con información de la plataforma México.