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Presunta corrupción en Sedena desata juicio en Alemania por venta ilegal de fusiles

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Sedena

Irregularidades dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han desatado un juicio al sur de Alemania, en Stuttgart, contra seis directivos de “la compañía más mortífera del mundo”: Heckler & Koch, por la venta e introducción de fusiles de manera ilegal a la república mexicana.

La acusación que ha formulado el fiscal Karlheinz Erkert sostiene que los seis acusados: una secretaría, el jefe de ventas, dos técnicos, y dos ex gerentes generales vendieron entre 2006 y 2009 cerca de 5000 fusiles, ametralladoras y municiones por un valor de 4.1 millones de euros a zonas mexicanas con problemas de violencia, y en donde esta prohibida su introducción.

Los acusados sostienen su inocencia y argumentan que las armas fueron vendidas de forma legítima a la república mexicana, y que fueron las autoridades castrenses quienes torcieron los destinos de los fusiles.

Heckler & Koch, la compañía fabricante de armas chicas más importante de Europa, y una de las más viejas, es investigada desde el 2010 por introducir armamento a México en zonas que están prohibidas. Y es que el marco de regulación de compra venta, mandata en las leyes alemanas que el armamento vendido no puede ingresar a destinos en donde se hayan violado los derechos humanos.

La prohibición toca específicamente a los estados de Guerrero, Jalisco, Chiapas y Chihuahua, sin embargo, tras las investigaciones después de la protesta en donde dos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa fueron asesinados, y sobre todo después de la desaparición de los 43, las investigaciones revelaron que algunos de estos rifles alemanes tenían presencia en Guerrero, y habían sido utilizados, al menos tres de ellos, la noche de la desaparición de los estudiantes.

De acuerdo a lo que relata la periodista Eugenia María Luttmann, en entrevista con Aristegui, en Alemania se levantaron las alarmas cuando recibieron una petición por refacciones para los fusiles G36-V, G36-KV y G36-CI (que pueden percutir más de 800 municiones en un minuto), desde estados mexicanos en donde estaba prohibida su presencia.

De acuerdo a lo que reporta La Silla Rota, las facturas de la Sedena prueban que, entre 2005 y 2011, Guerrero, Jalisco, Chiapas y Chihuahua pagaron a la Sedena en conjunto 98.1 millones de pesos por 5000 fusiles de los modelos antes dichos.

Después de lo ocurrido en Iguala, muchas de esas armas fueron confiscadas, y no se retiraron por completo del estado sino hasta un año después. La interrogante principal es cómo pudieron ingresar dichas armas a estos estados, cuando en el contrato de compra venta de armas entre H&K y Sedena media un documento que indica el destino final de las armas.

De acuerdo a una declaración anónima, esas armas pudieron ingresar gracias al General, ahora en retiro, Humberto Alfonso Guillermo Aguilar, que en ese entonces se desempañaba como el titular de la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones de la Sedena.

Este informante anónimo sostiene que el general recibió un soborno de 25 dólares por cada fusil y 20 por cada arma corta que llegaron a estos cuatro estados. Este testigo sería un antiguo trabajador de H&K, y se habría enterado de los sobornos gracias al testimonio de Markus-Joachim Ban­tle, representante de H&K en nuestro país, y uno de los principales acusados en Stuttgart.

Este testigo habría sido el responsable de entrenar a los mexicanos en el manejo de las armas recibidas; habría sido enviado a nuestro país con esa misión, pero, alrededor de 2008, desertó de la misma y se refugió en la clandestinidad, toda vez que observó las irregularidades que mediaban entre los responsables de jalar el gatillo, sus altos mandos, y aquellos quienes suministraban las armas.

Este testigo ha servido también de principal fuente de información del periodista y activista alemán Jürgen Grässlin, que puso el caso en la mira desde 2010, cuando demandó a la compañía.

El juicio continuará hasta octubre, y aunque todavía no se sabe si el testimonio del anónimo será usado para el veredicto, pues el fiscal se negó a utilizarlo en la corte, Eugenia María Luttmann dejó claro en entrevista con Aristegui que “existen pruebas fehacientes de que el soborno se llevó a cabo”. Esas pruebas serían las facturas de H&K.

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